El Gobierno de Javier Milei presentó un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte de US$350.000 al Tesoro Nacional, sin tener que cumplir los dos años de residencia exigidos por la vía tradicional. El anuncio generó cuestionamientos constitucionales y proyectos legislativos para impedir que la nacionalidad se otorgue a cambio de dinero.
La iniciativa, llamada Programa de Ciudadanía por Inversión, fue anunciada oficialmente el 2 de octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante Argentina Week en París. Según el Ejecutivo, comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026, aunque no comunicó una fecha exacta de apertura.
Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía argentina por inversión
El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal: entregar US$350.000 como aporte directo y no reembolsable al Tesoro o suscribir un título público especial por US$800.000. No se exige, en estas modalidades anunciadas, adquirir un inmueble ni poner en marcha un emprendimiento productivo.
También se prevén importes para familiares. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitarla con un aporte de US$100.000 cada uno. Para los menores de 18 años, el monto será de US$25.000. Así, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podrá presentar solicitudes por un total de US$500.000.
El pago no implica obtener automáticamente la ciudadanía. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá revisar la identidad, los antecedentes penales, la situación patrimonial y la procedencia del dinero. En la evaluación intervendrán organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones.
Por qué el plan de ciudadanía de Milei enfrenta cuestionamientos
La controversia se concentra en si el Poder Ejecutivo puede modificar mediante un decreto las condiciones para naturalizar a una persona. El régimen se apoya en el DNU 366/2025, que incorporó la posibilidad de acceder a la ciudadanía por una inversión considerada relevante, y en el Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostiene que la Constitución, en su artículo 20, establece la residencia de dos años como regla y que el acceso a la nacionalidad no debería depender del patrimonio del solicitante. El Gobierno, por su parte, sostiene que el programa permitirá atraer capitales y fortalecer los recursos fiscales, con controles para prevenir el lavado de activos.
El DNU ya recibió dos pronunciamientos judiciales adversos en junio de 2026. Sin embargo, esos fallos surgieron de trámites de naturalización ordinaria y no resolvieron específicamente una solicitud de ciudadanía por inversión. Por lo tanto, no corresponde afirmar que el programa completo haya sido anulado de manera definitiva.
La oposición presentó proyectos para frenar la medida
En la Cámara de Diputados, Agustín Rossi y Kelly Olmos, de Unión por la Patria, presentaron el 2 de octubre el proyecto 5254-D-2026 para prohibir que se otorgue la ciudadanía argentina a cambio de aportes, inversiones o la compra de títulos. La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
Mientras se desarrolla la discusión legislativa y judicial, el Gobierno mantiene previsto habilitar las solicitudes durante los últimos meses de 2026. Quedan pendientes la fecha precisa de inicio y las condiciones operativas del trámite.
