Raúl Alí utilizó la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante de Tres Arroyos para poner sobre la mesa una serie de preguntas sobre la relación económica entre el Municipio y las cooperativas eléctricas: cuánto dinero recaudan por conceptos municipales, cuánto debe pagar la Municipalidad por los servicios que recibe, cómo se compensan esas cuentas y quién verifica que los números sean correctos.
Durante su exposición del jueves 3 de septiembre, Alí sostuvo que el punto que pretende discutir no es el funcionamiento general de las cooperativas, sino específicamente el control municipal sobre una relación en la que circulan fondos en ambas direcciones.
“¿Cuánto es lo que efectivamente se recauda por estos conceptos? ¿Cuánto es lo recaudado mensualmente por alumbrado público y lo efectivamente gastado en el mismo concepto?”, preguntó ante los concejales.
CELTA cobra conceptos que corresponden al Municipio
Alí explicó que las cooperativas eléctricas actúan como agentes de percepción de determinados conceptos municipales incluidos en las facturas de electricidad.
Entre ellos mencionó la contribución vinculada a la venta de energía y la tasa de alumbrado público, que aparece discriminada en la factura de los usuarios.
Según explicó, el mecanismo permite que el Municipio tenga un elevado nivel de cobrabilidad, ya que esos importes son percibidos junto con la factura eléctrica.
Pero al mismo tiempo ocurre el movimiento inverso: la Municipalidad también es cliente de las cooperativas y debe pagarles el consumo eléctrico de sus dependencias y el servicio correspondiente al alumbrado público.
Es justamente en ese cruce donde Alí concentró buena parte de sus preguntas.
Cuánto entra, cuánto sale y cómo se compensan las cuentas
El planteo puede resumirse en una cuenta aparentemente sencilla: por un lado, las cooperativas recaudan dinero que corresponde al Municipio; por otro, el Municipio debe pagarles por los servicios eléctricos que recibe.
Alí señaló que debería existir periódicamente una compensación entre ambas partes.
Su pregunta fue qué sucede concretamente con esa conciliación: cuánto recaudó cada cooperativa, cuánto debía pagar la Municipalidad, cuál fue el saldo resultante y quién controla que ese intercambio económico se haya realizado correctamente.
“¿Quién controla hoy esta compensación?”, planteó.
Alí reconoció durante la exposición que desconoce los valores concretos y la periodicidad con la que actualmente se realizan esas conciliaciones. Precisamente por eso pidió que la información pueda conocerse.
También utilizó un ejemplo para plantear otra pregunta: cuánto recauda el Municipio por la tasa de alumbrado público en comparación con lo que efectivamente cuesta prestar ese servicio.
“Si el alumbrado público vale 100 millones por mes, no nos pueden cobrar 105”, ejemplificó, al sostener que debe existir una relación entre lo recaudado mediante una tasa y el servicio que la origina.
La pregunta sobre un posible doble cobro del alumbrado
Otro de los puntos que Alí dejó planteados fue si parte del alumbrado público podría estar siendo cobrada por dos vías diferentes.
Para ejemplificarlo mostró sus propias liquidaciones de agosto: señaló que en su factura eléctrica aparecieron discriminados $6.815 correspondientes a alumbrado público, mientras que además abonó $29.545,20 al Municipio bajo el concepto general de Servicios Urbanos, que comprende distintos servicios.
“¿Eso es doble pago? Yo dejo la pregunta”, expresó.
Alí sostuvo que interpreta que podría existir una superposición, aunque no presentó documentación que permita establecer que efectivamente se esté cobrando dos veces el mismo servicio.
Por eso, en este punto su exposición dejó planteada una duda que requiere conocer cómo se compone concretamente la tasa municipal y qué parte corresponde a cada prestación.
“Yo no digo que las cooperativas no estén controladas”
Alí también hizo una diferenciación importante.
Reconoció que las cooperativas cuentan con organismos provinciales que controlan distintos aspectos de su funcionamiento y de la prestación del servicio eléctrico.
“Yo no digo que no estén controladas”, aclaró.
Su planteo apunta a otra instancia: el vínculo particular entre las cooperativas y el Municipio de Tres Arroyos.
Según sostuvo, cuestiones como los contratos de concesión, sus renovaciones, los fondos municipales recaudados por las cooperativas y las compensaciones económicas involucran directamente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante.
Por eso consideró que debería existir una fiscalización municipal adicional sobre esa relación.
Una discusión que Alí ya había planteado en 2013
El propio Alí recordó que no es la primera vez que lleva esta discusión al ámbito político.
“Esto que estoy diciendo hoy lo dije en el año 2013”, señaló, y recordó que entonces ocupaba una banca como concejal y ya había planteado la necesidad de incrementar los controles.
Según expresó, aquella iniciativa no obtuvo respuesta.
Trece años después volvió sobre la misma cuestión, aunque esta vez centró su propuesta en la incorporación de fiscalizadores o veedores municipales dentro de los mecanismos de control vinculados a las cooperativas que prestan servicios públicos.
La propuesta: dos fiscalizadores designados por el Ejecutivo
Alí propuso que el Concejo avance con una ordenanza que permita incorporar dos representantes destinados a fiscalizar determinados aspectos vinculados con las concesiones y la relación con el Municipio.
Tomó como referencia experiencias de otros municipios y planteó que no sean concejales ni funcionarios municipales, aunque su designación corresponda al Departamento Ejecutivo y uno de ellos deba contar con aprobación del Concejo Deliberante.
Según explicó, su propuesta no pretende modificar los estatutos de las cooperativas ni intervenir en su administración interna.
“Acá nadie tiene que cambiar estatuto, nadie tiene que cambiar nada”, afirmó.
El objetivo, sostuvo, sería sumar una instancia de control sobre una relación económica y contractual en la que el Municipio tiene además la condición de poder concedente.
Una pregunta que quedó abierta en el Concejo
Más allá de la propuesta concreta de incorporar veedores, la intervención de Alí dejó planteadas preguntas que pueden ser respondidas con números.
¿Cuánto recauda CELTA por cuenta del Municipio? ¿Cuánto recauda por alumbrado público? ¿Cuánto le factura al Municipio por ese servicio y por el consumo eléctrico de sus dependencias? ¿Cómo se compensan esos montos? ¿Cuál es el saldo? ¿Y quién verifica actualmente toda esa operación?
Ese fue, finalmente, el núcleo de la Banca Ciudadana: establecer qué mecanismos de control existen hoy sobre el movimiento económico entre las cooperativas eléctricas y la Municipalidad y si esa información puede ser conocida con claridad.
Seguí ElTresArroyense para conocer qué muestran los números detrás de la relación entre CELTA y el Municipio.
