Un día después de que CELTA reconociera públicamente una fuerte reestructuración interna, desvinculaciones de personal jerárquico y posibles derivaciones legales, nueve concejales salieron a pedir información sobre la situación financiera de la Cooperativa.
El pedido es válido y puede aportar datos que hoy todavía no se conocen. Pero la cronología abre una pregunta inevitable: ¿por qué esas preguntas aparecen recién ahora, cuando el problema ya tomó estado público?
Durante los últimos dos años, CELTA pasó varias veces por el Concejo Deliberante. Recibió cesiones y comodatos de terrenos, avanzó con ampliaciones y consiguió la prórroga de su contrato de concesión. Sin embargo, en los registros públicos revisados por ElTresArroyense no aparecen durante ese período requerimientos comparables para conocer en detalle sus deudas, compromisos exigibles o situación económico-financiera.
Ahora, después del sacudón, esas preguntas llegaron todas juntas.
El propio pedido reconoce que surgió después de que el tema se hizo público
Las notas fueron presentadas este miércoles 26 de agosto ante el presidente de CELTA, Rubén Prado, y ante el intendente Pablo Garate.
Los firmantes solicitan conocer el estado contable de la Cooperativa, sus deudas consolidadas y compromisos exigibles, explicaciones sobre movimientos y reestructuraciones internas y precisiones respecto de posibles acciones judiciales que pudieran afectar a los asociados.
Pero el propio texto deja expuesto el momento en que aparece la preocupación. Los concejales explican que actúan ante las “diferentes versiones de los acontecimientos públicos” que tomaron trascendencia en los medios locales.
Es decir: el pedido de explicaciones no antecedió al conflicto. Llegó después.
CELTA había comunicado un día antes que inició una revisión de su estructura interna y de distintos esquemas de contratación, confirmó cambios en áreas administrativas y legales y admitió que algunas situaciones podrían tener derivaciones judiciales.
Recién entonces llegaron las preguntas políticas sobre sus cuentas.
Terrenos, comodatos y una concesión de largo plazo
La relación entre CELTA y el Concejo no comenzó esta semana.
En marzo de 2024, el cuerpo aprobó por unanimidad la cesión de un lote en Cascallares solicitado por la Cooperativa para ampliar servicios eléctricos y de telecomunicaciones.
En marzo de 2025 volvió a aprobarse la cesión de un predio en Claromecó para ampliar los servicios de conectividad de CELTA.
Ese mismo mes, el Concejo autorizó la prórroga del contrato de concesión municipal para la distribución de energía eléctrica, una extensión que ElTresArroyense informó entonces por un plazo de 30 años.
Y en abril de 2026 se aprobó otro comodato de un predio en Claromecó destinado nuevamente a la extensión de servicios de conectividad.
Son decisiones de peso. No se trata de trámites menores: involucran bienes públicos y una concesión sobre un servicio esencial para miles de vecinos.
Sin embargo, en todo ese recorrido no encontramos antecedentes públicos de un planteo financiero de la magnitud del que aparece ahora.
La pregunta, entonces, no es si está bien solicitar la información. La pregunta es por qué hubo que esperar a que CELTA anunciara una reestructuración y el tema explotara públicamente para que parte del arco político decidiera mirar sus números con ese nivel de profundidad.
No fue “la oposición”: fueron nueve concejales de cuatro espacios
Hay además otra precisión necesaria frente a la forma en que fue presentada la noticia inicialmente: no fue toda la oposición del Concejo Deliberante.
Las notas llevan las firmas de integrantes del Movimiento Vecinal, La Libertad Avanza, Coalición Cívica y Nuevos Aires.
Firmaron Ignacio Schena, Omar Bartneche y Eduardo Giordano por La Libertad Avanza; Patricio Roché, Mariano Hernández, Roxana Calvo y María Olga Saavedra por el Movimiento Vecinal; Cecilia Del Águila por la Coalición Cívica y Carlos Ávila por Nuevos Aires.
No aparecen las firmas de Vanesa Piacquadío, del monobloque Integridad Distrito Tres Arroyos, ni de Gustavo Moller, de Unión y Libertad.
En el caso de Piacquadío, la explicación fue contundente: aseguró públicamente que no fue convocada ni invitada a participar de la iniciativa y afirmó que, de haber sido informada, habría acompañado el pedido con su firma.
Incluso señaló que ese mismo día compartió una reunión de comisión con otros concejales sin que nadie le mencionara la iniciativa y cuestionó que algunos ediles estuvieran actuando con lógica electoral.
No es la primera vez en pocos meses que Piacquadío denuncia quedar al margen de una decisión política que la involucra. En mayo, cuando fue apartada del bloque de La Libertad Avanza, afirmó haberse enterado de su expulsión a través de los medios de comunicación.
El caso Moller tiene una diferencia importante
La ausencia de Gustavo Moller merece una lectura diferente.
Moller tampoco firmó las notas presentadas ahora y hasta el momento no se informó públicamente el motivo. Sin embargo, existe un antecedente que impide colocarlo en la misma bolsa que al resto: cuando se trató la prórroga de la concesión de CELTA en marzo de 2025, fue quien votó en contra y realizó cuestionamientos sobre las condiciones del acuerdo.
Por eso, aunque hoy no integra el grupo firmante, su posición histórica frente a CELTA tuvo diferencias concretas respecto de buena parte del cuerpo.
Controlar después de que estalla el problema
Los pedidos actuales pueden servir para obtener información que todavía no es pública. Saber cuáles son las deudas de CELTA, sus compromisos y el alcance de eventuales conflictos judiciales es de interés para toda la comunidad.
Pero eso no borra la cronología.
Durante dos años el Concejo tuvo sobre su mesa decisiones directamente vinculadas con CELTA. Autorizó terrenos, comodatos y una extensión de la concesión. La Cooperativa incluso presenta regularmente balances y memorias ante sus delegados.
Sin embargo, las preguntas profundas sobre su situación financiera aparecieron después de que la propia entidad admitiera públicamente una reestructuración.
El control legislativo no debería comenzar cuando el problema ya se convirtió en noticia. Una de sus funciones es justamente preguntar antes, revisar antes y exigir información antes de que una situación llegue al punto de alarma pública.
Ahora habrá que esperar las respuestas de CELTA y del intendente. Pero también queda una pregunta para quienes hoy reclaman transparencia con urgencia: si esta información era tan indispensable para llevar tranquilidad a la comunidad, ¿por qué no la pidieron antes?
¿Y vos qué opinás?
¿El Concejo debería haber exigido antes información sobre la situación financiera de CELTA? ¿Creés que los pedidos actuales llegan a tiempo o aparecen recién después de que el problema se hizo público?
Existe una relación muy estrecha entre el poder ejecutivo municipalidad y la Celta. No debemos olvidar que el concejal que oportunamente encabezó la lista del partido gobernante ocupa PARALELAMENTE un alto cargo ejecutivo en la cooperativa.
Existe una relación muy estrecha entre el poder ejecutivo municipalidad y la Celta. No debemos olvidar que el concejal que oportunamente encabezó la lista del partido gobernante ocupa PARALELAMENTE un alto cargo ejecutivo en la cooperativa.