El Consejo Escolar de Tres Arroyos anunció que recurrirá a la Justicia contra quienes considera responsables de haber difundido información falsa o difamatoria a partir de las sanciones atribuidas al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión llega después de que el caso comenzara a circular con fuerza en redes sociales, incluso con publicaciones que hablaron directamente de un supuesto robo de más de $21 millones.
Sin embargo, hay una diferencia central que hasta ahora quedó relegada en buena parte de la discusión: el Fallo 468/2026 todavía no pudo ser localizado por ElTresArroyense entre las resoluciones publicadas oficialmente por el Tribunal de Cuentas.
Por esa razón, los detalles conocidos hasta el momento deben ser atribuidos a la información difundida por medios que aseguran haber tenido acceso al documento, y no a una copia oficial que pueda ser consultada y contrastada públicamente.
Qué se conoce hasta ahora sobre los $21 millones
Según la información difundida, el Tribunal de Cuentas habría analizado la rendición correspondiente al ejercicio 2024 del Consejo Escolar de Tres Arroyos y formulado distintas observaciones vinculadas principalmente con contrataciones del Servicio Alimentario Escolar.
Uno de los puntos centrales sería la falta de documentación suficiente para acreditar entregas de mercadería por $15.206.976.
La observación estaría relacionada con la ausencia de remitos debidamente intervenidos que permitieran demostrar documentalmente que los alimentos facturados y pagados fueron efectivamente recibidos en los establecimientos educativos.
A partir de esa situación, el organismo habría desaprobado esos egresos y formulado un cargo solidario de $21.657.769,96, intereses incluidos, contra Gabriela García, presidenta del Consejo Escolar durante el período auditado, y Cristian Lagrecca, entonces tesorero.
Esto es importante: un cargo del Tribunal de Cuentas por falta de acreditación documental no equivale, por sí mismo, a una sentencia que determine que ese dinero fue robado.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, lo observado sería precisamente que no pudo comprobarse documentalmente la recepción de determinada mercadería.
También se informaron multas e irregularidades administrativas
La información difundida señala además multas de $450.000 para García y Lagrecca, mientras que Lucas Britez, Sol Urquiaga y Victoria Vázquez habrían recibido sanciones de $300.000 cada uno.
También se mencionan observaciones sobre la utilización de una contratación directa por urgencia cuando, debido al monto involucrado, habría correspondido otro procedimiento de contratación.
Entre los cuestionamientos aparecen además la falta de determinados actos administrativos y observaciones relacionadas con modalidades de pago.
Son señalamientos relevantes y deben ser explicados. Pero tampoco permiten transformar automáticamente una irregularidad administrativa o una falta de documentación en una acusación penal por robo.
El Consejo Escolar anuncia acciones judiciales
En medio de la escalada política y de las publicaciones realizadas en redes sociales, los consejeros escolares anunciaron ahora que acudirán a la Justicia frente a lo que consideran intentos de difamación.
La discusión también llegó al Concejo Deliberante. La concejal Cecilia Del Águila, de la Coalición Cívica, solicitó una reunión extraordinaria para que García y Lagrecca brinden explicaciones sobre las observaciones atribuidas al Tribunal de Cuentas.
El pedido puede abrir una instancia institucional para conocer la versión de quienes estuvieron a cargo del organismo durante el período auditado y precisar qué documentación fue presentada, cuál fue objetada y qué posibilidades de revisión o apelación permanecen abiertas.
Una ausencia clave: el documento oficial
ElTresArroyense buscó el Fallo 468/2026 en los canales públicos del Honorable Tribunal de Cuentas y al momento de esta publicación el texto completo no se encuentra disponible para su consulta pública.
Esto impide verificar de manera independiente cada considerando, descargo, artículo y alcance de las sanciones que se están mencionando.
Por eso, existen dos extremos que por ahora deben evitarse: minimizar las observaciones atribuidas al organismo de control y, en sentido contrario, afirmar que el Tribunal comprobó un robo de $21 millones cuando el documento oficial todavía no puede ser consultado públicamente.
Cuando el fallo sea publicado, será posible determinar exactamente qué resolvió el Tribunal, por qué aplicó cada sanción y qué dice —y qué no dice— sobre los $21 millones que hoy dominan la discusión política de Tres Arroyos.
Seguí a ElTresArroyense para acceder al análisis completo del fallo apenas sea publicado oficialmente.
