Mientras el Gobierno nacional impulsa para 2027 cambios y un ajuste en distintas políticas destinadas a personas con discapacidad, la Justicia avanzó sobre uno de los mayores escándalos que atravesó esa misma área: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otras 18 personas en la causa que investiga presuntas coimas, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El contraste se produce en momentos en que el proyecto de Presupuesto 2027 plantea modificaciones sobre prestaciones, pensiones y financiamiento. Entre los puntos señalados por especialistas aparece una caída real proyectada del 13,9% para el programa Incluir Salud respecto de 2026.
Al mismo tiempo, nuevos informes remitidos a la Justicia revelaron que durante la gestión investigada se habrían realizado compras de insumos médicos y ortopédicos con diferencias de precios que, en determinados casos, llegaron a multiplicar por 20 los valores utilizados como referencia por PAMI.
El Presupuesto 2027 vuelve a poner a Discapacidad bajo discusión
El proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo todavía debe atravesar el debate parlamentario y puede sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.
En materia de discapacidad incluye cambios sobre el esquema de prestaciones y pensiones y sobre el mecanismo de actualización de aranceles.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es Incluir Salud, el programa que brinda cobertura sanitaria a beneficiarios de pensiones no contributivas y financia medicamentos, insumos, prestaciones básicas y tratamientos de alto costo.
De acuerdo con análisis realizados sobre las partidas incluidas en el proyecto, el programa tendría en 2027 una reducción real del 13,9% respecto de 2026.
El Gobierno, por su parte, sostiene que su política apunta a ordenar el sistema, garantizar las prestaciones y mejorar los controles sobre los recursos destinados al sector.
En paralelo, la Justicia confirmó 19 procesamientos por ANDIS
Mientras se discute cuánto dinero recibirá el área durante el próximo año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo y de otras 18 personas.
La investigación busca determinar si dentro del organismo funcionó una estructura destinada a beneficiar irregularmente a determinados proveedores mediante contrataciones públicas.
Los camaristas consideraron que los elementos reunidos permiten avanzar sobre una hipótesis que incluye incorporación irregular de proveedores, selección arbitraria de empresas, simulación de competencia y mayores costos pagados por el Estado.
Spagnuolo quedó procesado como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada, además de otros delitos vinculados con su función pública.
También fueron alcanzados exfuncionarios del organismo y empresarios relacionados con las contrataciones.
Los procesamientos no implican condenas y las responsabilidades definitivas deberán determinarse durante el avance de la causa.
Informes detectaron compras hasta 20 veces más caras
En los últimos días también se conocieron detalles de informes elaborados durante la intervención del organismo y remitidos a la Justicia.
Los relevamientos describieron presuntos “sobreprecios sistemáticos” en compras realizadas durante la gestión investigada.
En algunos expedientes, los valores pagados por ANDIS llegaron a equivaler hasta 20 veces lo abonado por PAMI por productos utilizados como referencia para la comparación.
Uno de los casos analizados corresponde a una endoprótesis facturada por aproximadamente $369,8 millones, frente a una adquisición comparable de PAMI por cerca de $17,85 millones.
También aparecieron diferencias superiores al 1.900% en determinados productos, documentación sobre elementos distintos de los adjudicados y casos en los que lo registrado administrativamente no coincidía con la entrega efectiva.
Los informes forman parte de la prueba que deberá ser evaluada judicialmente y algunas de las empresas y personas investigadas rechazaron las acusaciones y cuestionaron las comparaciones utilizadas.
Más de $158.000 millones que no coincidían en los registros
A ese cuadro se suma una auditoría oficial realizada sobre la exANDIS que encontró una diferencia de $158.717 millones entre distintos registros internos sobre deuda exigible.
La cifra no significa que se hayan comprobado $158.717 millones robados o desviados.
Lo que determinaron los auditores fue que dos áreas del mismo organismo informaban montos distintos sobre las obligaciones pendientes de pago y que parte de esas deudas no había atravesado los circuitos habituales de control.
La situación también quedó bajo análisis judicial.
Ajuste, controles y una causa que sigue creciendo
El área de discapacidad quedó así atravesada simultáneamente por dos discusiones distintas pero relacionadas con el uso de los recursos públicos.
Por un lado, el Gobierno propone cambios para 2027 y sostiene que busca hacer sustentable el sistema, ordenar las pensiones y mejorar los controles. Por otro, la Justicia investiga cómo se administraron fondos públicos durante la gestión anterior de ANDIS y ya confirmó 19 procesamientos.
El proyecto de Presupuesto todavía puede ser modificado en el Congreso y la causa penal tampoco llegó a una instancia de condenas definitivas.
Sin embargo, ambos procesos colocaron nuevamente en el centro del debate una misma pregunta: cómo se administran y qué destino tienen los recursos públicos destinados a las personas con discapacidad.
Seguí ElTresArroyense para conocer cómo continúa la causa ANDIS y qué cambios finalmente aprueba el Congreso para Discapacidad en el Presupuesto 2027.
