En resumen, si andás corto de tiempo
La Libertad Avanza cuestionó en Tres Arroyos las demoras con proveedores, la infraestructura, los servicios y la estructura municipal. Pero varios de esos reclamos chocan con decisiones del propio Gobierno nacional: el nuevo esquema para carnets profesionales disparó costos, Nación admitió que utiliza fondos viales para sostener el equilibrio fiscal y durante todo 2025 no realizó aportes directos al Municipio de Tres Arroyos.
Alejandro Finocchio, coordinador de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, regresó de una serie de reuniones con funcionarios nacionales y cuestionó con dureza al gobierno municipal.
“Veo un Tres Arroyos desordenado. Hay problemas en los servicios, demoras con proveedores y falta de gestión”, sostuvo. También apuntó contra el crecimiento de la estructura municipal, la infraestructura urbana y la situación del Hospital Pirovano.
El cuestionamiento es legítimo y corresponde que cualquier fuerza política controle al gobierno local. Pero cuando quien reclama representa al mismo espacio que conduce el Gobierno nacional, también corresponde mirar qué ocurre un escalón más arriba.
Y ahí aparecen algunas contradicciones difíciles de ignorar.
LLA fue a Nación a buscar una solución para un problema generado por el nuevo régimen nacional
Uno de los principales reclamos que Finocchio llevó a Buenos Aires fue el de los conductores profesionales de Tres Arroyos que deben viajar para realizar evaluaciones psicofísicas.
El problema existe. Lo llamativo es dónde fue a buscarse la solución.
El nuevo régimen para las licencias profesionales interjurisdiccionales nació tras la eliminación de la LiNTI dispuesta por Nación y la posterior implementación del esquema acordado entre la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y exámenes pasaron a depender de prestadores habilitados por la ANSV. El propio Ministerio de Transporte bonaerense advirtió que la normativa nacional no estableció una tarifa de referencia y que existe una oferta limitada de prestadores en distintas regiones.
El resultado fue contundente: en la provincia de Buenos Aires, el costo de la licencia profesional interjurisdiccional pasó de alrededor de $22.000 a unos $294.000, un aumento superior al 1.200%.
Finocchio ahora gestiona ante funcionarios nacionales para facilitar el psicofísico a los tresarroyenses.
Pero el inconveniente que intenta solucionar no fue creado por el Municipio de Tres Arroyos.
Milei cobró más de $1,5 billones para rutas y sólo una parte terminó en obras
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se habla de infraestructura.
Días atrás, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que no todo el dinero recaudado dentro del sistema destinado a obras viales termina utilizándose en rutas.
Explicó que una parte va a Vialidad Nacional y que otra queda bajo disposición del Ministerio de Economía como parte de la búsqueda del equilibrio fiscal.
Los números conocidos son todavía más contundentes.
Entre 2024 y mayo de 2026, el SisVial recibió alrededor de $1,5 billones, mientras que se ejecutaron aproximadamente $394.406 millones en infraestructura vial. A fines de mayo quedaban más de $1 billón colocado en inversiones financieras, entre ellas títulos públicos y plazos fijos.
Es decir: mientras desde La Libertad Avanza Tres Arroyos se cuestiona el estado de la infraestructura local, el Gobierno nacional reconoce que una parte de los recursos que los argentinos pagan específicamente a través del combustible no termina inmediatamente en las rutas.
Tres Arroyos pone $240 millones para intervenir una ruta nacional
El contraste tiene incluso un ejemplo dentro del propio distrito.
En abril, el Municipio informó que destinaría cerca de $240 millones de fondos propios para reparar el deteriorado sector de la Ruta Nacional 228 a la altura del cruce ferroviario.
La propia Municipalidad aclaró entonces que la intervención corresponde a la órbita de Vialidad Nacional y que incluso debía esperar la autorización del organismo nacional para poder avanzar con el trabajo.
El escenario resulta difícil de pasar por alto: el Municipio termina poniendo recursos propios sobre infraestructura nacional mientras representantes del oficialismo nacional cuestionan localmente la infraestructura y el manejo de los recursos municipales.
LLA cuestiona las demoras con proveedores: Nación giró cero pesos directos en 2025
Finocchio también apuntó contra las demoras municipales para pagar a proveedores.
Hay un problema real y reconocido por el propio Ejecutivo local. Pero también hay números necesarios para comprender cómo se llegó hasta allí.
Según informaron a comienzos de 2026 el entonces secretario de Hacienda Sergio Garcimuño y su sucesor Federico Morales, durante todo 2025 el Municipio no recibió aportes directos del Gobierno nacional.
Entre 2024 y 2025 fueron apenas $3 millones, todos correspondientes a 2024. También señalaron que durante 2025 no ingresaron transferencias del programa Sumar al Centro Municipal de Salud.
Al mismo tiempo, el Municipio reconoció que la cadena de pagos se deterioró. La coparticipación provincial terminó unos $3.500 millones debajo de lo previsto y el sistema municipal de Salud necesitó aproximadamente $4.000 millones adicionales.
Hay que marcar una diferencia importante: el faltante de coparticipación corresponde a recursos provinciales y no puede atribuirse directamente al Gobierno nacional.
Pero los aportes directos nacionales durante 2025 fueron, según las autoridades municipales, exactamente cero.
Una inflación que también desacomoda los presupuestos
Hay además otro elemento cuando se habla livianamente de presupuestos municipales: los precios reales.
La inflación nacional fue del 2,1% en julio, llegó al 19,3% acumulado durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó el 33,8% interanual, según el INDEC.
Por eso, exigir explicaciones sobre cómo administra sus recursos el Municipio es parte del juego democrático. Pero analizar sus números como si administrara una economía aislada de las decisiones nacionales y provinciales ofrece apenas una parte de la fotografía.
Reclamar abajo sin mirar arriba
La Libertad Avanza tiene derecho a cuestionar a Pablo Garate, exigir mejores servicios, preguntar por los proveedores y controlar cada peso del presupuesto municipal.
El problema aparece cuando esa vara se utiliza solamente hacia abajo.
Porque mientras LLA Tres Arroyos reclama soluciones para los carnets profesionales, el sistema que encareció y complicó esos trámites depende de decisiones nacionales.
Mientras cuestiona la infraestructura, Nación reconoce que utiliza parte de los recursos viales para sostener el equilibrio fiscal y Tres Arroyos proyecta gastar $240 millones propios sobre una ruta nacional.
Mientras reclama por proveedores y gastos, durante todo 2025 el Gobierno nacional no realizó aportes directos al Municipio.
Y mientras cuestiona el tamaño de la estructura estatal local, el Gobierno de Milei convirtió en política explícita la reducción del empleo público: ya en abril de 2025 informaba oficialmente 42.034 puestos menos en apenas 15 meses.
Controlar al poder local es necesario.
Pero si se pretende discutir seriamente cómo se administra Tres Arroyos, la cuenta tiene que hacerse completa. También con lo que recauda Nación, con lo que deja de enviar y con aquello que obliga a resolver a los gobiernos que tienen al vecino golpeando la puerta todos los días.
