El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la científica que coordinó en Argentina una investigación internacional sobre la presencia de agroquímicos en personas y en el ambiente. La decisión fue adoptada el lunes 26 de octubre, tras un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023.
Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora vinculada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. La exoneración, formalizada mediante la Resolución 366 del Consejo Directivo del INTA, constituye la sanción disciplinaria más severa prevista para el personal de la administración pública nacional.
Qué investigaba Virginia Aparicio sobre los plaguicidas
La científica coordinó el sitio argentino del proyecto SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea y desarrollada junto con instituciones de distintos países para estudiar la exposición a productos fitosanitarios y sus mezclas.
En el sudeste bonaerense se analizaron muestras ambientales y biológicas de voluntarios, entre ellos productores y trabajadores rurales. Los estudios detectaron residuos de distintos plaguicidas en muestras humanas y plantearon nuevas preguntas sobre los efectos de la exposición combinada y sostenida a estas sustancias.
La detección de residuos no demuestra, por sí sola, que hayan provocado una enfermedad. De hecho, la propia resolución del INTA cita un informe del proyecto según el cual las ingestas estimadas de glifosato no superaron los valores de referencia en los grupos estudiados, y aclara que los datos sanitarios disponibles no permitían establecer relaciones causales mediante un análisis epidemiológico.
Por qué el INTA decidió exonerarla
El Consejo Directivo sostuvo que la investigadora incurrió en incumplimientos administrativos durante la ejecución de SPRINT. Entre los cuestionamientos figuran la participación de un investigador retirado del organismo en tareas vinculadas con el proyecto y el acceso a información reservada, cambios en procedimientos de evaluación ética y el envío de muestras para su análisis en el exterior sin las autorizaciones institucionales que el INTA consideraba necesarias.
La resolución también le atribuye un uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal y que no se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Las autoridades consideraron que esas circunstancias no impedían aplicar la máxima sanción.
La denuncia de persecución y el conflicto por los resultados
Aparicio rechaza las imputaciones y sostiene que el procedimiento tiene un trasfondo político. La investigadora y organizaciones científicas cuestionan la proporcionalidad de la sanción y advierten sobre sus posibles efectos para la libertad de investigación. Esa interpretación es parte de la controversia: la resolución invoca faltas administrativas y no establece que se la haya sancionado por los resultados científicos.
El conflicto se remonta a junio de 2023, cuando el INTA suspendió una reunión en la que iban a presentarse los resultados a participantes del estudio. En diciembre de ese año, el organismo resolvió retirarse del proyecto y abrió el sumario que derivó en la exoneración.
Antes de conocerse la decisión final, Aparicio había anticipado que buscaría recurrir a la Justicia. El caso reabre el debate sobre cómo se investigan y comunican los riesgos asociados a los agroquímicos en regiones agrícolas como el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
