Durante más de dos años los argentinos siguieron pagando, cada vez que cargaron combustible, recursos destinados al sistema vial nacional. Sin embargo, una parte sustancial de ese dinero no se transformó en obras mientras rutas como la 3 y la 228 siguieron acumulando deterioro. Ahora el modelo cambió: la Ruta Nacional 3 que atraviesa Tres Arroyos ya quedó bajo gestión privada y el propio pliego prevé un nuevo peaje dentro del distrito.
El punto central no es discutir si las rutas estaban bien antes de diciembre de 2023. No lo estaban. El deterioro viene de años y esa parte del argumento libertario es cierta. La pregunta es otra: qué pasó durante estos últimos dos años, cuando el Estado siguió recaudando recursos para el sistema vial y los usuarios siguieron sin recibir el nivel de mantenimiento y recuperación que las rutas necesitaban.
Se recaudaron más de $1,5 billones y sólo el 26,2% se ejecutó en obras
Entre 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recibió $1.503.252 millones provenientes de una porción del impuesto a los combustibles. Durante ese mismo período se ejecutaron $394.406 millones en obras viales, equivalente al 26,2% del total.
Al cierre de mayo, $1.038.779 millones todavía no se habían traducido en obras: más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos y otros $37.761 millones estaban en una cuenta corriente.
Que esos recursos hayan estado invertidos no significa, por sí mismo, que hayan desaparecido ni que toda esa operatoria sea ilegal. El problema para quien circula por una ruta es mucho más concreto: mientras el dinero no llegaba al asfalto en la magnitud disponible, el deterioro continuó.
Incluso el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que una parte de los impuestos vinculados al sistema es dispuesta por el Ministerio de Economía en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal, aunque no precisó cuánto termina destinado efectivamente al mantenimiento vial.
Las rutas venían deterioradas, pero durante estos dos años también las pagamos
Una de las respuestas habituales de La Libertad Avanza frente a los reclamos por las rutas nacionales es que el deterioro lleva muchos años. Es correcto. Ni la Ruta 3 ni la Ruta 228 comenzaron a romperse con Javier Milei.
Pero la herencia explica cómo recibió las rutas el Gobierno nacional; no alcanza para explicar qué hizo después con los recursos que siguió cobrando para el sistema vial.
Durante 2024 se ejecutó el 11,3% de lo recaudado por el SisVial. En 2025 la ejecución alcanzó el 39% y entre enero y mayo de 2026 volvió a caer al 18,5%. Durante todo ese período, los usuarios continuaron pagando impuestos sobre los combustibles y las rutas siguieron necesitando mantenimiento, rehabilitación y obras.
Ese es el centro de la discusión: se siguió cobrando para financiar el sistema vial, pero una porción mayoritaria de los recursos disponibles no llegó a convertirse en obras durante el período analizado.
Ahora la Ruta 3 quedó en manos privadas y el peaje está previsto en Tres Arroyos
Desde el 1° de julio, el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Red Federal de Concesiones quedó bajo administración privada. Allí está incluida la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca, atravesando Tres Arroyos.
La concesión tiene una duración de 20 años e incluye explotación, administración, reparación, conservación y mantenimiento. El Gobierno nacional sostiene que el nuevo sistema permitirá realizar esas tareas mediante inversión privada y sin subsidios del sector público.
El contrato también establece un esquema de obra pública por peaje. La documentación oficial ubica una nueva estación sobre la Ruta 3 en el kilómetro 520, en Tres Arroyos.
El cobro no puede comenzar de inmediato. Antes, el concesionario debe completar la obra inicial de puesta en valor correspondiente al subtramo y construir la estación con sistema automático. Pero una vez cumplidas esas condiciones, quienes circulen por esa parte de la Ruta 3 deberán pagar el peaje previsto por la concesión.
En otras palabras, el privado deberá poner inicialmente el capital para recuperar y mantener una ruta deteriorada, pero esa inversión será recuperada dentro de un modelo cuya fuente central de ingresos son los usuarios que paguen por circular.
Y Tres Arroyos además pone cerca de $240 millones en la Ruta 228
El cuadro local tiene otro componente. El Municipio de Tres Arroyos prevé destinar cerca de $240 millones de fondos propios para reparar un sector crítico de la Ruta Nacional 228, a la altura del cruce ferroviario.
No se trata de la misma ruta ni del mismo contrato de concesión de la Ruta 3. Pero sí del mismo contribuyente: vecinos del distrito aportando recursos municipales para resolver un problema sobre una traza nacional.
La obra contempla intervenir aproximadamente 90 metros a cada lado de las vías y todavía depende de la autorización de Vialidad Nacional para poder ejecutarse.
En criollo: pagamos, no recibimos el mantenimiento necesario y ahora aparece otra cuenta
El perjuicio puede explicarse sin vueltas. Durante estos dos años seguimos aportando recursos para financiar las rutas. Gran parte de ese dinero no se ejecutó en obras mientras las rutas continuaban deteriorándose.
Ahora la Ruta 3 fue concesionada a privados, que deberán recuperar parte de ese deterioro y mantener el corredor. Y el nuevo sistema será financiado mediante peajes que pagarán quienes circulen por la ruta.
No significa que el mismo peso se cobre dos veces ni que se esté pagando exactamente la misma obra. Significa algo más simple: los usuarios ya aportaron durante años a un sistema vial que no les devolvió en mantenimiento todo lo que podía ejecutar y ahora deberán afrontar un nuevo mecanismo de pago para recuperar y conservar esas mismas rutas.
Que el Gobierno haya heredado rutas deterioradas es cierto. También lo es que tuvo más de dos años para aplicar los recursos que siguió recaudando, y que una parte enorme no llegó al asfalto mientras el deterioro avanzaba.
La privatización no borra esos dos años. El peaje tampoco devuelve lo que los usuarios ya aportaron. La pregunta que queda es quién terminó absorbiendo el costo de no haber mantenido a tiempo las rutas: por ahora, todo indica que vuelve a caer sobre quienes las usan.
¿Qué opinás? ¿El nuevo sistema privado resolverá finalmente el problema o los usuarios terminarán pagando otra vez por el deterioro acumulado?
