En política, negociar no es una anomalía. Es parte del funcionamiento normal de cualquier sistema legislativo. Ocurre en el Congreso, en la Legislatura bonaerense y también en los concejos deliberantes: los bloques discuten, condicionan, piden cambios, intercambian apoyos y buscan incidir en decisiones que no controlan por completo.
El problema no es ese.
El problema aparece cuando la negociación se transforma en una costumbre difícil de explicar públicamente: primero se denuncia falta de información, después se cuestiona el apuro del Ejecutivo, más tarde se habla de transparencia, control o privilegios, y finalmente se termina acompañando aquello mismo que se venía objetando.
En Tres Arroyos, esa secuencia empieza a repetirse con demasiada frecuencia.
No se trata de exigir que la oposición vote siempre en contra. Una oposición responsable puede acompañar proyectos del oficialismo si considera que son convenientes para el distrito. También puede negociar modificaciones, corregir errores o destrabar iniciativas importantes. Gobernar también requiere acuerdos.
Pero hay una diferencia central entre acordar y convalidar.
Acordar implica explicar qué se pidió, qué se consiguió y por qué el voto final cambió. Convalidar, en cambio, es cuestionar públicamente un proyecto, advertir que faltan datos, decir que el expediente llegó mal o tarde, y aun así levantar la mano sin que se vea una modificación sustancial.
Ahí aparece el núcleo del problema político local: una parte de la oposición se presenta como contrapeso del Ejecutivo, pero en los momentos decisivos termina garantizando que las principales herramientas del oficialismo salgan igual.
El Presupuesto 2025 y la Fiscal Impositiva fueron uno de los primeros antecedentes claros. Hubo cuestionamientos por los aumentos, los tiempos de tratamiento y la falta de información. Sin embargo, el esquema terminó avanzando. La crítica existió, pero no alcanzó para convertirse en límite político.
Después llegó el aumento de tasas, en un contexto todavía más sensible. El propio municipio había reconocido un déficit superior a los 3.000 millones de pesos y, frente a ese escenario, la respuesta fue volver a tocar el bolsillo del vecino. El incremento del 20% en el valor del módulo salió aprobado con el acompañamiento del oficialismo, el Movimiento Vecinal y parte de Juntos por el Cambio.
La contradicción fue evidente: varios de los sectores que durante meses habían denunciado falta de transparencia, pedidos de informes sin respuesta, gastos discutibles y ausencia de rendición de cuentas terminaron acompañando una nueva suba sin que antes quedara expuesto un plan serio de austeridad o una explicación completa sobre el agujero financiero.
La pregunta, entonces, queda servida: si no hay información suficiente para controlar el gasto ¿cómo puede haber información suficiente para votar otro aumento?
El caso Humming volvió a mostrar el mismo mecanismo, pero con una velocidad todavía más visible. Primero hubo cuestionamientos por el apuro, por el poco tiempo para leer el contrato, por las formas del Ejecutivo y por la exención de tasas. Incluso se instaló una discusión política sobre privilegios y beneficios. Pero apenas unos días después, el convenio terminó aprobado por unanimidad, incluida la eximición de la tasa de servicios aeronáuticos por nueve meses, con posibilidad de renovación.
Otra vez, el problema no fue que se aprobara la llegada de vuelos. El punto de fondo fue otro: si las objeciones eran tan graves ¿qué cambió realmente entre la crítica inicial y el voto final?
La misma tensión aparece con los pedidos de informes. Distintos bloques opositores vienen reclamando datos sobre áreas sensibles de la gestión municipal: aeródromo, programas deportivos, funcionamiento de dependencias, recursos, contratos, fondos afectados y decisiones administrativas. Esa tarea es legítima y necesaria. Controlar al Ejecutivo es una de las funciones centrales del Concejo Deliberante.
Pero el control pierde fuerza cuando los pedidos de informes se acumulan, las respuestas no llegan y, aun así, las decisiones centrales del gobierno municipal terminan siendo acompañadas.
Porque pedir información no puede ser solo una forma de dejar constancia. Si la falta de datos es grave, debería tener consecuencias políticas. Si el Ejecutivo no responde, si los expedientes llegan tarde, si los números no cierran o si los beneficios no están suficientemente explicados, entonces el voto opositor debería reflejar esa gravedad.
De lo contrario, el pedido de informes corre el riesgo de convertirse en una puesta en escena: sirve para decir que se controla, pero no necesariamente para condicionar al poder.
En este punto, Tres Arroyos parece estar frente a una modalidad política cada vez más clara: gobernabilidad negociada con control debilitado.
El oficialismo consigue aprobar sus herramientas principales, pero no lo hace solo. Las tasas, los presupuestos, los convenios y las decisiones sensibles avanzan con votos que, en el discurso, muchas veces se presentan como control, límite o equilibrio institucional.
Así, el costo político se reparte. El Ejecutivo impulsa, pero la oposición acompaña. El oficialismo gobierna, pero parte de la oposición ayuda a sostener las condiciones para que gobierne.
Y el vecino, mientras tanto, recibe un mensaje confuso: escucha críticas duras antes de la votación, pero después ve manos levantadas a favor.
Esa distancia entre la palabra y el voto es lo que erosiona la confianza pública.
No porque la política deba ser pura confrontación. No porque todo acuerdo sea sospechoso. No porque dialogar esté mal. Sino porque la negociación democrática necesita algo básico: claridad.
Si una fuerza política cambia su postura, debe explicar qué cambió. Si acompaña un aumento, debe explicar qué garantías obtuvo. Si aprueba una exención, debe explicar por qué dejó de considerar problemático aquello que antes cuestionaba. Si vota una herramienta central del Ejecutivo, debe asumir que también carga con parte de la responsabilidad.
Ese es el punto que Tres Arroyos necesita discutir.
La pregunta no es si oficialismo y oposición negocian. Claro que negocian. La pregunta es otra: qué negocian, a cambio de qué, con qué resultados concretos y cuánta de esa negociación se le explica después a la sociedad.
¿Gana la sociedad, gana el pueblo o gana el partido que negoció?
Porque una oposición puede criticar al Ejecutivo y aun así acompañar una medida. Lo que no puede hacer, sin pagar costo político, es denunciar falta de información, advertir sobre privilegios, cuestionar el manejo de los fondos públicos y después votar como si esas advertencias no hubieran existido.
En Tres Arroyos, parte de la oposición no dejó de hablar de control.
Lo que está cada vez menos claro es si ese control todavía funciona como límite real o apenas como discurso previo a la negociación.
