En resumen, si andás corto de tiempo:
El concejal Gustavo Moller fue el único en votar en contra de la prórroga del contrato con CELTA y presentó un informe demoledor: la empresa incumple el contrato, desobedece fallos judiciales, impone recargos arbitrarios en las tarifas y opera sin controles efectivos. Además, denunció el conflicto de intereses del concejal oficialista Alejandro Barragán, quien siendo gerente de CELTA, votó a favor del contrato sin que ningún bloque del Concejo lo impidiera.
Noticia completa:
La reciente sesión del Concejo Deliberante no solo dejó la polémica por la prórroga de 30 años al contrato de CELTA, también permitió que saliera a la luz un documento clave que pone en evidencia un entramado preocupante entre poder político, negocios y falta de control institucional. Su autor fue el concejal Gustavo Moller (La Libertad Avanza), único edil que se opuso a la renovación del vínculo con la empresa prestataria del servicio eléctrico.
Moller presentó un análisis detallado y fundado en normas legales, sentencias judiciales y artículos del contrato de concesión, en el que desnuda múltiples irregularidades por parte de CELTA, muchas de las cuales fueron ignoradas al momento de aprobar la prórroga. Según su exposición, no solo no se cumplieron los requisitos formales para avanzar con el contrato, sino que además existen incumplimientos materiales que ameritaban una revisión profunda y una intervención previa.
Entre los puntos más relevantes que señala Moller se destacan:
- Ausencia de veedor en los seis meses previos al vencimiento del contrato, tal como exige el artículo 12 del mismo.
- Falta de auditorías, planes de obras y reparaciones exigidas.
- Tarifas con componentes opacos y aleatorios, como la “cuota capital” o la “Resolución 2/20”, que no guardan relación con el consumo y que fueron aplicadas sin criterios claros.
- Incumplimiento de fallos judiciales y resoluciones del organismo de control OCEBA, que ordenaron la eliminación de cargos indebidos y el reintegro a los usuarios.
- Falta de transparencia interna en CELTA: no se publican memorias ni balances completos, no se llama a elecciones de delegados y se impide el acceso a la información a los socios, todo en violación de la Ley de Cooperativas.
Pero el señalamiento más grave fue el del conflicto de intereses: Alejandro Barragán, concejal de Unión por la Patria y actual gerente comercial de CELTA, votó a favor del contrato sin excusarse, a pesar de que la ordenanza municipal de ética pública (Nº 6264) lo prohíbe expresamente. La incompatibilidad está claramente tipificada en los artículos 10 y 11 de esa norma.
Moller señala que “el deber de proteger los intereses del Concejo y de la ciudadanía colisiona de forma directa con el rol de gerente de una empresa que es contratista del Estado municipal”. A pesar de eso, ningún bloque del Concejo tomó medidas para frenar su participación en la votación, lo que deja al descubierto una preocupante pasividad institucional frente a una situación ilegal.
“No renovar la concesión no significa quedarnos sin luz”, remarcó el concejal libertario, aclarando que el contrato prevé que la empresa siga prestando el servicio por hasta tres años mientras se convoca a una nueva licitación. Para él, esta era una oportunidad histórica para intervenir, auditar y corregir un sistema que funciona sin controles reales, y que ha favorecido a una casta política y sindical enquistada en la cooperativa.
“El contrato se renovó a libro cerrado. Mientras discutimos planos de baños y madera para concesiones de playa, esto se firmó por 30 años sin veedor, sin control, sin ajuste tarifario transparente, y con un concejal gerente votando a favor de su propia empresa”, sentenció Moller.
¿Y vos qué opinás?
¿Te parece que la concesión debió renovarse sin auditoría previa? ¿Puede un concejal votar a favor de una empresa que él mismo gerencia? Sumate a la conversación.
