En resumen, si andás corto de tiempo:
Después de obtener dos fallos favorables por acceso a la información pública contra la Municipalidad de Tres Arroyos, ElTresArroyense anunció cuál será su próximo paso: pedir las declaraciones juradas patrimoniales de los principales funcionarios municipales. El nuevo eje de control se apoya en la Ordenanza 7269/19, que adhiere al sistema provincial de declaraciones patrimoniales y establece que esas presentaciones deben ser accesibles para el control ciudadano.
Noticia completa
Después de dos fallos judiciales que obligaron a la Municipalidad de Tres Arroyos a entregar información pública que había negado o dilatado, la investigación abre una nueva etapa: el pedido de las declaraciones juradas patrimoniales de los principales funcionarios de la gestión.
La decisión llega después de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmara dos sentencias contra el Municipio. Una por el pedido de información sobre el área de Educación y el Fondo Educativo 2024. La otra, por el acceso a la documentación sobre la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. En ambos casos, la Justicia ratificó que la Municipalidad debe entregar la información pedida dentro de los 30 días hábiles desde que las sentencias queden firmes y que las costas del juicio recaen sobre el propio Municipio.
Esos dos expedientes dejaron una enseñanza política e institucional clara: cuando se pide información pública concreta sobre el manejo del Estado, el gobierno local no puede responder con evasivas, publicaciones generales o excusas sobre la supuesta complejidad del trabajo. La Justicia fue contundente al rechazar ese tipo de defensas y al remarcar que el acceso a la información pública debe ser completo, adecuado, veraz y oportuno.
¿Qué se había pedido en esas causas?
En la del Fondo Educativo y Educación, se requirió documentación sobre relevamientos de infraestructura escolar realizados en 2024, necesidades detectadas en las escuelas, prioridades de la UEGD, obras ejecutadas, comedores escolares y el enlace para ver la ejecución del Fondo Educativo 2024.
En la de Mujeres, Género y Diversidad, se pidió presupuesto 2024, ejecución real, programas, campañas, subsidios, asistencia, contrataciones, personal, beneficiarios y rendición del área.
¿Y qué respondió el Municipio? Básicamente, lo mismo en los dos casos: que parte de la información ya estaba publicada, que responder implicaba demasiado trabajo y que la vía del amparo no era la adecuada. En los dos expedientes, la Cámara rechazó esa posición.
Con ese antecedente ya firme en dos causas, el próximo paso anunciado será avanzar sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los principales funcionarios políticos del Municipio. La lógica es simple: si la Justicia ya dijo que el acceso a la información pública no puede bloquearse con maniobras ni excusas, ahora corresponde profundizar el control sobre otro plano central de la transparencia estatal: la evolución patrimonial de quienes administran recursos públicos.
Ese nuevo pedido no nace de una interpretación forzada. En Tres Arroyos existe desde 2019 la Ordenanza 7269/19, mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante adhirió a la Ley Provincial 15.000 sobre declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y agentes del sector público municipal. La propia ordenanza local no solo ratifica esa obligación, sino que además explica que estas declaraciones deben ser accesibles al ciudadano para fortalecer el control, la prevención de la corrupción y la confianza pública. También fija como autoridad de aplicación al área de Recursos Humanos, que debe centralizar la información de la administración central, las delegaciones, los entes descentralizados y el Concejo Deliberante.
En ese marco, la próxima avanzada apuntará a los principales nombres de la estructura política municipal. Entre ellos, el intendente Pablo Garate, el jefe de Gabinete Julio Federico y el subsecretario de Gobierno y Transporte Santiago Garate, además de otros funcionarios de primera línea cuya situación patrimonial resulte relevante para un correcto control ciudadano.
El punto no es el escándalo por sí mismo. El punto es el control. Si existe una norma que obliga a presentar declaraciones patrimoniales y si, además, esa misma norma fue pensada para hacerlas accesibles a la ciudadanía, entonces el paso lógico después de dos fallos por acceso a la información es pedir también esos documentos.
La discusión de fondo ya no es solo qué gastó el Municipio o qué documentación escondió. La discusión es más amplia: cuánto controla realmente la sociedad sobre quienes administran dinero, toman decisiones, ocupan cargos estratégicos y concentran poder dentro de la estructura municipal.
Por eso esta nueva etapa no aparece aislada. Se conecta de manera directa con lo que ya dijeron los jueces en las dos causas ganadas: que el acceso a la información pública no depende del humor del funcionario, ni de excusas administrativas, ni de maniobras dilatorias. Depende de una obligación legal concreta.
Los dos fallos que dieron origen a esta nueva etapa también serán puestos a disposición para descarga en el sitio, para que cualquier vecino pueda leerlos completos.
Más de uno debe estar frunciendo el upite