En resumen, si andás corto de tiempo:
El concejal oficialista Adolfo Olivera se niega a dejar la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo, a pesar de un acta firmada que establece el recambio. Preside el órgano que debe controlar al Ejecutivo, mismo Ejecutivo del cual formó parte como intendente interino. Durante su gestión, el municipio recibió más de $200 millones sin presentar documentación. Olivera, que también lidera el Concejo Deliberante y cuya esposa es concesionaria de una unidad turística municipal, concentra funciones que la ley considera incompatibles. Mientras dice defender a los trabajadores y la educación pública, bloquea el control de uno de los fondos más importantes del distrito.
Noticia completa:
El 15 de abril, la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo volvió a sesionar tras casi un año de inactividad. Lejos de traer claridad, la reunión expuso el descontrol institucional que atraviesa Tres Arroyos y puso en primer plano la figura del concejal oficialista Adolfo Olivera, quien concentra funciones clave en la estructura municipal.
Olivera presidió la reunión en medio de fuertes cuestionamientos: se negó a ceder su lugar como presidente de la comisión, a pesar de que existe un acta firmada por todos los bloques –incluido él mismo– que establece el recambio de autoridades cada seis meses. Según la concejal Roxana Calvo (Movimiento Vecinal), “hace años se cumple ese criterio rotativo”, pero Olivera decidió ignorarlo y mantenerse en el cargo. La oposición lo señala por “ser juez y parte”: presidió el Concejo Deliberante, asumió como intendente interino durante la licencia de Pablo Garate en marzo, y ahora se aferra a la conducción de la comisión que debe controlar al mismo Ejecutivo que integró.
Cecilia Del Aguila (Juntos por el Cambio) no dudó en graficarlo con crudeza: “Está plantado como un bebé que no quiere irse”. Pero el problema va más allá de lo simbólico.
Durante la reunión, el Jefe de Gabinete Julio “Pity” Federico no presentó ningún documento, a pesar de que en marzo ingresaron $85 millones y en abril otros $127 millones al Fondo Educativo. Es decir: más de $200 millones ejecutados sin mostrar un solo papel. La promesa fue postergar las explicaciones para otra reunión. Pero los fondos ya están en uso.
La acumulación de funciones de Olivera no es un detalle: además de su rol en el Legislativo y el paso por el Ejecutivo, su esposa es la concesionaria del parador municipal UTF N°1 en Balneario Orense desde 2021. Esto representa un conflicto de intereses según la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Ética Pública y el Código Penal, que prohíben a los funcionarios intervenir en asuntos donde tengan intereses personales o familiares. Sin embargo, Olivera ha votado y opinado sobre otros paradores, como en el caso de “SV Terrazas del Mar” en Claromecó, cuyo proyecto de mejora fue desestimado sin argumentos claros.
Queda en evidencia un patrón: donde debería haber control, hay autoprotección; donde debería haber transparencia, hay opacidad.
Y todo esto ocurre mientras Olivera asiste a marchas por los derechos de los trabajadores, pese a que su entorno familiar gestiona una concesión pública cuyos trabajadores también están atravesados por decisiones políticas. O mientras se declara defensor de la educación pública, mientras retiene el control del fondo educativo sin respetar acuerdos y bloqueando cualquier mecanismo real de fiscalización.
Decir una cosa y hacer otra, pero desde un cargo público. Y con millones de pesos en juego.
¿Qué opinás vos?
¿Puede alguien que forma parte del Ejecutivo presidir la comisión que debe auditarlo?
¿Es compatible marchar por la educación pública mientras se impide el control de sus fondos?
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