Desde este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El cambio también tendrá impacto directo en Tres Arroyos, donde adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos formalmente a un proceso penal por cualquier conducta tipificada como delito.
Pero la entrada en vigencia encuentra al sistema local con dificultades que van más allá de la letra de la ley: la fiscal de Menores Marina Vizzolini advirtió sobre la falta de recursos para poder implementar varias de las medidas previstas y, además, el Juzgado de Garantías del Joven con asiento en Tres Arroyos continúa sin juez titular.
La Ley 27.801 fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y estableció un plazo de 180 días antes de comenzar a regir. Ese período termina este sábado, cuando quedará definitivamente derogado el régimen anterior.
Qué cambia desde este sábado
Hasta ahora, los menores de 16 años no podían ser declarados penalmente responsables. Con el nuevo régimen, la Justicia podrá iniciar procesos contra adolescentes desde los 14 años cuando sean acusados de cualquier delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales.
El alcance es amplio. Vizzolini explicó que pueden quedar comprendidas situaciones que muchos adolescentes incluso pueden interpretar como una “broma”: peleas, amenazas a través de redes sociales, determinadas grabaciones o maltrato animal, además naturalmente de robos y delitos de mayor gravedad.
Eso no significa, sin embargo, que un adolescente de 14 años vaya a quedar detenido automáticamente.
La propia ley establece que la privación de la libertad debe utilizarse bajo condiciones específicas. Cuando el delito tenga prevista una pena de hasta tres años, la prisión deberá ser reemplazada por otras sanciones.
Entre las herramientas previstas aparecen la prestación de servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento o concurrencia a determinados lugares, restricciones para salir de una zona, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
En los delitos más graves sí se contempla la privación de la libertad, que podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado. La prisión perpetua queda expresamente prohibida para adolescentes y el máximo establecido por la nueva ley es de 15 años.
La ley exige una estructura que hoy genera dudas
El problema aparece cuando se pasa de la legislación a su aplicación concreta.
Vizzolini advirtió que el nuevo régimen comienza a funcionar con un “déficit importante en recursos” y mencionó especialmente la necesidad de equipos interdisciplinarios y de centros especializados que ya se encuentran saturados.
No es un aspecto menor. La ley obliga a que los adolescentes sometidos a determinadas medidas tengan un supervisor especializado, con formación en áreas como psicología, educación, adicciones, pedagogía infantojuvenil o trabajo social.
Ese supervisor deberá mantener entrevistas semanales con el adolescente, realizar informes mensuales y trabajar sobre problemas familiares, educativos, de salud mental o consumos problemáticos.
Es decir, la reforma no solamente amplía la cantidad de jóvenes que pueden ingresar al sistema penal: también exige una estructura profesional para acompañar cada uno de esos procesos.
La propia norma destinó $23.739 millones para su implementación durante 2026 y contempla convenios entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Tres Arroyos tiene además su Juzgado Juvenil sin juez titular
A ese escenario se suma una situación concreta del sistema judicial local.
Según la guía oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el Juzgado de Garantías del Joven Nº1 con asiento en Tres Arroyos tiene actualmente vacante el cargo de juez titular.
El organismo, ubicado en avenida Moreno 777, continúa funcionando y se encuentra subrogado por la doctora Vidal, por lo que la vacancia no implica que las causas queden paralizadas. Pero el dato adquiere otra dimensión justamente cuando el nuevo régimen amplía desde este sábado el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos a procesos penales.
Tres Arroyos tendrá así una herramienta legal completamente distinta para intervenir ante delitos cometidos por menores. La incógnita ya no pasa únicamente por lo que permite hacer la nueva ley, sino por algo mucho más concreto: si el sistema cuenta con los jueces, profesionales, institutos y recursos necesarios para hacerla funcionar como fue diseñada.
