En resumen, si andás corto de tiempo:
El concejal Adolfo Olivera, del bloque oficialista, enfrenta cuestionamientos éticos y legales por un posible conflicto de intereses. Su esposa es concesionaria del parador municipal UTF N° 1 en Balneario Orense, mientras él ha participado en decisiones que afectan a otros paradores, como la UTF N° 2 «SV Terrazas del Mar», de Claromecó. Estas acciones contradicen leyes que regulan la función pública y plantean dudas sobre la transparencia en la gestión turística municipal.
Noticia completa:
El manejo de las concesiones turísticas en Tres Arroyos vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora con el concejal Adolfo Olivera en el foco. Su esposa administra desde 2021 el parador municipal UTF N° 1 en Balneario Orense, y aunque la adjudicación precede su asunción como concejal en 2023, Olivera ha participado activamente en decisiones relacionadas con otros paradores del distrito, como la UTF N° 2 «SV Terrazas del Mar», de Claromecó, administrada por Osvaldo Daniel Velázquez, conocido como “Pata Velázquez”.
El caso del parador SV Terrazas del Mar se debatió en el Honorable Concejo Deliberante el 3 de octubre de 2024, donde solo una concejal oficialista votó a favor del proyecto de mejoras presentadas por Velázquez. Mientras que recibió apoyo total del resto de los bloques.
El concesionario, frustrado por la falta de apoyo, señaló públicamente: “Saquen sus propias conclusiones”, dejando entrever la posibilidad de un trato desigual.
Implicancias legales:
La participación de Olivera en decisiones que afectan directamente la actividad económica de otros paradores mientras su esposa administra uno plantea un claro conflicto de intereses, contradiciendo varias normativas:
- Ley de Ética Pública (Ley N° 25.188):
- Artículo 13: Obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en cuestiones donde tengan intereses personales o familiares. Olivera habría incumplido este deber al participar en decisiones vinculadas a los paradores municipales.
- Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58):
- Artículo 6: Prohíbe a los funcionarios tener intereses directos o indirectos en contratos con la municipalidad.
- Artículo 7: Extiende esta prohibición a cualquier caso en el que el funcionario pueda influir en un interés familiar o personal.
- Código Penal, Artículo 265:
- Sanciona a los funcionarios públicos que utilicen su posición para realizar negociaciones incompatibles con la función pública. Si se demuestra que Olivera tomó decisiones que beneficiaron el negocio de su esposa, podría configurarse este delito.
Transparencia en el turismo:
El caso de Olivera se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión turística en Tres Arroyos. Desde la falta de estadísticas claras para evaluar el turismo hasta las decisiones arbitrarias en la publicación de licitaciones, la gestión actual enfrenta crecientes críticas por su falta de transparencia.
La situación de SV Terrazas del Mar es solo un ejemplo. Velázquez presentó un proyecto que incluía mejoras como readecuación del espacio, construcción de un depósito, un mini spa, y baños accesibles. Sin embargo, el apoyo del Concejo fue limitado y el proyecto enfrenta trabas, mientras que otros concesionarios parecen contar con mayor respaldo.
¿Qué opinás?
¿Creés que estas acciones comprometen la transparencia y la confianza en la gestión municipal? Te leemos en los comentarios.
