Durante años, demasiados funcionarios actuaron como si la información pública les perteneciera. Como si responder fuera una concesión. Como si el silencio administrativo fuera una herramienta válida para desgastar, esconder y ganar tiempo. Pero no lo es. La información pública no es del poder: es de la sociedad. Y cuando un funcionario la retiene, la demora o la mutila sin justificación, no administra mejor. Incumple.
En Tres Arroyos esto no admite maquillaje. La normativa vigente no deja lugar para la trampa discursiva: el Estado debe responder. No puede elegir cuándo, cómo ni a quién. Debe hacerlo en tiempo y forma. Y si no responde, si contesta a medias o si directamente bloquea el acceso, no estamos frente a una simple desprolijidad burocrática. Estamos frente a una falta grave.
Ese punto es central. Porque durante mucho tiempo se intentó instalar que ocultar información pública era apenas una incomodidad política, un costo menor, una picardía administrativa sin consecuencias reales. No. Negar información pública no es una viveza. Es una conducta incompatible con el ejercicio de la función pública. Y cuando esa conducta se vuelve sistemática, reiterada y resistente incluso frente a resoluciones judiciales, la discusión deja de ser solamente política.
Después de seis pedidos de información pública llevados a juicio y tres fallos favorables contra la Municipalidad, ya no alcanza con hablar de demoras, circuitos internos o expedientes en trámite. Esa excusa ya se agotó. A esta altura, la pregunta no es si el Municipio va a responder. La pregunta es qué responsabilidad personal empiezan a asumir los funcionarios que siguen incumpliendo una obligación legal y desoyendo lo que ya fue confirmado por la Justicia.
Porque ese es el punto que muchos parecen no querer ver: detrás de cada negativa arbitraria no hay una abstracción llamada “Municipalidad”. Hay nombres. Hay firmas. Hay cargos. Hay funcionarios concretos tomando la decisión de no entregar lo que deben entregar. Y cuando la decisión de ocultar se sostiene en el tiempo, el problema también deja de ser institucional y empieza a ser personal.
El poder suele creer que esconder información lo protege. En realidad, lo expone. Cuanto más se niega a mostrar, más muestra. Cuanto más demora, más sospechas genera. Cuanto más se resiste, más evidente se vuelve que no estamos ante un descuido, sino ante una decisión. Y toda decisión tomada desde un cargo público tiene consecuencias.
Por eso, el debate ya no pasa solamente por la transparencia declamada en discursos o slogans de campaña. Pasa por algo más concreto: si los funcionarios están dispuestos a cumplir la ley o a seguir actuando como si el Estado fuera propiedad privada de quienes lo administran circunstancialmente. Lo primero es gobernar. Lo segundo es degradar la función pública.
La información pública no es un premio para el ciudadano obediente ni una gentileza para el periodista insistente. Es un derecho. Y frente a un derecho, el funcionario no puede especular. Tiene que cumplir. El que no lo haga debería empezar a medir no solo el costo político de esconder, sino también el costo administrativo, civil y eventualmente penal de seguir haciéndolo.
Porque gobernar en las sombras puede servir durante un tiempo. Pero también puede terminar saliendo caro.
