Más de un tercio de los recursos previstos por el Municipio de Tres Arroyos para 2026 dependen de la coparticipación. Qué significa eso, por qué importa y cuál es el verdadero problema federal detrás de la discusión.
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La coparticipación parece una palabra hecha para contadores, funcionarios y discusiones de escritorio. Pero no. También explica por qué un municipio como Tres Arroyos puede tener menos margen para sostener servicios, obras o gastos corrientes aunque el problema se haya generado mucho más arriba.
Para entenderlo, hay que ir paso a paso.
Primero: el Municipio no recauda los impuestos más grandes. Los impuestos fuertes, como IVA y Ganancias, los cobra sobre todo la Nación. Después una parte de esa plata se distribuye entre las provincias por el régimen de coparticipación federal. Y en la Provincia de Buenos Aires, a su vez, una parte de esos recursos se reparte entre los municipios a través de la Ley 10.559. O sea: a Tres Arroyos esa plata no le llega de manera directa desde Nación, sino después de pasar por la Provincia.
Segundo: eso no debería ser un favor político, sino una regla clara. La Constitución argentina dice que el país es federal y que los recursos coparticipables deben distribuirse de manera automática, objetiva, equitativa y solidaria. El problema es que el sistema sigue funcionando, en lo esencial, sobre una ley de 1988 que era transitoria. La reforma constitucional de 1994 ordenó dictar un nuevo régimen de coparticipación. Ese régimen nuevo nunca llegó.
Tercero: en Tres Arroyos la coparticipación pesa muchísimo. El presupuesto municipal 2026 prevé $27.513.720.421,67 por coparticipación. Si se compara con los recursos de la Administración Central más el Concejo Deliberante, que suman $76.991.851.364,98, da 35,74%. Traducido: más de uno de cada tres pesos que espera manejar el Municipio depende de ese mecanismo.
Dicho más simple todavía: si la coparticipación se resiente, Tres Arroyos lo siente.
Y ahí aparece la parte más importante de la discusión. Porque muchas veces se habla del federalismo como si fuera una idea linda, abstracta, casi decorativa. Pero el problema federal es concreto: la plata grande se recauda arriba, mientras los servicios que la gente usa todos los días se prestan abajo. El hospital, las calles, parte de la salud, el mantenimiento urbano, muchas respuestas cotidianas, terminan dependiendo de niveles del Estado que no controlan la mayor parte de la recaudación.
Por eso se produce una contradicción muy argentina: el país se dice federal, pero en la práctica funciona con una fuerte concentración de recursos en niveles superiores del Estado. Después esa plata baja, sí, pero baja bajo reglas viejas, complejas y muchas veces insuficientes. Entonces el municipio tiene autonomía formal, pero una autonomía bastante limitada en la realidad.
En el caso de Tres Arroyos, eso se ve con claridad. Al 31 de marzo de 2026, el Municipio ya había percibido $6.291.528.789,85 por coparticipación, sobre ingresos totales del trimestre por $17.645.255.792,78. Eso significa que en ese período la coparticipación representó 35,66% de toda la caja efectivamente ingresada. No es una ayuda secundaria. Es una columna central del funcionamiento municipal.
Entonces, cuando se discute coparticipación, en realidad se está discutiendo algo mucho más profundo: quién junta la plata, quién decide y quién termina dando la cara ante la gente.
Y acá conviene frenar otra confusión muy común. Cuando faltan recursos, muchas veces se arma una guerra de culpas: Nación culpa a las provincias, las provincias culpan a Nación, y abajo el vecino termina pensando que todo depende del intendente. Pero no siempre es así. El Municipio puede administrar bien o mal, claro. Eso siempre importa. Lo que pasa es que hay una parte decisiva de sus recursos que no controla. Y si no controla una parte decisiva de su caja, tampoco controla del todo su margen para resolver problemas.
Esa es la verdad de la milanesa: la coparticipación no es un tecnicismo, es una de las llaves del poder real. En Tres Arroyos, discutir coparticipación es discutir hasta qué punto el Municipio puede decidir por sí mismo y hasta qué punto depende de un sistema armado en otra escala.
Y mientras Argentina siga llamándose federal, pero manteniendo un régimen viejo, incompleto y nunca reformado del todo, los municipios van a seguir teniendo autonomía en los papeles y dependencia en la práctica.
