El Gobierno de Javier Milei justificó el traslado de parte de las reservas de oro al exterior con el argumento de obtener mejores rendimientos. Durante más de dos años, el Banco Central mantuvo bajo reserva información sobre esos movimientos, resistió pedidos de acceso a los datos y quedó involucrado en una disputa judicial. Ahora, una auditoría oficial reveló que las operaciones financieras vinculadas al oro generaron pérdidas por US$1.023 millones durante 2025.
La cifra fue expuesta el jueves 8 de octubre por la Auditoría General de la Nación (AGN), que examinó los estados contables del Banco Central, presidido por Santiago Bausili.
Su titular, Juan Manuel Olmos, afirmó que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud desde que el organismo audita las cuentas de la autoridad monetaria. También cuestionó la utilización de reservas físicas de oro como respaldo de operaciones financieras de riesgo.
La revelación coloca nuevamente bajo cuestionamiento la administración de las reservas argentinas y abre una discusión sobre el manejo de recursos públicos bajo un Gobierno que convirtió la austeridad, el equilibrio fiscal y la eficiencia económica en pilares de su gestión.
Todo comenzó con una promesa de Caputo: sacar el oro para generar ganancias
En julio de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno había comenzado a trasladar parte del oro de las reservas argentinas al exterior.
La explicación fue económica: mantener los lingotes inmovilizados en el país impedía aprovechar oportunidades para obtener rendimientos financieros.
Caputo defendió la decisión como una operación positiva que permitiría maximizar el retorno de los activos argentinos.
El 2 de septiembre de ese año, el Banco Central confirmó oficialmente que había completado transferencias de parte de sus reservas de oro entre diferentes cuentas.
Sin embargo, el comunicado no precisó públicamente cuántos lingotes habían salido, cuál era su destino específico ni bajo qué condiciones financieras se administraban esos activos.
La entidad justificó esa reserva de información por razones de seguridad y sostuvo que las operaciones no modificaban la cantidad total de oro perteneciente al país.
La Justicia tuvo que intervenir para exigir información sobre los lingotes
Las dudas sobre el destino del oro no surgieron con la auditoría conocida esta semana.
En 2024, la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, había presentado pedidos de acceso a la información pública para conocer detalles de las transferencias.
Entre otras cuestiones, solicitó precisiones sobre las cantidades enviadas, los destinos, las condiciones de las operaciones, los costos y las empresas involucradas en el traslado.
El Banco Central rechazó inicialmente la entrega de esa información, argumentando que divulgarla podía comprometer la seguridad de los activos y afectar al sistema financiero.
La controversia llegó a la Justicia.
El 19 de diciembre de 2025, la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo ordenó que el organismo proporcionara la información solicitada o justificara específicamente por qué cada dato debía permanecer reservado.
Para los magistrados, la negativa general del Banco Central no resultaba suficiente para restringir el derecho de acceso a la información pública.
La discusión ya no era únicamente dónde estaba el oro, sino por qué una institución pública se resistía a explicar las condiciones de su administración.
La AGN detectó pérdidas por más de mil millones de dólares
La nueva revelación corresponde a las operaciones financieras realizadas durante 2025 utilizando el oro como activo subyacente.
Según la auditoría, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, impulsada por el aumento internacional del precio del metal.
Pero esa revalorización no fue producto de las operaciones financieras realizadas por el Banco Central: se produjo por el incremento del precio del oro en los mercados.
En paralelo, la entidad concertó contratos de derivados financieros liquidables en dólares, utilizando parte de sus reservas de oro como referencia y respaldo.
El resultado de esas operaciones fue negativo.
La AGN detalló que las pérdidas alcanzaron aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones, desglosados de la siguiente manera:
- US$960 millones por resultados negativos de las operaciones con derivados.
- US$62,8 millones correspondientes a primas de opciones financieras.
Según el organismo auditor, esos resultados negativos implicaron egresos de divisas del Banco Central.
La distinción es fundamental: mientras la suba del oro produjo una revalorización patrimonial, las operaciones con derivados tuvieron un resultado negativo que debió afrontarse con divisas.
Esto no significa que hayan desaparecido lingotes por ese valor ni que la totalidad de las reservas haya sufrido esa pérdida. Se trata del resultado específico de los instrumentos financieros examinados.
Al cierre de 2025, esas posiciones ya habían sido canceladas.
Una pérdida que, según Olmos, no tiene antecedentes
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, destacó especialmente la magnitud de las operaciones.
Según explicó, desde que el organismo audita los estados contables del Banco Central no se había registrado una pérdida comparable en este tipo de transacciones, ni una utilización semejante de reservas físicas de oro como respaldo de instrumentos de riesgo.
Olmos sostuvo que el Banco Central había especulado con una determinada evolución del precio internacional del metal y que el cálculo no resultó como esperaba.
La afirmación abre una controversia sobre las decisiones financieras adoptadas por la conducción de Santiago Bausili, en el marco de la política económica del Gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, el informe técnico de la AGN describió esas operaciones como instrumentos de cobertura, una característica sobre la que el Banco Central fundamentó posteriormente su defensa.
El Banco Central respondió que, en realidad, ganó US$2.505 millones
Después de conocerse las conclusiones de la auditoría, el Banco Central difundió un comunicado en el que rechazó la interpretación de Olmos.
La institución aseguró que, considerando conjuntamente la evolución del precio del oro y las operaciones de cobertura financiera, su posición total en ese activo obtuvo durante 2025 un resultado neto positivo de US$2.505 millones.
Según el BCRA, los derivados funcionaron como una protección frente a una eventual caída del precio internacional del metal.
Bajo esa explicación, cuando el oro aumenta de valor, las coberturas pueden registrar pérdidas porque actúan como una especie de seguro ante el escenario contrario.
La entidad también sostuvo que utiliza estrategias semejantes desde 2007 y acusó a la conducción de la AGN de actuar con motivaciones políticas.
Las dos cifras no miden exactamente lo mismo: los US$1.023 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones con derivados, mientras que los US$2.505 millones informados por el Banco Central incluyen la evolución del valor del oro.
La controversia no elimina el resultado negativo de los derivados, pero obliga a diferenciarlo del desempeño global de las reservas.
De hecho, la AGN aprobó los estados contables de 2025, aunque destacó específicamente el resultado de estas operaciones.
¿Dónde está el oro? La otra investigación que sigue abierta
La pérdida financiera conocida esta semana se suma a otra investigación que todavía no terminó: la relacionada con el traslado de reservas físicas al exterior.
En septiembre de 2026, Santiago Bausili aseguró ante el Senado que parte de los lingotes argentinos se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza.
También afirmó que los movimientos habían sido sometidos a controles y auditorías.
Sin embargo, la AGN aclaró posteriormente que todavía no había finalizado el análisis de la documentación necesaria para verificar la trazabilidad de las reservas.
El organismo señaló que el Banco Central había demorado más de un año en facilitar el acceso a la información requerida.
Ahora, además de la controversia por las pérdidas financieras, la Auditoría avanza con una evaluación específica para determinar qué procedimientos se utilizaron para trasladar el oro, cuál fue su destino y qué beneficios concretos obtuvo el país.
Hasta el momento, no se encuentra demostrado que las operaciones de traslado realizadas en 2024 hayan provocado directamente las pérdidas registradas en los derivados financieros de 2025. Son dos cuestiones distintas que involucran la administración del mismo activo público.
Del discurso de eficiencia económica a las explicaciones pendientes
El episodio plantea una discusión que excede las diferencias contables entre el Banco Central y la Auditoría General de la Nación.
El Gobierno nacional sostiene una política de reducción del gasto público, defensa del equilibrio fiscal y exigencia de eficiencia en la administración de los recursos del Estado.
En ese contexto, la magnitud del resultado negativo de las operaciones financieras con oro y los antecedentes de restricciones informativas sobre las reservas adquieren especial relevancia pública.
El Banco Central presentó argumentos técnicos para defender su estrategia y sostuvo que el balance global fue favorable. La AGN, por su parte, dejó documentado un resultado negativo superior a los mil millones de dólares en instrumentos financieros y mantiene abierta la revisión sobre el destino del oro trasladado.
La pregunta que permanece abierta es si las decisiones tomadas con las reservas argentinas estuvieron acompañadas por controles suficientes, transparencia y beneficios comprobables para el país.
Porque administrar eficientemente los recursos públicos no consiste solamente en exhibir resultados favorables: también exige explicar los riesgos asumidos, los costos de las decisiones y el destino de los activos que pertenecen a todos los argentinos.
