En resumen, si andás corto de tiempo:
La Justicia falló contra la Municipalidad de Tres Arroyos por no haber respondido en tiempo y forma un pedido de información pública ambiental sobre la calidad del agua de red. El fallo deja asentado que el Municipio violó la normativa vigente y que la respuesta presentada durante el proceso fue extemporánea y basada en información vieja. Aunque no impone todavía sanciones ni una orden concreta de entrega, se suma a una serie de resoluciones adversas para la gestión local en materia de acceso a la información pública.
Noticia completa:
La Municipalidad de Tres Arroyos sumó otro revés judicial por su negativa a brindar información pública.
Esta vez, el fallo estuvo vinculado a un tema especialmente sensible para toda la comunidad: la calidad del agua de red. El Juzgado Correccional de Tres Arroyos concluyó que el Municipio incumplió con su obligación legal de responder en tiempo y forma un pedido de información ambiental, presentado para conocer datos concretos sobre el agua que consumen los vecinos.
La importancia de esta sentencia no está solo en el tema que aborda, sino en lo que deja asentado. El fallo reconoce que la Municipalidad violó la ley al no entregar la información dentro del plazo legal de 30 días hábiles. También señala que la respuesta que apareció durante el juicio fue extemporánea y, además, apoyada en un informe viejo, correspondiente al año 2022.
Es decir: la Justicia dejó en claro que el Municipio no respondió como debía, ni cuando debía.
La causa se originó en el marco de una serie de reclamos por acceso a la información pública que en Tres Arroyos vienen exponiendo un mismo patrón: pedidos formales sobre asuntos de interés público, respuestas evasivas o directamente inexistentes, y la necesidad de terminar recurriendo a la Justicia para obtener lo que por ley debería estar disponible. En febrero de 2025, desde El Tres Arroyense ya se habían presentado seis pedidos sobre agua, Fondo Educativo, educación, cultura, juventud, género y gastos de la Fiesta del Trigo. La primera respuesta oficial había sido una cadena de excusas; la segunda, el silencio.
En el caso del agua, la acción judicial fue impulsada por una ciudadana con patrocinio legal, y el fallo firmado por el juez Gabriel Giuliani remarca algo central: la Municipalidad, como prestadora del servicio de agua y cloacas, tenía la obligación legal de responder a tiempo. No se trataba de un favor, ni de una concesión política. Se trataba de un deber legal frente a un pedido de información pública ambiental.
La sentencia, sin embargo, tiene un límite. Aunque reconoce el incumplimiento y le da la razón al reclamo, no impone todavía sanciones ni medidas concretas para obligar en lo inmediato a una entrega efectiva de documentación. En ese punto, el fallo deja asentada la infracción, pero no cierra todavía la discusión sobre las consecuencias prácticas de esa conducta.
Aun así, el valor político e institucional del pronunciamiento es fuerte. No solo porque se trata de agua, uno de los temas más delicados para la salud pública local, sino porque confirma judicialmente algo que el discurso oficial intenta negar hace tiempo: que la Municipalidad no está respondiendo como corresponde cuando se le pide información de interés colectivo.
Además, este fallo no aparece aislado. Se suma a las sentencias ya conocidas sobre el Fondo Educativo y sobre la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, en las que la Justicia también rechazó las excusas oficiales y obligó al Municipio a entregar la información solicitada. La diferencia es que en aquellos dos expedientes la Cámara fue más allá y ordenó la entrega concreta de documentación dentro de los 30 días hábiles desde que queden firmes las sentencias.
En otras palabras: en Tres Arroyos ya no se trata de una sospecha periodística ni de una denuncia política aislada. Hay fallos judiciales que vienen marcando, expediente tras expediente, un mismo problema: la resistencia del poder municipal a rendir cuentas cuando se le exige información pública.
En el caso del agua, la pregunta de fondo sigue intacta. ¿Qué información no quisieron entregar a tiempo sobre un servicio esencial que consume toda la población? Y, sobre todo, ¿por qué hubo que llegar a una sentencia para que quedara asentado algo que el Municipio debería haber resuelto con una simple respuesta administrativa?
