En resumen, si andás corto de tiempo
El intendente Pablo Garate y el secretario de Seguridad Juan Apolonio firmaron el decreto 3092, que autoriza a la Patrulla Urbana a utilizar armas no letales. La medida busca dotar de más herramientas a los agentes, pero llega un año después del lanzamiento del cuerpo, que hasta ahora no publicó estadísticas de resultados ni costos detallados.
Además, implicará un nuevo gasto municipal en compra de equipamiento y capacitación del personal, sobre el que tampoco se brindaron cifras. El municipio sigue sin informar cuánto cuesta mantener los móviles, el combustible y los sueldos, por lo que no hay forma de evaluar la eficacia real del programa.
Noticia completa
A través del decreto municipal 3092, fechado el 19 de septiembre de 2025, el intendente Pablo Garate y el secretario de Seguridad Juan Apolonio autorizaron el uso de armas no letales por parte de los agentes de la Patrulla Urbana.
Según explicó Apolonio, el objetivo es “dotar de mayor capacidad disuasiva” a los patrulleros municipales ante conflictos o situaciones violentas, incorporando lanzadoras de gas pimienta similares a las utilizadas en municipios como Mar del Plata, Lanús o San Miguel. La medida forma parte de una reglamentación más amplia que define funciones, escalafones y obligaciones del cuerpo.
Las lanzadoras —de la marca Byrna, según mencionó el funcionario— funcionan con gas comprimido y municiones químicas, y no requieren autorización del ANMaC. El personal recibirá capacitaciones específicas, y se prevé la compra de entre 10 y 12 unidades, además de fusiles de mayor alcance.
Apelonio sostuvo que el objetivo es “prevenir y proteger sin causar lesiones”, ante el aumento de episodios de agresión hacia los inspectores municipales.
Sin embargo, la adquisición y el entrenamiento representan un nuevo gasto operativo para el municipio, que no fue cuantificado públicamente.
El contexto: un año de patrullas sin números claros
La creación de la Patrulla Urbana fue anunciada hace un año con una inversión inicial de al menos $110 millones en móviles y equipamiento. Desde entonces, el municipio solo comunicó tres intervenciones destacadas: la recuperación de una bicicleta, un detenido con pedido de captura y dos arrestos por daño a un auto.
No existen estadísticas públicas de delitos prevenidos, tiempos de respuesta ni gastos mensuales. Cálculos estimativos muestran que el combustible solo puede implicar entre $2,7 y $7,6 millones por mes, sin contar sueldos, mantenimiento ni seguros.
La incorporación de armas no letales podría interpretarse como un paso lógico para fortalecer la prevención, pero llega tras un año sin balance de resultados y sin información oficial sobre los costos de funcionamiento. Ahora, con la nueva compra y la capacitación del personal, se sumará otro gasto sin evaluación pública de impacto.
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