En resumen, si andás corto de tiempo:
La oposición logró aprobar una ordenanza para que la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo cambie de autoridades. En simples palabras: para que quien debe ser controlado no sea, al mismo tiempo, quien controla. Pero el intendente Pablo Garate la vetó sin dar explicaciones públicas. El concejal oficialista Adolfo Olivera, que debía dejar la presidencia de la comisión, se negó a cumplir el acuerdo firmado y luego se tomó licencia. Mientras tanto, ya ingresaron 86 millones de pesos al municipio y no se presentó ninguna rendición. Alejandro Barragán —el desvergonzado concejal que se duerme en las sesiones, que vota contratos que lo benefician y acomoda a su familia en lo que esta gestión trata como una empresa municipal— salió a responder, pero no a dar explicaciones.
Noticia completa:
El conflicto por el control del Fondo de Financiamiento Educativo sumó un nuevo capítulo que expone el funcionamiento cada vez más opaco del oficialismo municipal. Mientras ya ingresaron al municipio 86 millones de pesos del Fondo Educativo, y el monto total estimado para este 2025 supera los 2.300 millones, no se presentó una sola rendición formal. La Comisión de Seguimiento, el único órgano plural que puede ejercer control, quedó paralizada por maniobras del oficialismo que van desde la negativa a respetar acuerdos firmados hasta vetos sin explicación.
🔁 El intento de cambio
En abril, los bloques de Juntos por el Cambio, Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza, que reúnen 12 de los 18 concejales, impulsaron una modificación a la ordenanza 7309/19, para permitir que las autoridades de la comisión se elijan por mayoría simple entre concejales y consejeros escolares. También se prohibió que ocupen cargos quienes tengan responsabilidad directa en la administración de los fondos. La ordenanza fue aprobada con los votos necesarios y publicada en el digesto oficial.
Con esos cambios, el consejero escolar Lucas Britez fue elegido como nuevo coordinador de la Comisión. Lo acompañaban Roxana Calvo como subcoordinadora y Cecilia del Águila como secretaria. Pero el oficialismo, en vez de participar del debate o plantear objeciones en el recinto, optó por el silencio y la jugada por decreto: el intendente Garate vetó la ordenanza, sin notificar formalmente a los concejales y sin emitir comunicación pública alguna.
🤷♂️ Olivera incumple y se va de licencia
Quien debía dejar su cargo como coordinador era Adolfo Olivera, concejal de Unión por la Patria, que además actúa como intendente interino cuando Garate se toma licencia. Olivera había firmado un acta en 2023 donde se acordaba el recambio de autoridades cada seis meses, pero en mayo se negó a cumplir con lo pactado.
Durante la última reunión de la Comisión, no solo faltó sin aviso, sino que se negó sistemáticamente a presentar documentación sobre los fondos ya ejecutados. Luego, decidió tomarse licencia, dejando la comisión acéfala y al borde del colapso institucional.
En ese encuentro, según testigos, Olivera llegó incluso a pedirle a los concejales que lo cuestionaban que se retiren de la sala, demostrando una actitud autoritaria e intolerante ante cualquier control.
⚠️ Veto sin explicación, control sin control
La ley establece que el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgar o vetar una ordenanza. Cumplido ese plazo, y sin recibir decreto alguno, los concejales avanzaron con la designación de nuevas autoridades. Solo después de la conferencia de prensa, se supo que el intendente había vetado la ordenanza. El decreto no fue comunicado, ni publicado, ni fundamentado.
“Puede ser que haya vetado la ordenanza y no publicado el decreto. Estamos acostumbrados, lamentablemente, al poco acceso a la información pública que hay en este municipio”, dijo Britez en conferencia de prensa, donde denunció además que no hay respuesta a las recomendaciones de uso del fondo, como arreglos urgentes en colegios y escuelas.
🗣️ Barragán: el vocero del silencio
El único dirigente oficialista que salió a dar declaraciones fue Alejandro Barragán, presidente del bloque de Unión por la Patria. Pero lejos de ofrecer argumentos sólidos, cuestionó la “legalidad” de la reunión, alegando que no fue convocada por el presidente de la comisión (es decir, por Olivera, que no se presentó). Según Barragán, lo resuelto no tiene validez porque la ordenanza ya había sido vetada.
Sin embargo, no explicó por qué no se notificó el veto ni por qué no se presentó documentación sobre los fondos ejecutados. Mucho menos aclaró los motivos institucionales del veto, más allá del tecnicismo.
Barragán, que acumula denuncias públicas por dormir en sesiones, votar contratos donde tiene intereses personales y tener familiares con cargos asignados por el municipio, defendió una vez más lo indefendible.
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¿Puede el mismo partido que administra los fondos controlar su ejecución?
¿Tiene sentido que un concejal se tome licencia justo cuando se le exige rendir cuentas?
¿El veto fue un acto legítimo o una estrategia para evitar el control?
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