En resumen, si andás corto de tiempo:
Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal oficialista Adolfo Olivera intentó despegarse de un acta que él mismo firmó como integrante de la Comisión del Fondo Educativo. La concejal Roxana Calvo le pidió al cuerpo que se exhibiera el cuaderno de actas, y Olivera, ya sin salida, admitió que la firmó. Sin embargo, aseguró que “no se leyó” y que la firmó “en confianza”, pese a que describe su contenido con detalle.
El acta, firmada en el marco de una reunión democrática, establece la rotación de autoridades de la comisión cada seis meses. Olivera ahora busca desconocerla, contradiciéndose y dejando en evidencia una práctica que pone en duda su responsabilidad institucional.
Se trata de un concejal que, según sus propias palabras, firma sin leer y luego desconoce lo que firmó, a pesar de haberlo hecho en plena democracia y sin presión alguna.
Noticia completa
La última sesión del Concejo Deliberante dejó una postal preocupante de cómo algunos representantes manejan su rol institucional. Adolfo Olivera, concejal de Unión por la Patria, quedó expuesto al intentar desentenderse del contenido de un acta que él mismo firmó en el marco de la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo Educativo.
Todo comenzó cuando Roxana Calvo (Movimiento Vecinal) pidió al cuerpo legislativo que se trajera el cuaderno de actas al recinto, para dejar en claro que lo allí escrito —incluida la rotación de autoridades— fue producto de un acuerdo democrático y no de un capricho individual.
Frente a esta solicitud, y acorralado por la evidencia, Olivera tomó la palabra y reconoció:
“¿Qué quieren probar, que firmé el acta? Sí, la firmé.”
Pero enseguida intentó despegarse, alegando:
“Se hizo una reunión donde una concejal —casualmente la concejal Calvo— dice ‘las autoridades se van a cambiar cada seis meses’. Ante el desconocimiento de todos los demás, y o casualidad, la secretaria Del Águila escribe que las autoridades se van a cambiar cada seis meses. Cuando termina la comisión, como ocurre generalmente en todas las comisiones, no se dio lectura del acta y todos firmamos en confianza.”
La contradicción es evidente: describe el contenido con total claridad (lo que invalida cualquier excusa de desconocimiento), pero al mismo tiempo intenta instalar que firmó sin saber, por “confianza”. ¿Cómo puede un concejal firmar algo sin leerlo? ¿Y luego criticar a quien sí lo leyó y lo aplicó?
La afirmación de Olivera es todavía más grave si se considera que no fue obligado a firmar nada, ni se trató de una imposición: fue una decisión tomada en una reunión democrática de la comisión, con acta correspondiente, donde todos firmaron en consenso.
Pero Olivera no solo quiso despegarse del acta. También intentó victimizarse, afirmando:
“Esto se está usando como excusa para sacarme a los empujones de la comisión.”
Lo cierto es que no se trata de empujones, sino de responsabilidad institucional. Un concejal no puede firmar sin leer, y mucho menos desconocer acuerdos democráticos firmados de puño y letra.
Este intento de desentenderse, sumado a su intervención airada y ofensiva hacia otras concejalas (como Calvo y Del Águila), muestra a un funcionario más preocupado por sostener un cargo que por respetar los principios básicos de representación y seriedad institucional.
Y todo esto ocurre, además, en el marco de una discusión clave: la conducción de la comisión que controla el uso de más de 2.400 millones de pesos del Fondo Educativo.
¿Y vos qué opinás?
¿Puede un concejal firmar sin leer? ¿Qué pensás de que después desconozca su firma? ¿Se están protegiendo intereses personales a costa de la institucionalidad?
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