Raúl Alí dejó en la Banca Ciudadana una serie de preguntas difíciles de discutir: cuánto dinero recaudan las cooperativas eléctricas por cuenta del Municipio, cuánto les paga la Municipalidad por los servicios que prestan, cómo se compensan esos montos y quién verifica que esas cuentas sean correctas.
El diagnóstico abre una discusión necesaria. Sin embargo, la solución propuesta por Alí vuelve a apoyarse sobre un mecanismo conocido: incorporar dos nuevos fiscalizadores o veedores.
Y ahí aparece otra pregunta inevitable: ¿quién controla al que controla?
Alí propone sumar dos personas al sistema de control
Alí planteó que Tres Arroyos podría seguir experiencias de otros municipios e incorporar dos representantes para fiscalizar aspectos de la relación entre las cooperativas y el Municipio.
Según explicó, no podrían ser concejales ni funcionarios municipales. Serían designados por el Departamento Ejecutivo y uno de ellos debería contar además con aprobación del Concejo Deliberante.
La intención es agregar una instancia de fiscalización.
Pero el mecanismo mantiene una característica central del sistema actual: la transparencia continúa dependiendo de personas.
Puede cambiar quién mira los números. Puede incorporarse alguien nuevo. Puede establecerse quién lo designa, cuánto dura su mandato y qué facultades posee.
Pero sigue existiendo una persona que accede a información que el ciudadano común no puede consultar directamente.
El problema de agregar un controlador detrás de otro
Alí sostuvo que esas personas podrían funcionar como terceros independientes.
Ese objetivo puede ser válido. Lo que ningún mecanismo de designación puede garantizar por sí mismo es la independencia futura de quien ocupa el cargo.
El problema no necesariamente está en ese veedor particular. Está en el diseño.
Cuando un sistema depende de que determinada persona haga correctamente su trabajo, informe lo que encontró y no omita información, la transparencia sigue dependiendo de confianza.
Y entonces aparece una cadena que puede continuar indefinidamente.
Si dudamos de quien administra, ponemos un fiscalizador.
Si dudamos del fiscalizador, necesitamos alguien que controle al fiscalizador.
Y después alguien deberá controlar al que controla al fiscalizador.
El problema deja de ser la cantidad de controles. El problema es que la información sigue encerrada dentro de esa cadena.
Las preguntas de Alí podrían responderse sin ningún intermediario
Las preguntas que originaron toda esta discusión son, en realidad, preguntas numéricas.
¿Cuánto recaudó CELTA por alumbrado público?
¿Cuánto recaudó por conceptos correspondientes al Municipio?
¿Cuánto le facturó CELTA a la Municipalidad?
¿Cuánto pagó efectivamente el Municipio?
¿Qué importes se compensaron?
¿Cuándo se realizó esa compensación?
¿Cuál fue el saldo?
Nada de eso requiere una interpretación política para ser conocido.
Son movimientos económicos que ya deberían existir registrados dentro de los sistemas administrativos y contables de ambas instituciones.
La verdadera discusión podría ser entonces mucho más sencilla: ¿por qué esa información no puede verla directamente cualquier vecino?
De controlar personas a controlar datos
En 2026, la transparencia no necesariamente debería consistir en nombrar otra persona para que mire documentos a los que el resto no tiene acceso.
Podría existir un sistema público donde CELTA y el Municipio vuelquen automáticamente la información vinculada con esa relación económica.
Cada movimiento debería mostrar, como mínimo, fecha, concepto, importe, origen, destino y documentación respaldatoria.
Las facturas emitidas por CELTA al Municipio deberían poder compararse con los pagos realizados.
Los importes cobrados a los usuarios por conceptos municipales deberían aparecer consolidados.
Las compensaciones deberían mostrar qué montos fueron enfrentados entre sí y cuál fue el resultado.
Y todo debería conservar un historial que permita detectar cualquier modificación posterior.
Un sistema que tampoco dependa de cargar los números a mano
Publicar una planilla una vez por mes tampoco resolvería completamente el problema.
Si una persona decide qué información cargar, cuándo hacerlo y qué documento adjuntar, nuevamente estamos depositando confianza en un intermediario.
La tecnología permite ir bastante más lejos.
Los datos podrían salir automáticamente de los sistemas contables de CELTA y del Municipio. Las operaciones podrían quedar vinculadas con sus comprobantes y cualquier corrección posterior debería conservar el registro anterior.
Ningún sistema puede considerarse absolutamente inviolable. Pero sí puede diseñarse para ser auditable, trazable y resistente a modificaciones silenciosas.
La diferencia es enorme.
Ya no habría que preguntarle a alguien qué ocurrió.
El registro mostraría qué ocurrió.
El ciudadano también puede ser el controlador
Un sistema de esas características cambiaría incluso quién puede fiscalizar.
No solamente podría hacerlo un veedor.
Podría hacerlo un concejal.
Un contador.
Una universidad.
Un periodista.
Un vecino.
O una herramienta informática capaz de comparar automáticamente millones de datos y advertir inconsistencias.
Cualquier persona debería poder descargar la información y comprobar, por ejemplo, si lo declarado como recaudado coincide con lo transferido, si una factura coincide con un pago o si una compensación tiene respaldo.
El control deja entonces de pertenecer a quien consiguió acceso al expediente.
El acceso al control pasa a ser público.
Los organismos de control pueden seguir existiendo
Esto no significa eliminar organismos de fiscalización, controles legales, auditorías ni responsabilidades institucionales.
Todos ellos pueden seguir siendo necesarios.
La diferencia sería que dejarían de trabajar sobre información que solamente ellos conocen.
Un veedor podría existir. Un concejal podría pedir explicaciones. Un organismo provincial podría auditar.
Pero los datos básicos sobre los que realizan ese control estarían disponibles también para la sociedad.
Entonces ya no habría que confiar exclusivamente en que el controlador controló.
También podría ser controlado.
Alí abrió una discusión que puede ir mucho más lejos
Alí puso sobre la mesa una pregunta importante: quién controla la relación económica entre las cooperativas eléctricas y el Municipio.
Su propuesta fue sumar fiscalizadores.
Pero quizá la oportunidad sea pensar algo más profundo.
En lugar de discutir eternamente quién debe ocupar la silla del controlador, Tres Arroyos podría discutir cómo construir un sistema donde esa silla deje de ser imprescindible para conocer los números.
Porque la transparencia no consiste solamente en sumar controles.
Consiste en que la información necesaria para controlar no pertenezca a unos pocos.
Cuando cualquier ciudadano pueda entrar, comprobar cuánto ingresó, cuánto salió, qué se compensó y cuál fue el saldo, la pregunta “¿quién controla?” empezará a perder importancia.
Porque controlar ya no dependerá de quién fue designado.
Dependerá de datos públicos que cualquiera pueda verificar.
Seguí ElTresArroyense. Las preguntas importantes no terminan cuando aparece una respuesta: empiezan cuando preguntamos si existe una forma mejor de hacerlo.
