En resumen, si andás corto de tiempo
El Senado tratará este jueves 16 de julio el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa elimina los topes nacionales para la compra de tierras rurales por extranjeros, delega la regulación en las provincias y también modifica expropiaciones, desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.
El Senado debatirá este jueves 16 de julio el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa enviada por el Gobierno nacional que modifica distintos regímenes vinculados con las tierras rurales, las expropiaciones, los desalojos, el manejo del fuego y los registros inmobiliarios.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de los límites nacionales que actualmente regulan la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. El dictamen de mayoría reemplaza ese esquema por uno en el que cada provincia podrá autorizar, restringir o prohibir esas operaciones dentro de su territorio.
Qué cambia para la compra de tierras por extranjeros
La Ley 26.737 establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También dispone que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo y fija un máximo de mil hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
El proyecto elimina esos límites federales. Si se convierte en ley, cada provincia podrá definir su propia regulación, lo que significa que algunas jurisdicciones podrían mantener restricciones y otras habilitar compras sin un porcentaje máximo nacional.
El dictamen conserva controles especiales para operaciones vinculadas con Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades controladas por gobiernos de otros países, con intervención del Poder Ejecutivo y de la provincia donde se encuentre el inmueble.
Expropiaciones más limitadas y mayores indemnizaciones
La iniciativa también endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar un bien. La declaración de utilidad pública deberá identificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida es necesaria, adecuada y proporcional.
Además, incorpora el lucro cesante dentro de las indemnizaciones cuando pueda acreditarse como una consecuencia directa de la expropiación. El valor deberá calcularse antes de cualquier anuncio estatal que pueda alterar el precio, actualizarse por inflación y sumar una tasa de interés fijada judicialmente.
El dominio no podría transferirse al Estado hasta que la indemnización sea pagada en su totalidad.
Cómo se acelerarían los desalojos
El proyecto transforma los juicios de desalojo en procesos sumarísimos y permite que un juez ordene la restitución anticipada del inmueble cuando considere verosímil el derecho del propietario. Para esa medida se reemplaza la caución económica por una caución juratoria, aunque el magistrado podrá exigir otra garantía cuando lo considere necesario.
En los casos de viviendas alquiladas por falta de pago, el texto aprobado en comisión amplió de tres a diez días el plazo mínimo de intimación previa al inquilino. También incorporó intervenciones específicas cuando haya niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
El capítulo que modificaba la protección de los barrios populares fue retirado durante el debate en comisiones. Por lo tanto, el dictamen mantiene la suspensión de los desalojos en los inmuebles registrados en el RENABAP hasta octubre de 2032.
Qué propone sobre las tierras incendiadas
La Ley de Manejo del Fuego impide durante determinados períodos cambiar el uso o vender terrenos afectados por incendios, con el objetivo de evitar maniobras inmobiliarias o productivas posteriores al fuego.
El dictamen mantiene las restricciones de 60 años para bosques nativos, áreas protegidas y humedales, pero elimina la prohibición de 30 años que alcanza a determinadas superficies rurales productivas.
Por qué el proyecto puede ser relevante para Tres Arroyos
Por el peso de la actividad agropecuaria y la extensión de su superficie rural, el cambio podría tener impacto en distritos como Tres Arroyos. Sin embargo, si la iniciativa es aprobada, el alcance concreto dependerá de las restricciones que decida establecer la provincia de Buenos Aires.
El proyecto ingresó al Senado el 27 de marzo y obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo, con modificaciones respecto del texto original del Poder Ejecutivo. Su tratamiento fue postergado en oportunidades anteriores y, según la información disponible antes de la sesión, el oficialismo todavía no tenía garantizados los votos necesarios para aprobarlo.
