🕐 En resumen, si andás corto de tiempo:
El Concejo Deliberante aprobó el plan “Tu Construcción en Regla”, una propuesta municipal para regularizar obras no declaradas. El municipio lo presenta como una oportunidad para los vecinos, con facilidades de pago y sin recargos. Sin embargo, opositores señalaron que el proyecto es “recaudatorio” y premia a quienes no cumplieron, olvidando a los que sí lo hicieron. Además, se conformará un equipo de inspectores municipales que recorrerán obras y viviendas para detectar irregularidades. Sin embargo, no se brindaron detalles concretos sobre las atribuciones legales de estos inspectores. ¿Podrán ingresar a viviendas o terrenos privados? ¿Actuarán bajo orden administrativa, judicial o criterio propio? ¿Cómo se evitará que su presencia derive en presiones indebidas o interpretaciones arbitrarias? El plan despierta preguntas sobre el equilibrio entre orden urbano y respeto por la propiedad privada.
📰 Noticia completa:
“Tu Construcción en Regla”: entre la regularización y el riesgo de avanzar sobre la propiedad privada
Esta semana, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó por mayoría el plan “Tu Construcción en Regla”, una iniciativa del municipio que busca regularizar construcciones no declaradas durante un plazo de 365 días, prorrogable por 180 días más. El objetivo declarado es facilitar que los vecinos pongan en regla sus viviendas, comercios u obras con beneficios como la eliminación de recargos y planes de pago accesibles.
Impulsado por la Secretaría de Hacienda y Planeamiento Urbano, el plan fue defendido por el oficialismo como una herramienta de ordenamiento urbano. “Queremos que los vecinos comiencen bien desde el primer paso de la construcción”, afirmó el secretario Sergio Garcimuño.
Sin embargo, durante su tratamiento en el Concejo, la iniciativa generó polémica. Desde Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza se criticó que el proyecto premie a quienes no cumplieron, en lugar de ofrecer incentivos a los contribuyentes que sí declararon sus construcciones en tiempo y forma. La concejal Daiana De Grazia fue tajante: “Esto es meramente recaudatorio”.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la creación de un nuevo equipo de fiscalización conformado por trabajadores municipales de distintas áreas. Este grupo tendrá la tarea de recorrer las calles, supervisar obras particulares, comercios, asfalto y otros aspectos urbanos. Según el municipio, estarán debidamente identificados y actuarán como enlace entre el vecino y el Estado.
Sin embargo, no se brindaron detalles concretos sobre las atribuciones legales de estos inspectores. ¿Podrán ingresar a viviendas o terrenos privados? ¿Actuarán bajo orden administrativa, judicial o criterio propio? ¿Cómo se evitará que su presencia derive en presiones indebidas o interpretaciones arbitrarias?
Estas preguntas abren un debate mayor: el equilibrio entre el orden urbano y el respeto por la propiedad privada. Porque declarar una construcción no debería implicar someterse a fiscalizaciones ambiguas, ni abrir la puerta a intromisiones en la vida de los vecinos sin las garantías correspondientes.
Por otro lado, el Movimiento Vecinal acompañó el proyecto pero advirtió que sin controles reales y políticas de largo plazo, este tipo de programas seguirán repitiéndose año tras año. “Si no hay fiscalización, esto se volverá habitual”, dijo el concejal Mariano Hernández.
En el fondo, lo que está en juego es más que un trámite o una tasa: es la confianza entre el ciudadano y el Estado. Ordenar la ciudad es una meta legítima. Pero hacerlo sin transparencia, sin igualdad ante la ley y con herramientas poco claras, es abrir la puerta a una peligrosa ambigüedad.
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