Uber funciona en Tres Arroyos desde principios de octubre, pero la discusión que el Concejo Deliberante prevé abordar en la votación anunciada para el jueves 5 de noviembre va más allá de permitir o prohibir una aplicación. ¿Cómo se protege al pasajero, qué condiciones tendrán que cumplir los choferes y quién controlará a la empresa? Las experiencias de Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y Rosario permiten poner a prueba esos interrogantes con antecedentes concretos.
El bloque oficialista de Fuerza Patria, a través del concejal Facundo Elgart, adelantó un proyecto con registro de conductores, licencia profesional, antecedentes penales, controles técnicos, seguro específico y tarifas acordadas en el ámbito privado. También permitiría que taxis y remises habilitados reciban viajes por Uber. Elgart también expresó reparos sobre la eventual flexibilización laboral asociada a este modelo. El interrogante es qué protección concreta tendrá el trabajador si la ordenanza se concentra en habilitaciones y controles de seguridad, pero deja la relación económica y las tarifas en el ámbito privado. Son los lineamientos anunciados públicamente, no una transcripción del articulado: al 1 de noviembre no se encontró publicada en el sitio oficial del Concejo una versión íntegra de la iniciativa ni el orden del día de la sesión del 5 de noviembre. La votación fue anticipada públicamente por Elgart y comunicada en la prensa local.
Bahía Blanca: bajó la cantidad de taxis, pero no está demostrado que haya sido por Uber
Un documento oficial de Bahía Blanca aporta una cifra relevante. En la Ordenanza 22.384, sancionada el 11 de junio de 2026, el municipio señaló que los taxis en actividad pasaron de 336 unidades en 2025 a unas 265 en 2026: 71 menos, una reducción aproximada del 21%. En el mismo expediente, el estudio municipal registró un aumento del 26,8% en los costos del servicio frente a abril de 2025, y se dispuso una actualización tarifaria del 30%.
Hay una distinción esencial: esos documentos no atribuyen la reducción de unidades a Uber. La caída también ocurre en un escenario de mayores costos, vehículos en receso y dificultades para sostener la actividad. El dato muestra la presión que atraviesa el transporte tradicional, no una relación causal demostrada con la aplicación.
Bahía Blanca aprobó el marco para plataformas mediante la Ordenanza 22.242 en noviembre de 2025. Tuvo una primera reglamentación en febrero de 2026 y la modificó en marzo para simplificar la inscripción. Permite autos de hasta 13 años, exige licencia profesional y seguro comercial. Pero también impone obligaciones a las empresas: controlar la documentación, informar periódicamente los conductores registrados, suministrar datos para la fiscalización y no asignar viajes a un conductor por más de 12 horas fraccionadas en 24 horas. La norma prevé responsabilidad solidaria de empresas, titulares y conductores por daños durante el servicio.
La implementación también dejó una lección sobre los plazos. Después de un sistema inicial con trámites presenciales, Bahía Blanca dispuso un registro digital y gratuito a través de Mi Bahía y un año desde la publicación de la nueva reglamentación para que los conductores completaran la inscripción. La flexibilización administrativa no eliminó los requisitos de seguridad previstos en la ordenanza.
Esta última diferencia es clave para Tres Arroyos: no basta con exigirle papeles al chofer si el municipio no puede comprobar que la plataforma efectivamente los controla.
Mar del Plata: las aplicaciones avanzaron antes que la regulación
Mar del Plata convivió durante años con Uber y otras aplicaciones mientras seguían las discusiones por su encuadre legal. El Concejo aprobó la Ordenanza 27.001 el 18 de junio de 2026, pero su reglamentación recién se publicó el 9 de octubre. Las empresas que ya operaban recibieron 45 días para iniciar su inscripción dentro de un período general de adecuación de 90 días. El nuevo régimen comenzará a regir plenamente el 6 de enero de 2027. La norma exige verificar documentación de los conductores y admite vehículos de hasta 15 años.
La reacción del transporte tradicional tampoco desapareció con la aprobación. El 26 de octubre, asociaciones de taxis y remises solicitaron un aumento tarifario del 27% y presentaron un estudio que estimaba una suba de costos del 30,4% desde diciembre de 2025. Sus representantes mencionaron la competencia de las aplicaciones entre los desafíos de la actividad. Es un reclamo sectorial y no prueba, por sí mismo, cuánto de la demanda perdió el taxi frente a Uber.
La norma de Mar del Plata también establece que las empresas, y no sólo los choferes, deben comprobar licencias, antecedentes, seguros y condiciones de los autos. Prevé responsabilidad solidaria de las plataformas ante las consecuencias jurídicas del servicio. Su experiencia advierte que aprobar una ordenanza y contar con controles efectivamente operativos son dos etapas diferentes. A noviembre de 2026, el nuevo sistema todavía atraviesa el período de adecuación, de modo que no corresponde atribuirle resultados sobre tarifas, seguridad o demanda que aún no fueron medidos. La regulación tampoco eliminó los desacuerdos económicos entre las distintas modalidades.
Tandil: los conductores de Uber también piden que el municipio intervenga
En Tandil, más de cien conductores de aplicaciones reclamaron a fines de octubre una regulación municipal. Denunciaron incertidumbre ante los controles y la posibilidad de que sus vehículos fueran retenidos. Mientras el Ejecutivo analizaba un proyecto de ordenanza, los propios trabajadores pidieron participar de la discusión y poder ejercer la actividad con reglas claras.
Una conductora entrevistada en esa ciudad describió la flexibilidad horaria como una ventaja, pero también ingresos muy variables según la demanda. Contó que en un viaje el pasajero pagó 1.300 pesos por una promoción mientras que a ella le correspondía una tarifa de 5.500 pesos. Es el relato de un caso particular, no un promedio general: sirve para entender que una promoción para el usuario no necesariamente significa que el conductor cobre esa misma suma.
Para Tres Arroyos, el antecedente plantea otra pregunta: además de conversar con remiseros y taxistas, ¿participaron en el diseño de la norma los vecinos que ya manejan mediante la aplicación?
Rosario: recién aprobó las reglas y busca obtener datos reales
Rosario aprobó la regulación de Uber y DiDi el 29 de octubre de 2026 por 18 votos a favor y 10 en contra. Los choferes que cuenten con licencia común B1 tendrán seis meses para obtener la profesional D1, con posibilidad de ampliar el plazo otros seis meses. También habrá un registro de empresas, controles técnicos, seguro específico y posibilidad de incorporar taxis y remises a las aplicaciones. No se fijó una tarifa mínima para los viajes por plataforma.
Hay un punto novedoso: las plataformas deberán entregar información anonimizada sobre viajes, recorridos y kilómetros, para que el municipio pueda observar el funcionamiento real del servicio. Antes de la votación, dirigentes del sector taxista estimaban que circulaban miles de vehículos vinculados con aplicaciones, pero no se trataba de un recuento oficial auditado. Justamente, la falta de información comprobable era parte del problema.
Al haberse aprobado hace apenas unos días, la ordenanza rosarina todavía no permite afirmar que bajaron los precios, mejoraron los tiempos de espera o aumentaron los ingresos de los conductores como consecuencia de la regulación.
¿Uber puede convivir con taxis y remises?
La convivencia no es solamente una hipótesis. En mayo de 2025, Uber informó que más de 17.000 taxistas argentinos utilizaban mensualmente su aplicación y que los viajes realizados por taxis representaban casi el 10% del total de viajes de la plataforma en el país. Son cifras comunicadas por la propia compañía, no verificadas aquí mediante un registro público independiente. Aun así, muestran que incorporarse a las aplicaciones también es una estrategia posible para parte del transporte tradicional.
La alternativa puede interesar a los prestadores locales, pero no garantiza por sí sola mayores ganancias: deberían evaluarse comisiones, costos de mantenimiento, cantidad de viajes y tarifas efectivamente cobradas.
Las reglas que Tres Arroyos ya tiene: una modificación de 2024 cambia la comparación
El punto de partida para discutir igualdad de condiciones no es la norma original de taxis y remises de 2017 sin modificaciones. La Ordenanza 7672, aprobada el 27 de junio de 2024, cambió el límite de antigüedad previsto en la Ordenanza 7066: actualmente pueden habilitarse vehículos de hasta 13 años desde su patentamiento y la habilitación caduca a los 15 años. Son los límites legales locales vigentes consultados, no los 8 y 10 años que establecía la redacción anterior. Aunque la página web de la Ordenanza 7066 todavía muestra en su cuerpo esos valores antiguos, la modificatoria 7672/2024 establece expresamente los nuevos topes.
Ese dato cambia el contraste. Mar del Plata estableció un máximo de 15 años desde el patentamiento para los autos de aplicaciones, mientras Bahía Blanca fija 13 años desde la fabricación. Por lo tanto, una eventual diferencia de trato no puede deducirse de comparar el régimen actual de Uber con los límites de antigüedad que Tres Arroyos dejó atrás en 2024.
La Ordenanza 7066 también establece para taxis y remises VTV de transporte de pasajeros al habilitarse y, como regla, renovación cada 180 días; desinfección cada 90 días; y licencia profesional para conductores mayores de 21 años, además de domicilio local, antecedentes y otros requisitos. Para las agencias de remises, exige local habilitado y una flota mínima de cuatro vehículos en la ciudad cabecera. A las unidades les requiere identificación exterior, mientras que a los conductores les exige identificación con fotografía dentro del auto. La norma dispone además obligaciones de traslado de personas con movilidad reducida para las agencias, con excepciones determinadas por la autoridad competente.
Que Uber tenga requisitos diferentes no demostraría por sí solo una injusticia: se trata de formas distintas de prestar y contratar viajes. Pero si el objetivo anunciado es asegurar condiciones equivalentes, la comparación debe hacerse requisito por requisito, sobre todo en seguridad, controles y responsabilidades.
Qué debe poder responder la propuesta oficialista
La antigüedad y la revisión técnica. Elgart anunció controles mecánicos equivalentes a los de remises. Falta conocer si el articulado adopta el límite local de 13 años para habilitar y 15 para permanecer, si exige VTV específica para pasajeros con la misma frecuencia y qué inspecciones realizará efectivamente el municipio.
Las obligaciones de Uber. En Bahía Blanca la plataforma debe fiscalizar documentación, informar periódicamente quiénes trabajan, suspender la asignación de viajes a quienes incumplen y suministrar datos al municipio; allí la empresa también comparte responsabilidad por daños con titulares y conductores. Mar del Plata responsabiliza expresamente a las empresas por la verificación de sus prestadores y vehículos. En Tres Arroyos se anunció un padrón de choferes, pero no se conoce públicamente si Uber deberá registrarse como empresa, designar un contacto local, proporcionar información o impedir que un conductor no habilitado reciba viajes.
La cobertura del pasajero. Se anticipó un seguro para transporte remunerado de personas. La cuestión no se agota en exigir una póliza: debe precisarse cómo se comprobará su vigencia y a quién podrá reclamar un pasajero ante un siniestro. La responsabilidad de la plataforma es un punto central que otras ciudades regulan expresamente.
Los requisitos para trabajar y el período de adaptación. Hoy el régimen local de taxis y remises exige ser mayor de 21 años, licencia profesional y domicilio real en el partido. ¿Se pedirán idénticas condiciones a quienes manejan por aplicaciones? ¿Habrá un plazo de adecuación para los que ya están trabajando? Rosario concedió seis meses, prorrogables otros seis, para pasar de la licencia común B1 a la profesional D1; Mar del Plata fijó 45 días para que las plataformas ya activas soliciten su inscripción y 90 días para la adecuación general; Bahía Blanca otorgó un año para completar el registro de conductores en su sistema digital reformulado.
La relación con el servicio tradicional. El proyecto permitiría que taxis y remises usen Uber, pero deberá resolver la compatibilidad de esa actividad con las reglas anteriores, incluidas las que restringen la afectación de vehículos a otros servicios. También debe determinarse qué obligaciones de las agencias se mantienen y cómo se evita que una habilitación se convierta en una formalidad sin controles.
La información para evaluar resultados. Rosario dispuso reportes periódicos y anonimizados para conocer cantidad y características de viajes. Si en Tres Arroyos los precios se acuerdan libremente, el municipio podría igualmente medir disponibilidad de vehículos, recorridos, tiempos de espera y evolución del servicio sin fijar tarifas. No se conoce si el proyecto local incorpora un mecanismo semejante.
Qué se puede esperar, y qué todavía no se puede asegurar
Tres Arroyos tiene una particularidad importante para el usuario: no cuenta actualmente con un servicio urbano regular de colectivos, por lo que disponer de otra alternativa de traslado puede ampliar las opciones, especialmente cuando hay pocos autos disponibles. En una entrevista publicada el 30 de octubre, uno de los primeros conductores locales de Uber habló de viajes de entre 2.300 y 2.500 pesos para determinados recorridos dentro de las cuatro avenidas y mencionó promociones. Son precios declarados por un chofer en un momento determinado; no constituyen una tarifa fija ni permiten concluir que todos los viajes serán más económicos que en remis.
La comparación entre ciudades deja una conclusión menos cómoda que la discusión entre estar a favor o en contra de Uber: la tecnología puede sumar una opción de traslado y una fuente de ingresos, mientras que los costos, los seguros, la competencia y la fiscalización siguen siendo problemas reales. El proyecto local deberá mostrar cómo se atenderá cada uno.
Para el 5 de noviembre se anunció la votación en el Concejo, aunque al cierre de esta revisión todavía no figuraba publicada en su web la agenda oficial de esa sesión. Antes de votar, la publicación del articulado completo permitiría verificar si los compromisos anunciados aparecen efectivamente escritos, qué responsabilidades asume cada actor y qué sanciones existirán por incumplir. Una regulación se evalúa por sus artículos y por la capacidad de hacerlos cumplir, no sólo por el acuerdo político que la acompaña.










Esperemos que cuando las regulen les impongan una tarifa como a los taxis, que en su cédula verde les pongan que son remises, pagar jubilación o monotributo, sacar registro profesional, (para esto sacar el certificado de no reincidencia, verificar el vehículo como transporte de pasajeros en el municipio en el cual van a prestar servicio y no hacerlo en los municipios donde no estén habilitados. Son algunas cositas además de tener un seguro que cubra al pasajero.