En resumen, si andás corto de tiempo
El expediente al que accedió este medio muestra que en Tres Arroyos no se buscó solo traer vuelos: también se intentó darle a Humming un beneficio concreto mediante exención de tasas locales. Ahí aparece la diferencia con otros distritos donde la empresa avanzó con apoyo operativo, comercial o político, pero donde no surge en acceso abierto un esquema tan explícito de alivio fiscal municipal. Mientras al vecino le aumentan las tasas, a Humming se la quiso hacer despegar con privilegios.
Noticia completa
La discusión por Humming Airways en Tres Arroyos ya no pasa solo por los vuelos. Pasa por el modelo. Porque una cosa es acompañar una nueva conexión aérea y otra muy distinta es hacerlo mientras se le suben las tasas al vecino y, al mismo tiempo, se intenta beneficiar a una empresa privada con exenciones locales.
Ese es el punto que vuelve especialmente sensible al expediente al que accedió este medio. Según esa documentación, la gestión de Pablo Garate elevó al Concejo un convenio para ratificar el acuerdo entre Humming Airways, la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos, con un punto central: eximir a la empresa del pago de tasas aeroportuarias municipales, contribuciones y gravámenes locales durante su período inicial de operación.
El contraste político es demasiado evidente como para disimularlo. Por un lado, el discurso oficial del déficit, la caja vacía y la necesidad de ajustar. Por el otro, un convenio que no pone el esfuerzo principal sobre la empresa que viene a hacer negocio, sino sobre un Estado local que resigna recursos y sobre una comunidad que viene de soportar aumentos de tasas.
Ahí aparece la primera conclusión del informe: en Tres Arroyos, Humming no fue presentada solo como una oportunidad comercial o de conectividad. Fue tratada, además, como una empresa a la que había que darle condiciones especiales.
En otros municipios, el esquema fue distinto.
En Venado Tuerto, por ejemplo, lo que aparece públicamente es un acompañamiento operativo. El municipio trabajó sobre la pista, la seguridad, los controles y la coordinación técnica, mientras la empresa avanzaba con reuniones con sectores comerciales e industriales para vender pasajes. Es decir: apoyo para que el servicio funcione, no un beneficio tributario local expuesto de la manera en que aparece en Tres Arroyos.
Villa María muestra otra modalidad. Ahí hubo un involucramiento municipal fuerte, incluso en la comercialización, ya que la venta de pasajes quedó a cargo del Ente de Deporte y Turismo local. También se habló de un convenio entre la empresa y el municipio. Pero aun en ese caso, lo que aparece públicamente es un Estado metido en el armado del servicio, no una discusión local dominada por el perdón de tasas mientras a los vecinos se les exige más esfuerzo fiscal.
Villa Gesell, en cambio, marca una diferencia todavía más nítida. Allí el propio CEO de Humming dijo que la ruta no estaba subsidiada por el municipio y que la comuna solo se ocupaba del mantenimiento del aeropuerto. El respaldo económico, según esa versión, venía del sector privado local, que se comprometía a cubrir diferencias si no se alcanzaba determinada ocupación. O sea: privados sosteniendo el riesgo comercial de una empresa privada, no el municipio resignando ingresos propios.
Concordia y Paraná también fueron por otra vía. En esos casos, el peso principal del lanzamiento aparece más ligado a la provincia, la habilitación de aeropuertos y la articulación regional que a un esquema de privilegio fiscal municipal. En Concordia, la vuelta de los vuelos fue presentada como fruto del trabajo entre actores locales, intendentes de la región y el Gobierno de Entre Ríos. En Paraná, directamente la nueva ruta fue presentada de manera oficial por el Gobierno provincial junto a Humming. De nuevo: articulación institucional y política, sí; exención local explícita como la de Tres Arroyos, al menos en acceso abierto, no.
Por eso Tres Arroyos no se parece del todo al resto. No porque sea el único lugar donde Humming buscó aterrizar con ayuda política. Eso pasó en varios lados. La diferencia está en otra parte: acá el expediente muestra un intento de trasladar parte del costo al sector público local justo cuando el mismo gobierno justificó el tarifazo sobre los vecinos con el argumento de que no había plata.
Y ese doble criterio es el corazón del problema. Porque cuando el ajuste recae sobre el pueblo pero el alivio aparece para una empresa privada foránea, lo que queda expuesto no es solo una decisión administrativa. Queda expuesta una escala de prioridades.
La gestión Garate quiso instalar el tema como una discusión entre progreso y atraso, entre vuelos sí o vuelos no. Pero el punto más incómodo es otro: por qué el esfuerzo se le exige siempre al vecino y nunca en la misma medida al privado que llega a hacer negocio.
Si la conectividad era tan importante, había muchas maneras de impulsarla. Lo que vuelve político al expediente no es que busque vuelos. Es que, en una ciudad ajustada, el beneficio aparezca para arriba y la carga para abajo.
Eso es lo que vuelve a Tres Arroyos un caso distinto. En otros municipios, Humming fue acompañada. En Tres Arroyos, además, quisieron eximirla.
