En resumen, si andás corto de tiempo
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que permite allanamientos en domicilios para secuestrar motos u objetos que generen ruidos molestos. La oposición denunció que la norma es inconstitucional y arriesga juicios contra el municipio. El proyecto fue avalado principalmente por el dictamen del asesor letrado municipal Horacio Hid, el mismo abogado que defiende a Alejandro Barragán en la causa por incompatibilidad.
Además, varios concejales justificaron su voto diciendo “no soy abogado”, lo que fue duramente cuestionado: legislar sin comprender la profundidad jurídica del acto expone a la ciudadanía a decisiones tomadas desde la ignorancia técnica, sin consultar ni escuchar a quienes sí tienen formación en derecho.
Noticia completa
El Concejo Deliberante aprobó este jueves una ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo que habilita, bajo determinadas condiciones, allanamientos en domicilios particulares para secuestrar vehículos o elementos que produzcan contaminación sonora o configuraciones de conducción temeraria.
La norma establece que el juez de faltas podrá ordenar allanamientos con auxilio de la Policía de la Provincia o fuerzas federales, siempre que existan actas de constatación, pruebas fílmicas o testimonios que acrediten la conducta.
La justificación del Ejecutivo se centró en el “flagelo” de los ruidos molestos y las picadas, especialmente en motocicletas.
Un debate tenso y profundo: constitucionalidad, abusos y límites del Estado
La discusión se transformó rápidamente en una de las más fuertes del año. Varias voces expusieron preocupaciones jurídicas y políticas de peso.
La oposición apuntó contra la inconstitucionalidad
La concejal Dayana De Grazia (JxC) fue la más contundente:
– Recordó que el artículo 19 de la Constitución Nacional protege la privacidad del domicilio y que un juez de faltas no es un juez ordinario.
– Señaló que el juez de faltas es un cargo designado por el intendente y aprobado sin concurso, lo cual afecta su neutralidad.
– Sostuvo que esta ordenanza “es un delirio”, “sin pies ni cabeza” y que traerá “juicios asegurados”.
– Cuestionó que esta facultad permitiría ingresar no solo por motos, sino por “cualquier objeto que genere ruido”.
– Planteó el escenario donde alguien ingresa a la casa de su madre o un amigo: “¿Van a allanar la casa de un tercero por una moto ajena?”.
El concejal Moller (URyF) calificó la norma directamente como “un abuso absoluto del Estado”, y la comparó con prácticas históricas de controles autoritarios.
Giordano (LLA), por su parte, expresó dudas profundas vinculadas al peso de la palabra allanamiento en un país marcado por violaciones a los derechos individuales en su historia reciente.
Crítica dura al argumento “no soy abogado”: el límite de la responsabilidad pública
Varios concejales del oficialismo y aliados justificaron su voto diciendo que “no son abogados” y por eso se apoyaban en el dictamen del asesor letrado Horacio Hid.
Esa postura generó indignación en sectores de la oposición y dejó flotando una pregunta inevitable:
¿Cómo puede un concejal, que define normas que afectan derechos constitucionales, votar algo tan delicado amparándose en “no soy abogado”?
Ser concejal no es un rol decorativo. Es legislar sobre derechos, garantías, propiedad privada y uso de la fuerza pública. Cuando alguien electo para decidir sobre la vida cotidiana de miles de vecinos admite que no entiende la profundidad del acto legislativo, tiene dos caminos responsables:
- Consultar exhaustivamente a especialistas.
- Escuchar a quienes sí tienen formación jurídica dentro del recinto.
Votar algo tan drástico como un allanamiento domiciliario sin comprender plenamente sus implicancias no es una excusa: es una alerta democrática.
La frase “no soy abogado” puede ser honesta, pero también es peligrosa cuando sirve para tercerizar la responsabilidad política sobre decisiones que pueden terminar en juicios, nulidades o violaciones de derechos.
El dictamen del asesor letrado Horacio Hid, el eje del voto oficialista
Los concejales que acompañaron la ordenanza se apoyaron casi exclusivamente en el dictamen de Horacio Hid, asesor letrado de la Municipalidad, quien interpretó que la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución bonaerense habilitan allanamientos por razones de salubridad pública.
Según su lectura, el artículo 24 de la Constitución provincial permite que “autoridades municipales encargadas de vigilar reglamentos de salubridad” ordenen allanamientos con el fin exclusivo de hacer cesar la conducta.
Ese aval jurídico fue determinante para que el oficialismo y parte de Juntos por el Cambio votaran a favor.
El Movimiento Vecinal dividió argumentos internos
Hernández, León y Calvo defendieron el proyecto desde la necesidad práctica de frenar un problema que consideran “desbordado”, incluso reconociendo que no se sienten plenamente cómodos con la herramienta.
Para ellos, es “mejor dar herramientas que quedarnos sin hacer nada”.
Calvo reforzó su posición con la experiencia personal de un conocido fallecido en un siniestro vial.
Intento de girar el expediente a Asesoría General: rechazado
De Grazia propuso enviar el expediente a Asesoría General de Gobierno para obtener un análisis jurídico externo e independiente.
La moción fue rechazada por mayoría.
La votación
– Aprobado por mayoría.
– Una abstención: Giordano (LLA).
– Votos negativos: Juntos por el Cambio (De Grazia) y Unión Renovación y Fe (Moller).
¿Qué pensás vos sobre esta ordenanza?
¿Creés que es una herramienta necesaria para frenar el descontrol de motos y picadas?
¿O es un avance peligroso del Estado sobre la privacidad?
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