En resumen, si andás corto de tiempo
El Gobierno nacional adjudicó por 20 años el corredor Portuario Norte a CPC, la constructora vinculada a Cristóbal López, uno de los empresarios más identificados con el kirchnerismo. La empresa ganó una licitación pública por ofrecer una tarifa apenas $11 inferior a la segunda propuesta.
Javier Milei convirtió la lucha contra “la casta” en la bandera central de su llegada al poder. Sin embargo, el Gobierno que prometió terminar con los empresarios privilegiados por la política acaba de devolver al negocio de los peajes a uno de los nombres más emblemáticos del kirchnerismo.
El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, adjudicó a CPC S.A., la constructora vinculada a Cristóbal López, la concesión del tramo Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones.
El contrato tendrá una duración de 20 años.
Qué rutas administrará la empresa de Cristóbal López
La concesión comprende 528 kilómetros de rutas nacionales ubicadas entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El corredor incluye sectores de las rutas nacionales 9 y 33, además de la avenida de Circunvalación A-008 de Rosario. Se trata de una zona estratégica para la producción, el transporte de mercadería y el acceso a los puertos del Paraná.
CPC deberá encargarse de la explotación, administración, conservación, reparación y mantenimiento de las rutas. A cambio, podrá recaudar los peajes correspondientes al corredor.
La adjudicación fue formalizada el 28 de julio mediante la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Caputo.
CPC ganó la concesión por una diferencia de apenas $11
La empresa de Cristóbal López presentó una tarifa de $1.856 sin IVA y quedó primera en el orden de mérito.
La segunda oferta, presentada por el consorcio integrado por Panedile, Supercemento y Eleprint, fue de $1.867 sin IVA.
La diferencia fue de apenas $11, menos del 1%.
No se trata del valor completo del contrato, sino de la tarifa ofertada dentro del procedimiento utilizado para definir qué empresa se quedaría con la concesión.
Según la resolución oficial, la comisión evaluadora consideró que CPC cumplía las condiciones establecidas y había presentado la propuesta económicamente más conveniente. El dictamen tampoco recibió impugnaciones.
Cristóbal López, uno de los empresarios más ligados al kirchnerismo
Cristóbal López no es un empresario desconocido ni un recién llegado a los negocios con el Estado.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en uno de los empresarios más identificados con el poder político. A través del Grupo Indalo desarrolló negocios vinculados con el juego, los combustibles, los medios de comunicación, la construcción y la obra pública.
CPC fue una de las empresas centrales de ese grupo y ya había participado del negocio de las concesiones viales.
Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner quedó al frente del acceso Ezeiza-Cañuelas. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, aquella concesión fue rescindida.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, la empresa regresa al mismo negocio y obtiene un contrato que puede extenderse durante las próximas dos décadas.
López también se encuentra acusado en el juicio por la causa Cuadernos. En abril de 2026 declaró ante el tribunal, negó haber pagado sobornos y sostuvo que la investigación fue armada en su contra.
El discurso anticasta frente a la adjudicación
Milei cuestionó en reiteradas oportunidades la relación entre los gobiernos kirchneristas y los empresarios que crecieron gracias a contratos, regulaciones y decisiones del Estado.
Incluso habló de una “casta de empresarios prebendarios protegidos por el poder político”.
La adjudicación a CPC no demuestra por sí sola que haya existido un arreglo o direccionamiento. La empresa participó de una licitación pública, compitió con otras compañías y presentó la tarifa más baja.
Pero la contradicción política es difícil de esconder.
El Gobierno que llegó prometiendo terminar con la casta terminó adjudicándole una concesión por 20 años a la empresa de uno de los empresarios que mejor representa el vínculo entre el kirchnerismo, la obra pública y los negocios con el Estado.
No es una denuncia de corrupción. Es el regreso, con la firma del gobierno libertario, de uno de los nombres que el discurso anticasta prometía dejar atrás.
¿La adjudicación contradice el discurso de Milei o el Gobierno simplemente eligió la oferta más conveniente? Dejá tu opinión.
