Intervenir para proteger a un alumno puede terminar exponiendo a quien realiza la denuncia. Esa es la situación que docentes de Tres Arroyos y la región pusieron sobre la mesa durante una asamblea realizada en la Plaza San Martín, donde denunciaron la falta de protección efectiva frente a posibles represalias cuando actúan ante situaciones de violencia familiar o abuso infantil.
El planteo surgió el jueves 29 de octubre, durante la jornada nacional de protesta convocada por CTERA para exigir justicia por el asesinato de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes.
Sin embargo, la movilización permitió visibilizar una problemática que, según manifestaron las trabajadoras de la educación, también afecta a las escuelas de Tres Arroyos: el riesgo que asumen cuando intervienen para proteger a sus estudiantes y terminan enfrentándose a las personas denunciadas.
Cuando denunciar un abuso también implica exponerse
Las escuelas cumplen un papel fundamental en la detección de situaciones de violencia contra niños y adolescentes. Muchas veces, los docentes son quienes advierten cambios de comportamiento, reciben relatos de sus alumnos o identifican señales que requieren la intervención de los organismos correspondientes.
Pero esa responsabilidad puede colocarlos en una situación especialmente delicada.
Durante la asamblea, las docentes denunciaron que, cuando intervienen ante presuntos abusos o situaciones de violencia intrafamiliar, pueden quedar expuestas a represalias por parte de las familias involucradas.
El problema, según señalaron, es la ausencia de mecanismos de resguardo que resulten efectivos en esas circunstancias. Son las propias trabajadoras quienes terminan asumiendo las consecuencias personales de intervenciones que forman parte de su responsabilidad profesional.
La preocupación no se limita a cómo realizar una denuncia, sino a qué sucede después: quién acompaña al docente, qué medidas se adoptan si recibe amenazas y cómo se garantiza su seguridad mientras continúa trabajando.
La violencia contra los docentes ya había motivado otro paro
El reclamo no aparece de manera aislada.
El pasado 1.º de octubre, docentes de Tres Arroyos también participaron de un paro provincial convocado después de una agresión sufrida por una directora de jardín de infantes en Trenque Lauquen.
En aquella oportunidad, la representante local de SUTEBA, Gabriela Irigoin, advirtió sobre el temor que atraviesan los trabajadores de la educación y la necesidad de adoptar medidas para prevenir nuevos episodios de violencia.
Se trata de situaciones diferentes, pero que exponen una preocupación compartida: la seguridad de quienes trabajan en las escuelas frente a conflictos que pueden derivar en agresiones o amenazas.
La problemática también llevó al Gobierno bonaerense y a los gremios docentes a incorporar, en julio de 2026, nuevas medidas de prevención y resguardo dentro de los acuerdos paritarios.
Sin embargo, la existencia de herramientas institucionales no elimina el reclamo expresado por las docentes de Tres Arroyos sobre la protección que reciben en la práctica.
¿Quién protege a los docentes después de una denuncia?
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una guía de intervención para situaciones de vulneración de derechos en el ámbito escolar y con acuerdos específicos destinados a proteger a los trabajadores frente a hechos de violencia.
Pero la denuncia realizada en Tres Arroyos pone el foco en una cuestión que va más allá de la existencia de esos instrumentos: la protección efectiva de quienes deben intervenir cuando un alumno atraviesa una situación de riesgo.
Por el momento, no se difundieron cifras que permitan establecer cuántos docentes del distrito atravesaron represalias vinculadas con denuncias por abuso o violencia familiar, ni cuántas situaciones requirieron medidas especiales de protección.
Tampoco se cuenta con información pública específica que permita determinar cómo se aplicaron los mecanismos de resguardo en esos casos.
Esos datos resultan necesarios para dimensionar el problema denunciado y conocer cuál es la respuesta institucional.
Un reclamo que también involucra la protección de los alumnos
La situación plantea una preocupación que excede las condiciones laborales.
Cuando una escuela detecta señales de posible abuso o maltrato, su intervención puede resultar decisiva para activar los mecanismos de protección de un niño o adolescente.
Por eso, garantizar la seguridad de quienes advierten y comunican esas situaciones no es solamente una cuestión vinculada con los derechos laborales: también forma parte de las condiciones necesarias para proteger a los estudiantes.
La asamblea del 29 de octubre dejó expuesta una demanda concreta de las docentes de Tres Arroyos: poder intervenir ante situaciones de violencia y abuso sin quedar desprotegidas frente a posibles represalias.
Porque proteger a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los alumnos también es una forma de proteger a los chicos.
Si sos docente y atravesaste una situación de violencia o represalias vinculada con tu trabajo, podés comunicarte con ElTresArroyense para compartir tu experiencia de manera reservada, sin divulgar datos que permitan identificar a menores de edad.
