El Gobierno de Javier Milei negocia una nueva versión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, que reduce el alcance de las sanciones previstas para empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas. La modificación llega después de los reparos de bloques aliados y de la preocupación expresada por Estados Unidos por el posible impacto sobre sus compañías.
La iniciativa todavía no es ley. Los cambios circulan en borradores de trabajo y pueden modificarse antes de que las comisiones de la Cámara de Diputados firmen un dictamen.
A qué empresas alcanzarían las sanciones por Malvinas
El proyecto original contemplaba prohibiciones y penalidades para compañías que participaran directa o indirectamente en actividades no autorizadas en Malvinas y otros espacios marítimos reclamados por la Argentina. La versión negociada busca concentrar la responsabilidad en las operadoras, licenciatarias, accionistas directos y proveedores involucrados de manera concreta en esas actividades.
Según las modificaciones difundidas, un proveedor quedaría alcanzado cuando sus bienes o servicios resultaran indispensables para la actividad cuestionada y conociera, o no pudiera razonablemente desconocer, su destino. También se prevén excepciones para determinados accionistas minoritarios y para fondos de inversión sin capacidad de decisión sobre las empresas.
Uno de los casos detrás del debate es Sea Lion, el proyecto petrolero promovido por la británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas próximas a las islas. El alcance de las sanciones preocupa a compañías y fondos con inversiones compartidas en distintos emprendimientos internacionales.
Qué expresó Estados Unidos sobre la Ley Malvinas
El 22 de octubre, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau reconoció públicamente que Washington seguía con interés el proyecto para resguardar los intereses de sus empresas. Lo hizo en una conferencia de prensa con el canciller Pablo Quirno y aclaró que su país respetaba el proceso legislativo argentino.
La coincidencia entre esos planteos y las modificaciones negociadas es uno de los ejes de la discusión política. Sin embargo, Landau no formuló públicamente una exigencia formal de retirar la iniciativa. El Gobierno también necesita acordar cambios con otros bloques para reunir las firmas del dictamen.
Los otros cambios y cuándo vuelve a tratarse
La discusión no se limita a las sanciones económicas. El nuevo texto contempla una comisión bicameral de seguimiento, con diputados y senadores, para controlar decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. También reformula el apartado sobre injerencia extranjera en procesos políticos y prevé excluir expresamente de esa figura a la actividad periodística y la investigación académica.
Para este martes 27 de octubre, a las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de Diputados. El oficialismo buscará avanzar hacia un dictamen, aunque el acuerdo todavía no está garantizado. Solo después del trámite legislativo podría determinarse qué sanciones quedarán efectivamente vigentes.
Cómo buen vende patria tira la bomba (de humo) y por atrás arregla todo para los yanquis, sus seguidores re contentos!!!!!