La derogación de la Ley de Etiquetado Frontal no abre solamente una discusión sobre nutrición. Abre una pregunta más incómoda: quién gana cuando el consumidor tiene menos advertencias visibles frente a la góndola.
Introducción
A simple vista, puede parecer un tema menor. Unos octógonos negros en paquetes de galletitas, gaseosas, cereales, snacks o yogures. Pero la discusión es bastante más profunda.
El Gobierno impulsa la derogación total de la Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, y propone avanzar hacia una regulación unificada en el Mercosur. En sus fundamentos, plantea que el sistema actual genera información confusa, no incentiva de manera eficiente la reformulación de productos y afecta la competitividad comercial.
Pero si la ley fuera apenas una cuestión de diseño en los envases, la discusión sería técnica. El punto es que no regula solo etiquetas: también limita estrategias de marketing, publicidad infantil, uso de personajes en paquetes y venta o promoción de ciertos productos en escuelas.
Ahí empieza la verdadera discusión.
No son solo octógonos: es información en la góndola
La Ley de Etiquetado Frontal obliga a advertir en la cara principal de los envases cuando un producto tiene exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías.
Eso cambia algo muy concreto: el consumidor ya no tiene que descifrar una tabla nutricional escondida al dorso del paquete. La advertencia aparece adelante, grande, simple y difícil de esquivar.
Ese es el punto que incomoda.
Porque una cosa es vender un producto con colores, personajes, frases saludables y promesas de energía. Otra cosa es venderlo con un sello negro que dice “exceso en azúcar” o “exceso en sodio” antes de que el comprador llegue a la caja.
La parte que menos se menciona: chicos, escuelas y publicidad
La ley vigente prohíbe que los productos con sellos usen personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, regalos, premios o elementos que incentiven especialmente el consumo en chicos. También limita la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y prohíbe ofrecer, vender, publicitar o promocionar esos productos en escuelas de nivel inicial, primario y secundario.
Entonces la derogación no significa solamente sacar los octógonos.
Significa liberar un terreno mucho más sensible: la capacidad de la industria alimenticia para volver a competir por la atención de los chicos con envases más atractivos, promociones, personajes y publicidad.
La Universidad Nacional de La Plata advirtió justamente que la eliminación de la ley permitiría nuevamente estrategias de marketing orientadas a captar la atención infantil mediante personajes, colores llamativos, promociones y publicidades agresivas.
La pregunta de fondo: ¿salud pública o libertad comercial?
El Gobierno presenta el cambio como una necesidad de simplificar, armonizar con el Mercosur y reducir obstáculos al comercio. En el proyecto se menciona que la ley actual afectaría la competitividad, encarecería productos importados y generaría problemas para exportadores.
Ese argumento no es menor: muestra que el centro de la preocupación oficial no está puesto únicamente en la salud o en la información del consumidor, sino también en el impacto económico para las empresas.
Del otro lado, sociedades médicas y organizaciones de salud pública advierten que derogar la ley sería un retroceso. La Sociedad Argentina de Cardiología pidió preservar el etiquetado frontal como herramienta de prevención cardiovascular y señaló que su eliminación también afectaría la regulación de publicidad dirigida a niños, entornos escolares saludables y educación alimentaria.
Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicas también rechazaron la derogación, al sostener que la norma no solo protege la salud sino también el derecho a la información.
Qué hay detrás del intento de derogar la Ley de Etiquetado Frontal
Detrás de esta discusión hay una tensión clásica: el derecho del consumidor a saber contra el derecho de las empresas a vender con menos restricciones.
La ley no prohíbe comprar. No prohíbe vender. No impide que alguien elija una gaseosa, una golosina o un paquete de galletitas. Lo que hace es obligar a que determinada información aparezca clara, visible y antes de la compra.
Por eso la pregunta no es si los octógonos son lindos o feos.
La pregunta es si una política pública que incomoda a la industria alimenticia debe ser corregida, mejorada o directamente eliminada.
Y ahí aparece el dato político: el Gobierno no está proponiendo una reforma parcial. Está impulsando la derogación completa de la ley y sus normas complementarias.
Editorial
El intento de derogar la Ley de Etiquetado Frontal no parece una simple discusión nutricional. Es una decisión sobre el poder.
Poder para informar.
Poder para vender.
Poder para influir sobre los chicos.
Poder para decidir qué ve una persona cuando agarra un producto de la góndola.
Los octógonos negros pueden parecer un detalle. Pero a veces un detalle alcanza para mostrar qué intereses se están moviendo detrás de una ley.
