La marcha universitaria del 12 de mayo vuelve a poner en la calle una discusión que el Gobierno intenta reducir a números: cuánto cuesta sostener la universidad pública. Pero el verdadero debate es otro: cuánto le cuesta a un país destruirla.
La convocatoria tendrá su eje en Plaza de Mayo desde las 17 y se replicará en distintos puntos del país. Será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio del gobierno de Javier Milei y tendrá como reclamo central la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propia UBA convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad a acompañar la movilización en defensa de la universidad pública y gratuita. En su resolución, reclamó la implementación inmediata de la ley y la recomposición urgente de los salarios docentes y nodocentes.
La universidad pública no reclama un privilegio: reclama una ley
El conflicto no nace de una consigna vacía. La Ley 27.795, registrada oficialmente como Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, existe y fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025.
La norma establece que el Estado debe garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública, actualizar gastos de funcionamiento, recomponer salarios docentes y no docentes, convocar paritarias y actualizar becas estudiantiles.
Ahí está el punto central. La universidad pública no está pidiendo un privilegio. Está reclamando que se aplique una ley.
Y cuando un gobierno decide no cumplir una ley porque no encaja con su programa de ajuste, el problema deja de ser presupuestario y pasa a ser institucional.
Salarios, presupuesto y vaciamiento académico
Los números explican por qué la protesta crece. Docentes y autoridades universitarias denuncian una pérdida salarial del 32%, falta de actualización en los gastos de funcionamiento y ausencia de paritarias.
También advierten que el deterioro empuja renuncias, pérdida de cargos y vaciamiento académico. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, por ejemplo, se denunciaron 438 cargos docentes perdidos desde diciembre de 2023.
Pero el daño no se ve solamente en los sueldos. Se ve en laboratorios que no pueden sostener investigaciones, hospitales universitarios en emergencia, becas que no alcanzan, edificios que se deterioran y estudiantes que empiezan a preguntarse si podrán seguir cursando.
Ese es el ajuste real: no el que aparece ordenado en una planilla de Excel, sino el que se traduce en menos oportunidades concretas.
El ajuste universitario también achica el país
El Gobierno suele presentar el recorte como una muestra de eficiencia. Pero hay una diferencia enorme entre ordenar el gasto público y desfinanciar estructuras que sostienen movilidad social, formación profesional, salud, ciencia y desarrollo.
La universidad pública argentina no es un gasto ornamental. Es una de las pocas herramientas que todavía permiten que alguien nacido lejos del privilegio pueda cambiar su destino.
Por eso la Marcha Federal Universitaria no interpela solo a estudiantes, docentes o rectores. Interpela a una sociedad entera. Porque incluso quien nunca pisó una facultad pública vive en un país atravesado por sus médicos, docentes, ingenieros, abogados, investigadores, arquitectos, comunicadores, científicos y profesionales formados allí.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿qué país queda si la universidad pública empieza a apagarse?
En Tres Arroyos, el recorte también se siente
En ciudades como Tres Arroyos, donde estudiar muchas veces implica esfuerzo familiar, viajes, alquileres o depender de propuestas regionales, el impacto del ajuste universitario no es abstracto.
Cada recorte nacional también achica horizontes locales. Menos presupuesto no significa solo menos dinero: significa menos futuro disponible.
Porque cuando una universidad pierde docentes, becas, investigación o capacidad de funcionamiento, no pierde solamente una institución. Pierden los estudiantes que todavía no llegaron, las familias que apuestan a la educación como salida y las ciudades que necesitan profesionales para desarrollarse.
No es solo presupuesto: es futuro
La marcha universitaria vuelve porque el conflicto no se resolvió. Y vuelve con una carga política mayor: ya no se trata únicamente de defender aulas abiertas, sino de advertir que sin universidad pública el país se vuelve más chico, más desigual y más dependiente.
El ajuste puede cerrar números por un tiempo. Pero si para hacerlo rompe educación, ciencia y oportunidades, el costo lo va a pagar una generación entera.
