En resumen, si andás corto de tiempo
La Secretaría de Seguridad volvió a pedir denuncias por motos con escapes modificados, explosiones y aceleraciones que superen los decibeles permitidos. El aviso oficial indica que los vecinos pueden llamar al 147 o al 2983-383837 y advierte que, con actuaciones e investigaciones previas, se pueden solicitar allanamientos en viviendas vinculadas a estas infracciones.
El problema de los ruidos es real y afecta la convivencia, el descanso y la salud. Pero el punto más delicado sigue siendo el mismo que este medio marcó cuando se debatió la ordenanza: el Municipio intenta usar una herramienta extrema, como el ingreso a una vivienda, para perseguir una infracción administrativa.
Noticia completa
La Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos difundió una nueva comunicación sobre los ruidos molestos generados por motos con caños de escape modificados, explosiones de escape y aceleraciones que superan los decibeles permitidos.
En el mensaje oficial, el Municipio pidió que quienes escuchen este tipo de situaciones y sepan dónde se producen realicen la denuncia al 147 o al 2983-383837. Además, remarcó que, a partir de las actuaciones e investigaciones correspondientes, ahora también se pueden solicitar allanamientos en viviendas vinculadas a estas infracciones.
El anuncio no aparece de la nada. Es la continuidad de la ordenanza aprobada en noviembre de 2025, impulsada desde la Secretaría de Seguridad, que habilitó al Juzgado de Faltas a avanzar con procedimientos para secuestrar motos, vehículos o elementos que generen contaminación acústica.
La norma presenta el tema como una cuestión de “salubridad pública” y define como conductas alcanzadas la circulación con escapes libres, modificados, defectuosos, sin silenciador o utilizados para provocar ruidos. También incluye maniobras temerarias, picadas y alteraciones sonoras nocivas.
El punto más sensible está en el mecanismo de allanamiento. La ordenanza establece que el Juez de Faltas, mediante resolución fundada, puede solicitar auxilio policial para instrumentar la medida. Para hacerlo, debe reunir actas de constatación, prueba fílmica, denuncias, testimonios y datos que permitan identificar al conductor, el vehículo y el domicilio.
Es decir: según la propia norma, no alcanza con una queja vecinal aislada. Tiene que haber una actuación previa. Pero el problema institucional sigue abierto: se trata de habilitar el ingreso a una vivienda por una infracción que no es un delito penal, sino una falta administrativa.
Cuando el proyecto fue presentado, el secretario de Seguridad, Juan Apolonio, sostuvo que la Justicia ordinaria no intervenía en estos casos y que los inspectores quedaban sin herramientas cuando el infractor ingresaba a su domicilio. La respuesta oficial fue buscar una vía para permitir el secuestro del vehículo dentro de una propiedad privada.
Este medio ya había advertido entonces que el problema de las motos ruidosas es real, pero que la solución propuesta abre un precedente peligroso: si el ruido justifica un allanamiento, la frontera entre control municipal y vulneración del domicilio privado queda demasiado borrosa.
La ordenanza incluso incluye una campaña de prevención en materia de tránsito. Sin embargo, hasta ahora el mensaje público más fuerte no fue una campaña sostenida de concientización sobre el daño que provocan estos sonidos, sino la posibilidad de denunciar y avanzar sobre domicilios particulares.
El ruido de las motos con escapes modificados afecta el descanso, la convivencia y puede impactar con especial fuerza en personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y vecinos dentro del espectro autista. Pero una política pública seria no debería limitarse a la sanción extrema: también debería incluir educación, controles constantes en la vía pública, secuestros en flagrancia, multas proporcionales y cursos obligatorios de concientización para infractores.
La pregunta de fondo no es si hay que actuar contra las motos ruidosas. Sí, hay que hacerlo. La pregunta es hasta dónde puede llegar el Municipio para resolverlo.
Porque una cosa es controlar, multar y secuestrar vehículos cuando la infracción se constata en la calle. Otra muy distinta es naturalizar que una falta municipal pueda terminar con el Estado ingresando a una vivienda.
