En resumen, si andás corto de tiempo
La nueva ordenanza de patrimonio generó fuertes cruces en el Concejo. Moller y Piacquadío cuestionaron aspectos legales y sancionatorios, Giordano respondió señalando que no habían participado de las comisiones y, tras un empate, Mara Redivo definió que el proyecto volviera a comisión para seguir buscando consenso.
La nueva ordenanza de patrimonio de Tres Arroyos terminó convirtiéndose en uno de los debates más intensos de la última sesión del Concejo Deliberante. El proyecto, trabajado durante meses por la Comisión Municipal de Patrimonio junto con concejales, áreas municipales y entidades profesionales, llegó al recinto con respaldo de varios de sus integrantes, pero también con objeciones que abrieron una fuerte discusión.
Gustavo Moller y Vanesa Piacquadío plantearon cuestionamientos concretos sobre el contenido de la iniciativa. Moller pidió que el expediente volviera a comisión para revisar especialmente posibles conflictos de competencias y el régimen de sanciones, mientras que Piacquadío sostuvo que distintos artículos podían afectar la propiedad privada, el debido proceso y la división de poderes.
Qué propone la nueva ordenanza de patrimonio
El proyecto crea un régimen integral para identificar, registrar y proteger bienes materiales e inmateriales del partido. Incluye edificios, sitios históricos, espacios públicos, paisajes, archivos, objetos y manifestaciones culturales que puedan tener valor histórico, arquitectónico, ambiental, social o identitario.
También establece un inventario y un registro municipal de patrimonio, con distintos niveles de protección y procedimientos especiales para intervenir sobre determinados bienes.
Uno de los puntos que generó mayor discusión alcanza a solicitudes de demolición total o parcial sobre inmuebles con 50 años o más de antigüedad. En esos casos, el proyecto obliga a comunicar el expediente a la Comisión Municipal de Patrimonio y prevé una protección preventiva de hasta 45 días hábiles, prorrogable una sola vez por otros 45 días.
Moller cuestionó las sanciones y pidió seguir trabajando el proyecto
Moller aclaró que compartía el objetivo general de proteger el patrimonio e incluso consideró que el proyecto estaba bien trabajado, pero advirtió que había aspectos que debían precisarse antes de aprobarlo.
Uno de sus principales cuestionamientos fue el régimen sancionatorio. La iniciativa contempla multas de entre 500 y 10.000 salarios municipales categoría 2 y establece responsabilidad solidaria para profesionales, empresas, directores de obra, ejecutores y otras personas que participen de una intervención irregular.
También habilita el secuestro o decomiso de herramientas, maquinarias, vehículos y otros elementos utilizados. Moller consideró excesivo que esa responsabilidad pudiera alcanzar incluso a trabajadores que realizan una tarea sin conocer la situación patrimonial del inmueble y pidió que el texto regresara a comisión.
Piacquadío apuntó contra el impacto sobre la propiedad privada
Piacquadío, sostuvo que nadie se oponía a proteger la identidad y la historia de Tres Arroyos, pero afirmó que el instrumento elegido era desproporcionado.
Durante su exposición cuestionó la amplitud de la definición de patrimonio, el régimen preventivo para inmuebles antiguos, las multas previstas y la participación de la Comisión Municipal de Patrimonio en determinados procedimientos administrativos.
Según su postura, algunos artículos podían vulnerar garantías vinculadas con la propiedad privada, el debido proceso y la división de poderes. También advirtió sobre posibles consecuencias para obras, inversiones y actividades comerciales. Por esos motivos anunció su voto negativo.
Giordano respondió cuestionando a quienes no participaron de las comisiones
Alberto Giordano, integrante de La Libertad Avanza, defendió con firmeza la ordenanza y sostuvo que el proyecto había sido elaborado durante meses con participación de concejales, funcionarios y entidades profesionales.
Pero frente a las objeciones planteadas por Moller y Piacquadío, su intervención se concentró en cuestionar que quienes criticaban la iniciativa no habían participado de las reuniones de la Comisión de Patrimonio.
Giordano sostuvo que nunca los había visto trabajar en esas reuniones y reprochó que buscaran invalidar en el recinto un proyecto que llevaba meses de elaboración. Moller respondió que los concejales tienen derecho a analizar y cuestionar una norma en la instancia que consideren correspondiente y reiteró que sus observaciones buscaban advertir sobre aspectos que podían generar conflictos judiciales para el Municipio.
El intercambio elevó el tono del debate y desplazó parte de la discusión desde el contenido de las objeciones hacia la participación o no de los concejales en el proceso previo de elaboración.
Calvo defendió el trabajo realizado durante meses
Roxana Calvo defendió el proceso de elaboración de la ordenanza y destacó la cantidad de reuniones extraordinarias realizadas. Señaló que participaron representantes de los bloques políticos, funcionarios municipales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Asesoría Letrada municipal y el Juzgado de Faltas.
Calvo rechazó que el proyecto fuera producto de una decisión improvisada y cuestionó que algunas objeciones aparecieran recién en el recinto. María Cecilia Del Águila, presidenta de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, también sostuvo que el expediente no había tenido un tratamiento exprés y defendió el trabajo previo.
Elgart pidió consenso y Redivo definió que el proyecto siguiera en comisión
Facundo Elgart tomó una posición diferente frente al enfrentamiento. Reconoció el trabajo realizado sobre la ordenanza, pero consideró razonable escuchar las dudas legales planteadas y continuar analizándola con la intención de alcanzar un mayor consenso.
Martín Rodríguez Blanco también acompañó esa mirada. Aunque había participado del trabajo de la Comisión de Patrimonio, admitió que podían existir cuestiones no advertidas previamente y consideró que demorar algunos días el tratamiento no modificaba el objetivo de fondo.
Cuando se puso a consideración la moción para devolver el expediente a comisión, la votación terminó empatada.
La presidenta del Concejo Deliberante, Mara Redivo, utilizó entonces su voto para desempatar y decidió que el proyecto regresara a comisión. De esta manera, la ordenanza no fue aprobada ni rechazada definitivamente: continuará siendo discutida antes de volver al recinto.
El resultado terminó imponiendo la búsqueda de consenso por sobre una votación inmediata, después de una sesión atravesada por diferencias jurídicas, políticas y fuertes cruces personales alrededor de una norma que pretende definir cómo se protegerá el patrimonio de Tres Arroyos.
¿Creés que Tres Arroyos necesita mayores herramientas para proteger su patrimonio o que una ordenanza de este tipo puede generar demasiadas restricciones a los propietarios?
Si hay una ley nacional y pcial debería el municipio adherir a la ley, y se termina el debate, las leyes están por encima de toda ordenanza!!
Recién terminó una reunión de debate sobre las nuevas instrumentación de reglas en la construcción con temas civiles y eléctricos que compete a los técnicos y el municipio!! Este proyecto de ordenanza tiene muchos grises en lo legal y lo único que van a lograr si la aplican como está en este momento planteada será en algunos casos usar de rehenes a muchos ciudadanos en las propiedades que son privadas y lo que es peor generar una problemática al momento de la venta de un inmueble!!