Informe sobre el rendimiento institucional, el uso del tiempo público y el acceso ciudadano a los proyectos del Concejo Deliberante de Tres Arroyos.
El Tresarroyense no está loco: esto ya se hace en otros lugares
El planteo no consiste en inventar una herramienta futurista ni en reclamarle al Concejo algo imposible. Otros municipios ya publican los proyectos desde que ingresan, antes de saber si serán aprobados, rechazados, modificados o enviados al archivo.
General Pueyrredon —Mar del Plata— posee una sección de “Últimos proyectos presentados” y una consulta pública por expediente. Allí puede verse la fecha de ingreso, el autor, el estado, las comisiones intervinientes y el texto original. Incluso permanece disponible un proyecto todavía girado a comisión y otro que finalmente fue archivado.
No es el único caso. El Concejo Deliberante de Bolívar mantiene una sección diferenciada de “Proyectos de ordenanzas y resoluciones”, con documentos descargables. La Municipalidad de Almafuerte también informa expresamente que su espacio digital permite consultar tanto los “proyectos presentados” como las ordenanzas aprobadas.
Por lo tanto, no estamos ante una discusión tecnológica. Estamos ante una decisión institucional.
Rendimiento institucional: una hora dedicada a leer proyectos
El análisis de los subtítulos de la sesión ordinaria del 6 de agosto permite establecer una medición aproximada. El fragmento disponible comprende 2 horas, 3 minutos y 31 segundos de sesión efectiva. Dentro de ese período, el secretario Marcelo León pasó alrededor de una hora leyendo proyectos, despachos y textos solicitados por los concejales.
| Lectura | Tiempo aproximado |
|---|---|
| Proyecto de preservación del patrimonio | 31 min 37 s |
| Proyecto referido a la deuda con proveedores | 3 min 26 s |
| Proyecto sobre ocupación del espacio público | 5 min 38 s |
| Restantes proyectos y asuntos | 19 min 20 s |
| Total | 60 min 01 s |
Es decir, aproximadamente el 48,6 % del fragmento analizado estuvo destinado a la lectura oral de documentación.
El caso más evidente fue el proyecto de preservación del patrimonio material e inmaterial: su lectura demandó más de media hora. Después del debate y de una votación empatada, la presidenta Mara Redivo desempató para que el expediente regresara a comisión.
La lectura permitió que el texto fuera escuchado, pero no dejó al ciudadano una copia para buscar un artículo, comparar versiones, revisar una definición o analizar posteriormente aquello que acababa de oír.
Uno leyendo y todo el cuerpo escuchando
La responsabilidad no debe personalizarse en Marcelo León. El secretario lee porque el reglamento lo establece en determinados casos o porque los propios concejales solicitan la lectura.
El problema es el rendimiento del método: durante esa hora, una persona lee y todo el cuerpo presente escucha. No es solamente una hora de trabajo individual. Es una hora multiplicada por cada concejal, funcionario y trabajador que necesita permanecer en la sesión.
Los proyectos que ingresan antes de la sesión pueden distribuirse previamente entre todos los concejales para que lleguen con el texto leído y estudiado. Al mismo tiempo, podrían publicarse en la web para que cualquier ciudadano también pueda leerlos. Así, durante la sesión bastaría con resumir su contenido y dedicar el tiempo al debate, en lugar de leerlos completos en voz alta.
La lectura completa puede ser razonable cuando se pretende tratar sobre tablas un texto presentado a último momento, especialmente si los concejales no pudieron conocerlo antes. Pero difícilmente pueda sostenerse como método habitual para proyectos que ya fueron ingresados, digitalizados, estudiados en comisión y distribuidos entre los bloques.
El propio Reglamento Interno dispone que:
- El orden del día debe enviarse a los concejales con 24 horas de anticipación —artículo 18—.
- Cada autor debe acompañar copias para los demás bloques —artículo 31—.
- Los proyectos de ordenanza solamente se leen antes de su giro a comisión si algún concejal lo solicita —artículo 46—.
- Un proyecto debe leerse cuando lo pide un concejal y otro acompaña la solicitud —artículo 83—.
- Los despachos de comisión sí deben ser leídos por Secretaría —artículo 86—.
Por eso, la lectura completa no siempre es una obligación automática. En varios casos es una decisión solicitada por los propios integrantes del cuerpo. Y cuando el reglamento efectivamente obliga a leer, el Concejo tiene facultades para modernizarlo.
Escuchar no equivale a tener acceso
La orden del día del 6 de agosto informa el número de expediente, quién lo presentó y una descripción breve. Pero no incorpora un enlace al texto original de cada iniciativa.
Por eso se produce una contradicción: el ciudadano puede escuchar durante media hora cómo se lee un proyecto, pero después no encuentra ese mismo documento para volver a leerlo.
La oralidad es pública, pero es fugaz. La transparencia real requiere que la información también pueda ser:
- consultada antes, durante y después de la sesión;
- buscada por número, fecha, autor o tema;
- descargada y compartida;
- comparada con sus modificaciones;
- seguida durante su paso por las comisiones;
- consultada aunque el proyecto sea rechazado, retirado o archivado.
Publicar únicamente las ordenanzas sancionadas permite conocer el resultado final. No permite controlar el proceso legislativo ni saber qué propuso cada bloque y qué ocurrió con esa propuesta.
Los expedientes ya están digitalizados
Tres Arroyos ni siquiera tendría que comenzar desde cero.
En los fundamentos de la Ordenanza 7485/2022, el propio Concejo dejó escrito que “se han digitalizado todos los expedientes de las diferentes Comisiones”, precisamente para facilitar el tratamiento de proyectos sobre tablas.
En esa misma ordenanza sostuvo que el trabajo legislativo debe ser abierto, transparente y conectado con los vecinos.
El material, entonces, ya se encuentra digitalizado para el funcionamiento interno. Lo que falta es abrir una ventana para que también pueda verlo quien lo financia: el ciudadano.
El costo no es solamente la luz y la calefacción
Sería poco serio asignarle una cifra exacta a esa hora sin conocer los gastos operativos del Concejo. Además, parte de los salarios y del mantenimiento del Palacio Municipal son costos fijos que existirían igualmente.
Pero eso no significa que la hora sea gratuita.
Una sesión moviliza personal, iluminación, calefacción, equipos, transmisión, mantenimiento y uso del edificio. Todo se sostiene con recursos públicos. Y, fundamentalmente, existe un costo de oportunidad: mientras el cuerpo escucha una lectura que podría haber recibido previamente en formato digital, no está debatiendo, controlando al Ejecutivo ni avanzando sobre otros asuntos.
La pregunta no es solamente cuánto cuestan sesenta minutos de Palacio Municipal. La pregunta es qué otra tarea legislativa podría haberse realizado durante esos sesenta minutos.
El vecino no debería seguir financiando un método ineficiente simplemente porque siempre se hizo de esa manera.
No hay que inventar la pólvora
Un sistema básico podría publicar cada proyecto en el momento de su ingreso e incluir:
- número de expediente;
- fecha de presentación;
- autor o bloque;
- texto original descargable;
- comisión a la que fue girado;
- modificaciones posteriores;
- despachos de mayoría y minoría;
- estado actual;
- votaciones;
- texto definitivo, en caso de ser aprobado.
En las sesiones ordinarias podría leerse solamente el número, el autor y el objeto del proyecto. La lectura completa quedaría reservada para situaciones justificadas: textos ingresados a último momento, modificaciones no distribuidas, tratamientos sobre tablas o pedidos expresamente fundamentados.
Cada punto del orden del día podría incluir un enlace y un código QR. Así, concejales, periodistas y vecinos tendrían delante exactamente el mismo documento.
El desafío para quienes piensan gobernar con eficiencia y transparencia
La oposición suele afirmar que podría administrar el Estado de una manera más eficiente, moderna y transparente. Es una posición legítima de cualquier espacio que pretende gobernar.
Pero el Concejo es precisamente el lugar donde puede comenzar a demostrarlo.
El planteo también alcanza al oficialismo: quien defiende una gestión transparente debería estar interesado en que los proyectos de su bloque y del Departamento Ejecutivo sean públicos desde el momento en que ingresan.
En la apertura del período legislativo, Mara Redivo afirmó que desde la Secretaría se habían impulsado herramientas para “modernizar la gestión legislativa”, promoviendo mayor transparencia y acceso a la información pública. Esa definición institucional puede leerse en el sitio oficial del Concejo.
El desafío ahora es convertir esas palabras en una medida verificable.
Tres Arroyos no necesita elegir entre eficiencia y transparencia. Publicar los proyectos permitiría mejorar ambas cosas: los concejales podrían llegar a la sesión con los textos leídos y los vecinos podrían conocerlos sin depender del bloque que los presentó, de un contacto personal o de una lectura oral de media hora.
El planteo ya está sobre la mesa. La pregunta es concreta:
¿Algún concejal hará llegar esta propuesta a las manos indicadas y presentará la reforma, o el vecino seguirá pagando —con recursos y tiempo público— para que una persona lea durante una hora lo que todos podrían haber recibido antes y cualquiera debería poder consultar en línea?
