La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto busca concentrar la misión principal del Banco Central en preservar el valor de la moneda y cerrar las vías de financiamiento directo al Tesoro. Entre los cambios centrales se encuentra la eliminación de los adelantos transitorios, mecanismo que actualmente permite al BCRA asistir al Gobierno nacional dentro de determinados límites.
Qué cambia con el financiamiento del Tesoro y la emisión
La Carta Orgánica vigente todavía contempla que el Banco Central otorgue adelantos transitorios al Gobierno nacional, con topes vinculados a la base monetaria y a los recursos fiscales. La reforma elimina esa herramienta y también endurece otras vías mediante las cuales el patrimonio o las utilidades del BCRA pueden terminar financiando al sector público.
El argumento oficial es que impedir por ley la asistencia monetaria al Tesoro reduce la posibilidad de que futuros gobiernos financien déficits mediante creación de dinero. El propio BCRA sostiene que la modificación apunta a evitar expansiones monetarias originadas en el financiamiento del Gobierno que no estén respaldadas por una mayor demanda de dinero.
La reforma, sin embargo, no significa que desaparezca toda posibilidad de financiamiento para el Banco Central. La entidad ya realiza operaciones financieras para administrar su liquidez y sus reservas. En julio de 2026, por ejemplo, refinanció USD 6.000 millones en operaciones REPO con bancos internacionales utilizando títulos BONAR de su cartera.
El artículo 13 y la discusión por las reservas
Uno de los puntos que provocó mayor resistencia opositora fue el artículo 13. El texto establece que los bienes que integran las reservas serán inembargables y permite mantener activos externos en depósitos, oro, activos financieros líquidos u otros instrumentos de reconocida solvencia y liquidez. Además, habilita expresamente a utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central.
La posibilidad de realizar operaciones financieras no aparece de cero con esta reforma: la Carta Orgánica vigente ya habilita al BCRA a comprar y vender títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines monetarios, cambiarios, financieros y crediticios. El cambio relevante es que el nuevo texto explicita y amplía el marco para utilizar activos externos como garantía en determinadas operaciones del propio Banco Central.
Desde Unión por la Patria, legisladores cuestionaron ese punto porque entienden que podría facilitar nuevas operaciones de endeudamiento respaldadas con activos de las reservas. Esa interpretación forma parte de la crítica política al proyecto: el artículo no autoriza de manera directa al Tesoro a hipotecar las reservas para financiar gasto público, sino que se refiere a operaciones propias del BCRA.
Más autonomía y mayores restricciones para remover autoridades
La iniciativa también modifica el esquema institucional del Banco Central. El presidente, el vicepresidente y los ocho directores tendrán mandatos de seis años y, para removerlos por las causales previstas, el Poder Ejecutivo necesitará la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El oficialismo sostiene que esas condiciones buscan fortalecer la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político. Parte de la oposición, en cambio, advierte que podrían dificultar que un futuro gobierno modifique la conducción de la política monetaria aun después de un cambio electoral.
La discusión deja así dos planos diferentes: por un lado, la reforma busca impedir que el Banco Central vuelva a financiar directamente al Tesoro mediante emisión; por otro, conserva y redefine herramientas financieras propias del organismo, incluyendo la posibilidad expresa de respaldar determinadas operaciones con activos externos. El Senado tendrá ahora la decisión sobre si convierte esos cambios en ley.
