Tres Arroyos podrá destinar a obras hídricas parte de los fondos provinciales asignados al mantenimiento de caminos rurales. La Legislatura bonaerense sancionó el martes 20 de octubre una ley que habilita a los municipios a reasignar esos recursos durante un período excepcional de 180 días, con el objetivo de prevenir anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias intensas.
La decisión no implica que el intendente Pablo Garate ya haya dispuesto transferir dinero de una finalidad a otra: la utilización de esta herramienta será optativa para cada municipio. El plazo comenzará a regir cuando la norma entre en vigencia tras los pasos formales correspondientes.
Qué fondos provinciales podrán utilizarse para obras hídricas
La autorización comprende los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural afectados al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. La Ley 13.010 destina a ese fondo el 12% de la recaudación del tributo, que se distribuye entre municipios para atender la red vial de tierra.
De manera excepcional, los intendentes podrán reasignar hasta el 100% de esos recursos específicos a trabajos como drenajes pluviales, limpieza de canales, reparación de alcantarillas y otras intervenciones de infraestructura hídrica. La medida no alcanza a toda la recaudación del Inmobiliario Rural ni modifica por sí misma la tasa vial municipal que pagan los contribuyentes del distrito.
Por qué la medida tiene impacto potencial en Tres Arroyos
El distrito cuenta con más de 2.000 kilómetros de caminos rurales, según datos difundidos por la Municipalidad en julio de 2026. Su conservación es fundamental para el traslado de la producción agropecuaria, el acceso a las escuelas rurales y la circulación cotidiana de vecinos de las localidades y establecimientos del partido.
Al mismo tiempo, hay antecedentes recientes de necesidades de drenaje. En abril de 2026 comenzaron trabajos de desagües en la calle 32 de Claromecó para mejorar el escurrimiento hacia la avenida 15. En agosto, el Municipio informó que la obra pluvial del barrio Olimpo, en la ciudad cabecera, alcanzaba el 89% de ejecución. Esos datos ilustran la importancia local de la infraestructura hídrica, pero no significa que esas obras vayan a recibir fondos reasignados.
En este escenario, la nueva ley coloca a cada gobierno local ante una decisión: utilizar parte de los recursos provinciales para atender problemas de drenaje o mantener su destino habitual de conservación vial. Hasta ahora no se informó una decisión oficial de Tres Arroyos sobre la aplicación de esta facultad ni el monto que podría involucrar.
El rechazo de entidades del campo
CARBAP y la Sociedad Rural Argentina cuestionaron la ley. Ambas entidades advierten que desviar partidas destinadas a los caminos rurales puede agravar las dificultades de transitabilidad y sostienen que las obras hidráulicas deberían contar con financiamiento propio.
La iniciativa fue impulsada por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, y busca otorgar a los municipios mayor flexibilidad financiera frente al riesgo de excesos hídricos. En Tres Arroyos, su impacto concreto dependerá de la decisión que adopte el Ejecutivo municipal una vez que la norma entre en vigencia.
