En Barrow son cinco familias. Cinco hogares que hoy no saben con certeza qué ocurrirá con las viviendas en las que viven, mientras el Estado nacional avanza con la disposición de los terrenos donde están ubicadas.
Pero Barrow no es un caso aislado.
A cientos de kilómetros, en Chapadmalal, más de 30 familias atravesaron este año una situación todavía más avanzada: trabajadores y sus familiares recibieron intimaciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para abandonar viviendas que ocupaban desde hacía décadas. La Nación informó que la medida alcanzó a unas 50 personas.
Los casos son diferentes y tienen historias particulares. Pero dejan expuesta una misma pregunta que, hasta ahora, no tiene una respuesta pública sencilla: ¿cuántas familias viven actualmente en inmuebles del Estado nacional sujetos a procesos de venta, transferencia, desafectación o desocupación?
En Barrow, detrás de los terrenos hay cinco familias
El caso local comenzó a tomar dimensión cuando Nación avanzó sobre terrenos correspondientes al cuadro de la Estación Barrow.
Actualmente, la propia AABE publica una superficie de 50.120,98 metros cuadrados como inmueble de “venta futura”. Todavía no hay una fecha de subasta informada públicamente.
En mayo, el Decreto 322/2026 autorizó a la AABE a disponer, enajenar o transferir una serie de inmuebles nacionales entre los que se encuentran los terrenos de Barrow. El Gobierno fundamentó la medida señalando que esos bienes eran considerados ociosos y que su disposición permitiría generar ingresos y destinarlos a actividades productivas.
Pero en el lugar hay personas.
Según pudo conocer ElTresArroyense a través de una persona que trabaja directamente sobre la problemática, cinco familias se encuentran alcanzadas por la incertidumbre habitacional generada alrededor de esos terrenos.
No existe hasta el momento una fecha pública de desalojo para esas familias. Tampoco corresponde afirmar que inevitablemente perderán sus viviendas. Lo que sí existe es un procedimiento nacional sobre las tierras donde viven y una falta de certeza sobre cuál será la solución para ellas.
Chapadmalal muestra hasta dónde puede avanzar el conflicto
En abril ocurrió algo similar, aunque en una instancia mucho más grave, en la Unidad Turística Chapadmalal.
Trabajadores que residían allí junto a sus familias recibieron intimaciones para abandonar las viviendas en un plazo de diez días. Representantes de los residentes estimaron que el conflicto alcanzaba a más de 30 familias.
El tema llegó incluso a la Cámara de Diputados.
Un proyecto presentado en el Congreso pidió al Poder Ejecutivo que informara si antes de avanzar con las desocupaciones había realizado un relevamiento social, laboral y habitacional de los residentes y reclamó conocer qué plan de contingencia habitacional existía para quienes podían quedar sin vivienda. Se trata de un pedido formulado por legisladores, no de una conclusión oficial sobre la actuación del Ejecutivo.
El Estado sabe que existen inmuebles ocupados
Hay una diferencia importante.
No sería correcto afirmar que la existencia de personas dentro de inmuebles nacionales es algo que el Estado desconoce.
La normativa nacional contempla expresamente los inmuebles ocupados y establece mecanismos para regularizar determinadas situaciones. Incluso permite, bajo ciertas condiciones, la venta directa a ocupantes cuando se trata de una vivienda única y existe una ocupación superior a cinco años.
También existe el Programa de Regularización de Ocupaciones de Inmuebles del Estado Nacional —PROIEN—.
En enero de este año, la propia AABE reconoció oficialmente que había “una importante cantidad de solicitudes de adhesión” presentadas por terceros que ocupan inmuebles estatales. No informó en esa resolución cuántas personas o familias representaban esas solicitudes.
Y aparece allí una contradicción que atraviesa el problema.
La reglamentación establece que un inmueble ocupado puede quedar afuera del programa de regularización cuando la AABE considera que resulta más conveniente enajenarlo mediante licitación o subasta pública. También fija restricciones para quienes ya se encuentran atravesando procesos de desalojo.
La cifra que Nación no hace pública
Desde 2024, el Gobierno nacional viene impulsando nuevos procesos de disposición y venta de inmuebles estatales. El Decreto 950/2024 reactivó numerosos procedimientos que habían sido autorizados durante administraciones anteriores y habilitó nuevas operaciones sobre otros bienes.
Sin embargo, entre la información pública consultada por ElTresArroyense no aparece un registro nacional consolidado que permita conocer cuántas personas o familias viven en esos inmuebles, cuántas atraviesan procesos de regularización y cuántas podrían verse obligadas a dejar sus viviendas.
Esa ausencia vuelve difícil dimensionar el costado humano de una política presentada principalmente en términos de inmuebles, superficies, tasaciones y activos estatales.
En Barrow hoy conocemos cinco familias.
En Chapadmalal fueron más de treinta.
Y mientras Nación continúa tomando decisiones sobre su patrimonio inmobiliario, todavía queda una pregunta elemental sin una respuesta pública consolidada: ¿cuántas familias más están viviendo la misma incertidumbre en el resto del país?
