Tres Arroyos amaneció cercada.
No es una metáfora.
En la madrugada del 14 al 15 de septiembre de 1976, fuerzas militares montaron un cerco alrededor de la ciudad. En los accesos y en las calles comenzaron a aparecer soldados, vehículos del Ejército y controles. Después llegaron las requisas, los allanamientos y las detenciones.
La documentación de inteligencia que sobrevivió a aquellos años lo dice con la frialdad del lenguaje burocrático: se había iniciado un “operativo rastrillo”.
Para los vecinos que estaban adentro, significaba otra cosa: Tres Arroyos había quedado en manos de las Fuerzas Armadas.
Cincuenta años después, expedientes judiciales, documentos desclasificados y testimonios de quienes estuvieron allí permiten reconstruir aquellas horas.
La operación tenía un nombre que, en una ciudad atravesada por el campo, podía haber sonado casi cotidiano.
Operación Trigo.
Primero cerraron la ciudad
El operativo había sido dispuesto por el Comando del V Cuerpo de Ejército y quedó bajo el mando del teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez.
Participaron fuerzas del Ejército, unidades vinculadas a la Armada y personal de la Policía bonaerense.
El primer movimiento ocurrió durante la madrugada: se estableció un cerco periférico alrededor de Tres Arroyos.
Después empezó el rastrillaje.
No se buscaban solamente domicilios de personas que ya aparecían señaladas por los organismos de inteligencia. El propio informe confeccionado después del operativo registra que también hubo viviendas elegidas mediante un mecanismo denominado “quinteo”.
Casa por casa, sector por sector, las fuerzas fueron avanzando sobre la ciudad.
Hubo requisas de viviendas, controles de automóviles, identificación de personas y detenciones.
Una ciudad acostumbrada a empezar sus mañanas entre comercios que abrían, escuelas, oficinas y movimiento cotidiano se encontró atravesada por hombres armados.
Décadas después, Jorge Ricardo Villalba recordaría ante la Justicia aquella imagen. Calculó que habían llegado entre 70 y 80 vehículos militares y dos ambulancias.
Y recordó algo todavía más contundente: la planta urbana estaba completamente acordonada.
Un alumno llegó desesperado al estudio de su profesor
Cerca de las once de la mañana del 15 de septiembre, Villalba estaba en su estudio cuando apareció uno de sus alumnos.
Era Norberto Omar Peñalva.
Estaba alterado. Militares habían entrado a su casa y la habían requisado.
Villalba era abogado y profesor del Colegio Nacional. Conocía al joven y decidió acompañarlo.
Pensó que presentarse ante las autoridades podía aclarar la situación.
Los dos fueron hasta la Municipalidad.
Pero el Palacio Municipal ya no funcionaba como un edificio municipal cualquiera.
Allí estaba Páez.
El comando de las fuerzas que habían tomado la ciudad había instalado en una dependencia del edificio su puesto de operaciones.
El lugar desde donde habitualmente funcionaban instituciones civiles se había convertido, durante aquellas horas, en uno de los centros de la operación militar.
Y el actual Salón Blanco quedó para siempre unido a aquella historia: vecinos detenidos durante el rastrillaje fueron llevados allí antes de continuar hacia la comisaría.
Villalba y Peñalva tampoco salieron libres.
De la Municipalidad fueron conducidos bajo custodia armada hasta la Comisaría Primera.
Habían ido a presentarse.
Terminaron detenidos.
El patio de la comisaría comenzó a llenarse
Durante esas horas siguieron llegando personas.
Algunas habían sido buscadas directamente. Otras habían quedado atrapadas en el gigantesco rastrillaje que recorría Tres Arroyos.
Los documentos no permiten establecer una única cifra sin matices.
Un informe militar habló oficialmente de seis detenidos en Tres Arroyos. Reconstrucciones posteriores contabilizaron 27. Guillermo Torremare declaró ante la Justicia que unas 30 personas fueron secuestradas y trasladadas al Palacio Municipal. Villalba recordó que por la comisaría llegaron a pasar alrededor de 60 demorados.
La diferencia ayuda a entender cómo funcionó el operativo: hubo personas identificadas, otras interrogadas y liberadas durante el mismo día, otras demoradas y un grupo que quedó bajo disposición militar.
Cuando llegó la noche, casi todos habían recuperado la libertad.
Cinco hombres no.
Jorge Villalba.
Norberto Peñalva.
Rubén Pollacchi.
Enzo San Giuliano.
Horacio Ale.
Para ellos, la Operación Trigo todavía no había terminado.
Dos ambulancias salieron hacia Bahía Blanca
El 16 de septiembre comenzó la siguiente parte del recorrido.
Los cinco detenidos fueron trasladados desde Tres Arroyos hacia Bahía Blanca.
Villalba recordaría años después aquel viaje: fueron distribuidos en dos ambulancias y llevados esposados dentro de un convoy militar.
El destino fue el Batallón de Comunicaciones 181.
Allí dejaron de estar simplemente lejos de sus casas.
Quedaron aislados, incomunicados y sometidos al aparato represivo que operaba bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército.
Los testimonios incorporados posteriormente a las causas por delitos de lesa humanidad reconstruyeron interrogatorios, golpes y torturas.
Villalba recuperó su libertad aproximadamente una semana después.
Pollacchi, San Giuliano y Ale permanecieron cautivos alrededor de veinte días.
Peñalva estuvo privado de su libertad cerca de tres meses.
La misma ciudad que los había visto salir bajo custodia siguió funcionando.
Los negocios volvieron a abrir. La gente volvió a circular. Los vehículos militares finalmente se fueron.
Pero algo había cambiado.
Mientras tanto, el diario hablaba de un operativo “sin tropiezos”
El 16 de septiembre, cuando parte de lo ocurrido todavía estaba desarrollándose, la prensa local contó otra escena.
La edición de aquellos días presentó el enorme despliegue militar como un rastrillaje realizado con normalidad. Informó sobre controles, identificación de peatones y vehículos y explicó que las fuerzas habían instalado su puesto de comando dentro de la Municipalidad.
La documentación conservó incluso uno de aquellos títulos:
“Prolijos rastrillajes en toda la zona urbana”.
La distancia entre esas palabras y lo que décadas después relatarían los detenidos ante los tribunales permite entender otra característica de aquellos años.
Lo que sucedía podía estar frente a todos y, al mismo tiempo, permanecer oculto.
Una casa de 9 de Julio 36
Entre las viviendas requisadas durante la Operación Trigo hubo una ubicada en pleno centro de Tres Arroyos.
9 de Julio 36.
Allí vivían Carlos Alberto Rivada y María Beatriz Loperena con sus hijos.
Durante el operativo, Loperena quedó identificada por los organismos de inteligencia.
La familia tuvo miedo.
El hermano de Rivada incluso les ofreció dinero para que se fueran de la ciudad.
Rivada decidió quedarse.
Meses después, el 3 de febrero de 1977, Carlos Rivada y María Beatriz Loperena fueron secuestrados.
Continúan desaparecidos.
La documentación judicial permite establecer que su vivienda fue requisada durante la Operación Trigo y que Loperena quedó registrada entonces por los servicios de inteligencia. No permite afirmar que aquel episodio haya sido, por sí solo, la causa directa del secuestro posterior.
Pero visto desde cincuenta años después, aquel paso de los militares por la casa de 9 de Julio forma parte de una secuencia imposible de ignorar.
El hombre que dirigía el operativo
Osvaldo Bernardino Páez no fue solamente un nombre mencionado por quienes sobrevivieron.
Los propios documentos militares y de inteligencia lo ubican al frente del operativo de Tres Arroyos.
Villalba lo vio dentro de la Municipalidad.
Los informes lo identificaron como jefe.
Décadas después, los tribunales reconstruyeron su participación dentro de la estructura represiva del V Cuerpo de Ejército.
El 26 de diciembre de 2025, casi medio siglo después de la Operación Trigo, Páez fue condenado nuevamente a prisión perpetua en la Megacausa Zona V por crímenes de lesa humanidad.
La sentencia no juzgó exclusivamente lo ocurrido en Tres Arroyos: comprendió un entramado represivo mucho más amplio y cientos de víctimas.
Pero cerró de una manera difícil de ignorar una parte de esta historia.
El hombre que en septiembre de 1976 instaló su comando en la Municipalidad de Tres Arroyos terminó condenado por la Justicia argentina como responsable de delitos de lesa humanidad.
Cincuenta años después
Hoy el Salón Blanco vuelve a ser lo que cualquier vecino reconoce.
Hay sesiones. Actos. Presentaciones. Discursos. Público entrando y saliendo.
En 2019, una placa colocada allí empezó a contar también la otra historia del lugar.
Porque durante unas horas de septiembre de 1976, ese salón formó parte de algo completamente distinto.
Afuera, una ciudad estaba cercada.
Adentro, había vecinos detenidos.
En las calles se requisaban casas.
En la comisaría se acumulaban personas que no sabían qué iba a ocurrir con ellas.
Y cinco hombres estaban a punto de iniciar un viaje hacia Bahía Blanca que ninguno había elegido.
Pasaron cincuenta años.
Los vehículos militares desaparecieron de las calles. El cerco se levantó. Los documentos que alguna vez fueron secretos terminaron abiertos en expedientes judiciales. Los detenidos pudieron declarar. Los responsables llegaron a los tribunales.
Y aquella historia, que durante años permaneció fragmentada entre recuerdos familiares, papeles y silencios, empezó finalmente a reconstruirse.
Se llamaba Operación Trigo.
Y ocurrió acá.
En Tres Arroyos.
Si conservás fotografías, documentos o testimonios familiares vinculados con aquellos días, podés comunicarte con ElTresArroyense. La memoria de una ciudad también se construye recuperando las historias que todavía faltan contar.
