El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió el viernes 23 de octubre sobreseer a Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve investigados por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el mandatario en febrero de 2025.
Sin embargo, una serie de decisiones anteriores vuelve a poner bajo la lupa el recorrido de la investigación. Entre ellas aparece un dato particularmente sensible: el propio Presidente había firmado el nombramiento como jueza federal de Ana María Cristina Juan, esposa del magistrado que tenía bajo investigación su conducta.
Una decisión judicial, un nombramiento y el sobreseimiento
La cronología permite reconstruir tres momentos fundamentales.
El 3 de julio de 2026, Martínez de Giorgi aceptó un planteo de la defensa del empresario Mauricio Novelli y apartó de la causa a cinco inversores que habían sido admitidos como querellantes por sus presuntas pérdidas económicas.
La resolución limitó la posibilidad de esos denunciantes de participar en el expediente, solicitar medidas de prueba y cuestionar decisiones judiciales como parte querellante. Sin embargo, los inversores continuaron intentando revertir su exclusión mediante recursos judiciales.
El 14 de julio, apenas once días después, Javier Milei firmó el Decreto 589/2026, mediante el cual nombró a Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
La designación fue publicada al día siguiente en el Boletín Oficial.
El 23 de octubre, Martínez de Giorgi aceptó el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano, dictó los sobreseimientos y ordenó archivar el expediente.
La resolución llegó sin que los investigados hubieran sido convocados a declaración indagatoria y con medidas de prueba que no habían podido completarse.
El nombramiento de la esposa del juez ya había generado cuestionamientos
Ana María Cristina Juan no llegó a su cargo sin antecedentes judiciales. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria, había obtenido el primer lugar en el orden de mérito del concurso del Consejo de la Magistratura y recibió el acuerdo del Senado.
Su postulación tampoco nació durante el gobierno libertario. Había sido impulsada anteriormente por las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, aunque su nombramiento definitivo se concretó bajo la presidencia de Milei.
Pero el vínculo familiar ya había provocado objeciones.
El 13 de mayo de 2026, durante una audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan respondió a una impugnación presentada por el abogado Ramón Encina, que cuestionaba su candidatura por su matrimonio con Martínez de Giorgi.
La funcionaria sostuvo que la objeción se refería a su vida privada y no a su idoneidad profesional. También recordó que existen mecanismos procesales para solicitar recusaciones y presentar recursos judiciales.
Otro detalle es que, cuando Milei firmó el nombramiento, el juzgado de Hurlingham todavía no estaba habilitado para funcionar. Desde el Gobierno explicaron que la designación permitiría cubrir transitoriamente vacantes judiciales en Morón y Moreno.
Cómo quedó la causa sin querellantes
La decisión que Martínez de Giorgi tomó el 3 de julio resultó determinante para el desarrollo posterior del expediente.
El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el apartamiento de los cinco inversores, al considerar que no habían acreditado los requisitos necesarios para intervenir como víctimas directas de una maniobra delictiva.
Dos días antes de esa resolución, el 2 de septiembre, Milei había nombrado al camarista Pablo Bertuzzi. El magistrado, que juró el 3 de septiembre, firmó al día siguiente junto con Mariano Llorens la confirmación del apartamiento de los querellantes. La secuencia está documentada, aunque no demuestra que ese nombramiento haya condicionado la decisión.
De esa manera, la investigación quedó sin querellantes particulares que pudieran sostener una acusación independiente de la fiscalía. Los inversores excluidos siguieron reclamando por vías judiciales su reincorporación al expediente.
Cuando Eduardo Taiano solicitó el sobreseimiento de los investigados, el juez hizo lugar al pedido.
Martínez de Giorgi concluyó que no se habían acreditado los elementos necesarios para configurar los delitos denunciados, entre ellos estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Sin embargo, quedaron preguntas sin respuestas definitivas sobre comunicaciones entre los involucrados, documentación encontrada durante los peritajes y el recorrido de determinados movimientos financieros.
Los inversores excluidos todavía mantienen recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque su posibilidad de revertir el cierre de la causa enfrenta importantes obstáculos procesales.
La pregunta que deja el caso $LIBRA
El nombramiento de Ana María Cristina Juan atravesó instancias institucionales previas y existen antecedentes profesionales que respaldan su candidatura. Tampoco hay pruebas que permitan afirmar que Milei haya ofrecido el cargo a cambio de una resolución favorable.
Pero esa ausencia de pruebas no elimina el interrogante institucional.
Mientras un juez federal investigaba al Presidente, el propio mandatario firmó el nombramiento judicial de su esposa. Antes de ese nombramiento, el magistrado había apartado a los querellantes. Meses después, lo sobreseyó.
Las tres circunstancias están documentadas y su proximidad plantea una pregunta que excede la resolución penal: ¿qué garantías de independencia e imparcialidad deben existir cuando el funcionario investigado interviene en el nombramiento de un familiar directo del juez que debe decidir sobre su situación judicial?
La cuestión no consiste en dar por demostrado un intercambio de favores, sino en determinar si el procedimiento ofreció suficientes garantías para despejar cualquier duda razonable sobre la independencia de la investigación.
El sobreseimiento resolvió la situación penal de los investigados en esta instancia. El debate sobre la independencia judicial sigue abierto.
