En resumen, si andás corto de tiempo
El abogado tresarroyense Matías Germán Trejo fue hallado penalmente responsable del delito de defraudación por retención indebida tras quedarse con seis radares de velocidad y datos sensibles de infracciones que pertenecían a una empresa contratista. Pagó $30 millones, recibió una probation de dos años y le trabaron un embargo por $100 millones. El problema: Trejo es testigo clave en una causa que investiga corrupción en el sistema de fotomultas bonaerense, donde está imputado el exministro Jorge D’Onofrio. Su testimonio ahora podría desmoronarse.
Noticia completa
El abogado tresarroyense Matías Germán Trejo, de 40 años, fue procesado y luego considerado penalmente responsable del delito de defraudación por retención indebida, tras un escándalo que involucra a empresas del sistema de fotomultas, contratos millonarios, acusaciones cruzadas y un entramado que parece no tener fondo.
¿Qué hizo Trejo?
Como titular de Smart Vial S.A., Trejo recibió seis radares de velocidad TruCam, servidores, discos y oficinas de parte de la empresa TN Group S.A., que había ganado una licitación para operar cámaras en el conurbano bonaerense. Cuando el vínculo comercial terminó, TN Group lo intimó por carta documento a devolver los equipos. Trejo no respondió y retuvo el material.
El caso escaló. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA dictó su procesamiento, consideró acreditado el perjuicio económico a TN Group y le trabó un embargo por $100 millones, en función del valor actualizado de los equipos y los daños generados.
Pero luego, en el juicio oral, el Tribunal Oral Criminal N.º 11 de CABA le concedió una probation de dos años: Trejo deberá pagar $30 millones, hacer tareas comunitarias (96 horas anuales) en una organización social y presentarse mensualmente ante la Dirección de Control de Ejecución Penal.
El lado B: el testigo que ahora incomoda
Hasta acá, parece un conflicto entre empresas. Pero Trejo es mucho más que un empresario procesado. Es, o era, testigo central en la megacausa de corrupción por las fotomultas truchas, VTV digitada y facturaciones sospechosas.
Se trata de la causa conocida como “Corrupmultas”, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, que ya tiene imputado al exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio y a 16 personas más, entre funcionarios, jueces de faltas y empresarios del rubro.
¿Qué denunció Trejo?
Trejo apuntó contra:
- Federico Pedersoli (Gobernación bonaerense),
- Marcela Meijide y Cristina Tavolaro (funcionarias en Trenes Argentinos),
- Víctor Sthepens (empleado de CECAITRA),
- Mariano Hidalgo (funcionario en Malvinas Argentinas),
- y Pablo Sanguinetti, antecesor del denunciante Jorge Orzali.
Además, declaró que la empresa CECAITRA procesaba fotomultas a un ritmo “anormalmente rápido”, favorecida por el Ministerio, generando beneficios económicos injustificados. Su testimonio fue clave para autorizar el allanamiento a la sede de CECAITRA.
Pero ahora…
Su procesamiento y posterior probation ponen en duda su credibilidad. La defensa de los imputados podría utilizar esto para impugnar su rol como testigo. Y el fiscal Garganta, que había utilizado su testimonio como sustento, enfrenta un giro complejo en la causa.
El trasfondo del sistema
Las investigaciones revelan un sistema con universidades y fundaciones canalizando fondos sin control, empresas que se acusan entre sí, y actores que cambian de bando: denunciantes que también fueron socios, asesores o prestadores de otras firmas rivales.
En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense anunció que buscará “transparentar” el sistema junto a la Universidad Nacional de La Plata, luego de admitir que el mecanismo actual es opaco, desregulado y manipulable
Participación
¿Una probation debería invalidar un testimonio? ¿O estamos ante un esquema que opera por encima de cualquier declarante? ¿Qué pasa con el dinero de las fotomultas? Opiná.
