En resumen, si andás corto de tiempo
Entre 2024 y mayo de 2026, el Gobierno nacional recaudó $1,503 billones destinados a obras viales, pero utilizó apenas $394.406 millones. Al cierre de mayo mantenía más de $1 billón colocado en inversiones financieras, mientras la Ruta 3 acumula baches, obras demoradas y reclamos judiciales. El manejo de los fondos ya fue denunciado ante la Justicia Federal.
El impuesto se cobró, pero la plata no llegó al asfalto
Cada vez que un argentino carga nafta o gasoil, una parte del impuesto a los combustibles tiene un destino específico: financiar la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales.
Sin embargo, durante los primeros dos años y medio del gobierno de Javier Milei, el Sistema Vial Integrado recaudó exactamente $1.503.252 millones y destinó solamente $394.406 millones a obras.
Es decir, se utilizó apenas el 26,2% de los recursos disponibles. El 73,8% restante no llegó al asfalto.
Los números surgen de balances contables, movimientos bancarios, informes oficiales y documentación obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.
El nivel de ejecución fue especialmente bajo en 2024: ingresaron $360.238 millones, pero se utilizaron solamente $40.668 millones, apenas el 11,3%.
En 2025 se ejecutaron $270.592 millones sobre $692.514 millones recaudados. Entre enero y mayo de 2026, el Gobierno gastó $83.144 millones de los $450.500 millones disponibles.
Más de un billón de pesos quedó invertido
Al 31 de mayo de 2026, el SisVial tenía $1.001.018 millones colocados en inversiones financieras.
De ese total, $854.234 millones estaban invertidos en títulos públicos y otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos. Además, había $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.
En total, eran $1.038.779 millones que todavía no habían sido destinados a construir, reparar o mantener las rutas.
El contraste aparece con crudeza en los movimientos de marzo: durante ese mes se aplicaron $1.090 millones a obras viales, mientras la cartera de inversiones financieras del fondo creció $83.840 millones.
Una estimación privada realizada sobre los valores de una licitación reciente de Vialidad Nacional calculó que con el dinero acumulado podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros, casi dos tercios de toda la red vial nacional.
El propio Gobierno reconoció que una parte sostiene el equilibrio fiscal
El dato más comprometedor llegó desde el propio oficialismo.
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los impuestos es enviada a Vialidad, pero que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía” para sostener el equilibrio fiscal.
El Gobierno había dispuesto en 2025 que los organismos y fondos públicos invirtieran sus excedentes transitorios en títulos y letras del Tesoro. Sin embargo, el mismo decreto estableció que esas colocaciones no podían afectar las actividades específicas ni la finalidad original de los recursos.
La existencia de una inversión financiera no constituye por sí sola un delito: los fondos pueden colocarse transitoriamente hasta que sean utilizados. Lo que deberá determinar la Justicia es si mantener semejante volumen invertido mientras las obras permanecían paralizadas vulneró el destino específico e irrevocable del SisVial.
La pregunta central es brutalmente sencilla: ¿puede considerarse “transitorio” más de un billón de pesos acumulado mientras las rutas se deterioran?
Una denuncia penal apunta al manejo de los fondos
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el circuito de decisiones dentro del Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación.
Pidió analizar la posible comisión de malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo.
La denuncia no significa que esos delitos estén probados. Ahora deberán investigarse las órdenes impartidas, el recorrido del dinero, las colocaciones realizadas y las razones por las cuales los recursos no fueron utilizados.
También se solicitaron medidas para preservar correos electrónicos, registros bancarios, documentación contable y comunicaciones oficiales vinculadas con el manejo del fondo desde enero de 2024.
La Ruta 3, una muestra concreta de la contradicción
Entre las obras señaladas aparecen trabajos financiados mediante un préstamo internacional sobre las rutas nacionales 3 y 5.
En la Ruta 3, el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs presentaba en mayo un avance físico de apenas el 26,95%. Los informes de auditoría también indicaron que durante 2024 el aporte comprometido por el Estado nacional había sido del 0%, pese a la existencia de recursos disponibles.
Ese proyecto corresponde a un sector ubicado al norte de Tres Arroyos, pero el deterioro se extiende por distintos puntos del mismo corredor nacional.
Dentro del propio distrito tresarroyense pueden observarse baches crecientes, ondulaciones y deformaciones sobre la Ruta 3. El problema no se encuentra únicamente en sectores alejados: también aparece dentro de la zona urbana y obliga a realizar maniobras para evitar los pozos.
En el tramo entre Azul y Cacharí, la Cámara Federal de Mar del Plata ya ordenó al Gobierno nacional y a Corredores Viales realizar reparaciones urgentes. La Justicia tuvo en cuenta once siniestros ocurridos en seis meses y los informes que comprobaron baches, hundimientos, huellas provocadas por el tránsito pesado y falta de señalización.
Mientras tanto, la futura concesión del corredor entre Cañuelas y Bahía Blanca contempla la instalación de un nuevo peaje en el kilómetro 520, a la altura de Tres Arroyos.
Los usuarios pagan el impuesto al cargar combustible, circulan por una ruta deteriorada y podrían comenzar a pagar también un nuevo peaje.
El dinero no desapareció: quedó lejos de las rutas
La documentación conocida no indica que el dinero haya desaparecido. Muestra algo distinto, pero igualmente grave: los recursos estaban disponibles y fueron colocados mayoritariamente en instrumentos financieros mientras las rutas seguían esperando.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional estima que entre el 65% y el 70% de la red nacional se encuentra en estado regular o malo.
Por eso, el escándalo no está solamente en una planilla contable. Está en cada pozo, en cada obra paralizada, en cada maniobra desesperada para esquivar un bache y en cada familia que sale a una ruta sin saber en qué condiciones va a encontrarla.
La Justicia deberá determinar si hubo delito. Pero los números ya exponen una decisión política: cobrar el impuesto, ejecutar apenas una cuarta parte y conservar más de un billón de pesos lejos del asfalto.
¿Transitaste recientemente por las rutas 3 o 228? Podés enviarnos fotos, videos y señalar los sectores más peligrosos para continuar documentando su estado.
