En resumen, si andás corto de tiempo:
El Jardín Frutillitas, que en diciembre no sabía si podía pagar sueldos y sobrevivía con donaciones para arreglar techos y gas, recibió ahora un convenio de 12 millones de pesos (equivalente a 1 millón por mes). La cifra es ínfima comparada con los 900 millones de presupuesto anual para Cultura. El anuncio, hecho en plena campaña electoral, fue utilizado como acto político con foto incluida para ambos funcionarios, mientras la verdadera función social del jardín sigue dependiendo del esfuerzo de vecinos y empresas para sostenerlo.
Noticia completa:
En diciembre pasado, la directora de la Asociación Amigos del Menor y la Familia, Claudia González, alertaba sobre la situación crítica de los Jardines Maternales Frutillitas: desfinanciamiento, becas que no se actualizan, sueldos en riesgo, techos que se llueven y obras de gas pagadas por clubes y padres con dinero propio.
“El esfuerzo para sostener el jardín es mayormente de vecinos y empresas. Necesitamos que las trabajadoras tengan la seguridad de que van a cobrar sus sueldos”, decía entonces.
Ocho meses después, en plena campaña electoral, el intendente Pablo Garate y su candidato a concejal Martín Rodríguez Blanco visitaron el jardín para anunciar un aporte total de 12 millones de pesos, retroactivo desde enero.
La cifra, que equivale a 1 millón de pesos por mes, apenas alcanza para cubrir deudas acumuladas y cargas sociales, y no soluciona el problema estructural del financiamiento del servicio que asiste a 170 niños y niñas de entre 45 días y 5 años.
El contraste indigna:
- El intendente Garate cobra entre 4 y 5 millones de pesos mensuales.
- Su candidato Rodríguez Blanco supera el millón mensual y maneja 900 millones al año en Cultura, un área sin resultados visibles en derechos básicos como calefacción escolar o agua potable.
- El jardín, que cubre necesidades esenciales de educación y cuidado infantil, recibe menos en todo un año que lo que la política local gasta en sueldos en pocas semanas.
Lejos de una respuesta genuina a los problemas denunciados en diciembre, el convenio fue presentado como acto político, con Garate y Rodríguez Blanco en primera plana para la foto de campaña. Ninguno de los funcionarios aclaró por qué la ayuda llegó tarde, es mínima y depende de gestiones extraordinarias, mientras el municipio destina fondos millonarios a propaganda y exposición de candidatos.La situación deja una pregunta abierta:
¿El rol del Estado es garantizar los derechos de la infancia o usar la necesidad de los jardines comunitarios para hacer marketing político en época electoral?
