En resumen, si andás corto de tiempo
Un relevamiento privado entre 2.000 afiliados de todo el país mostró que el 57,6% ya bajó a un plan más económico o evaluó hacerlo. Casi la mitad también considera probable dejar la prepaga durante los próximos seis meses.
El aumento de las cuotas de las prepagas está llevando a cada vez más afiliados a revisar su cobertura. Según un relevamiento privado de MiObraSocial.com.ar, el 57,6% ya bajó a un plan más económico durante el último año o evaluó seriamente hacerlo para reducir gastos.
La encuesta fue realizada entre 2.000 afiliados activos de todo el país entre abril y junio de 2026. El 49,5% considera alta la probabilidad de dejar su prepaga en los próximos seis meses, mientras que solamente el 21,6% descarta por completo esa posibilidad.
Qué pasa con quienes dejan la prepaga
El dato más delicado aparece entre quienes ya abandonaron la medicina privada. Dentro del relevamiento, el 62% de las personas que se dieron de baja durante los últimos doce meses quedó sin obra social ni prepaga y pasó a depender exclusivamente del sistema público de salud.
Otro 29% comenzó a atenderse únicamente mediante una obra social y apenas el 9% consiguió cambiarse a una prepaga más económica. Además, el 85% de quienes dejaron el servicio llevaba al menos un año afiliado y más de la mitad tenía una antigüedad superior a cinco años.
Los porcentajes pertenecen a una encuesta privada y no representan por sí solos el padrón oficial completo. Sin embargo, muestran una tendencia: antes de abandonar la cobertura, muchos usuarios reducen prestaciones, aceptan planes con copagos o buscan promociones para sostener el gasto.
El sistema mantiene afiliados, pero crece la presión sobre el bolsillo
La fotografía general todavía no muestra una salida masiva. La Superintendencia de Servicios de Salud informó que el sistema de medicina prepaga supera los ocho millones de afiliados y que las adhesiones directas crecieron en más de 370.000 personas durante los últimos tres años. Desde el sector privado también sostienen que la cantidad total de usuarios se mantiene estable.
Desde 2025, las empresas deben informar a la Superintendencia las variaciones y los cuadros tarifarios antes de comunicar los aumentos. El organismo publica esos valores para que puedan compararse, aunque aclara que, tras el Decreto 70/2023 y la Resolución 1926/2024, no tiene competencia para fijar el precio de los planes ni de los coseguros.
El problema, por ahora, no aparece como un derrumbe repentino sino como un ajuste silencioso: cada vez más personas intentan conservar la cobertura privada a costa de bajar de categoría. Si la pérdida de ingresos continúa, una parte importante de los afiliados podría terminar dejando el sistema y recurriendo a la salud pública.
