Romina Torres tenía 15 años. Aquella mañana del viernes 3 de noviembre de 1995 estaba en la escuela, en Río Tercero, Córdoba. Una compañera, Marina Moreno, recordaría muchos años después cómo corrieron juntas buscando refugio: ella sobrevivió; Romina murió. El testimonio, recuperado por investigadores del CONICET en una muestra sobre la memoria del atentado, permite comenzar por donde debe comenzar esta historia: no por las armas que faltaban, ni por los funcionarios, sino por las personas a las que una decisión criminal les arrebató la vida.
A las 8:55 comenzó una cadena de explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero. Siete vecinos murieron, más de 300 personas resultaron heridas y numerosos hogares quedaron destruidos o dañados. La tragedia fue presentada inmediatamente como un accidente. Pero las investigaciones técnicas y las decisiones judiciales posteriores establecieron otra cosa: las explosiones del 3 de noviembre fueron provocadas intencionalmente para ocultar pruebas del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.
Este 3 de noviembre de 2026 se cumplen 31 años. Para quienes nacieron después, Río Tercero puede sonar a una vieja catástrofe industrial. Para comprender qué ocurrió realmente hay que retroceder a los negocios clandestinos del Estado argentino, seguir el recorrido de los armamentos y reconstruir una investigación judicial que tardó casi dos décadas en llegar a sus primeras condenas.
El día en que los proyectiles cayeron sobre los barrios
Río Tercero era una ciudad industrial profundamente vinculada con la fábrica militar. La planta no era un establecimiento aislado: generaciones de familias habían construido su vida alrededor de sus empleos y de sus actividades. Esa mañana, mientras los vecinos iban a trabajar, estudiaban o abrían sus comercios, un incendio iniciado en el sector de carga de la fábrica desató las primeras detonaciones.
Según la reconstrucción que presentó el Ministerio Público Fiscal, el fuego comenzó en un tambor que contenía trotyl, un explosivo utilizado en la industria militar. Hubo detonaciones iniciales y después una explosión de mucha mayor magnitud en los depósitos de Expedición y Suministros, donde se guardaban municiones, proyectiles y explosivos. Esa última onda expansiva expulsó material bélico hacia sectores habitados. El barrio Las Violetas estuvo entre los más castigados.
Las calles quedaron cubiertas de esquirlas, restos de munición, vidrios y mampostería. Proyectiles atravesaron paredes y techos. Se destruyeron viviendas; otras quedaron parcialmente arruinadas. Miles de personas tuvieron que enfrentar la incertidumbre de no saber si habría nuevas explosiones ni dónde podían ponerse a salvo. Lo que había comenzado dentro de una instalación del Estado se convirtió en una amenaza para una ciudad entera.
Las siete víctimas fatales fueron Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. Todas eran personas ajenas a la fábrica. Sus nombres no son una cifra estadística: explican por qué la reconstrucción de este caso no puede reducirse a una disputa entre expedientes o a una pelea entre expresidentes y jueces.
La historia había empezado varios años antes, lejos de Córdoba
Para entender por qué alguien querría destruir depósitos de una fábrica de armamento estatal hay que mirar los primeros años de la década de 1990. Durante la presidencia de Carlos Menem, la Argentina participó de operaciones clandestinas de venta de armas que terminaron abasteciendo a Croacia, en plena guerra de los Balcanes, y Ecuador, que enfrentaba militarmente a Perú.
Las operaciones se instrumentaron mediante decretos secretos que autorizaban exportaciones con destinos declarados que no eran los reales: Panamá y Venezuela. El armamento terminó en países distintos de los consignados en la documentación. El caso era especialmente grave porque sobre el conflicto de la ex-Yugoslavia pesaban restricciones internacionales al suministro de armas y porque la Argentina era uno de los países garantes de la paz entre Perú y Ecuador.
Entre 1991 y 1995 hubo embarques marítimos hacia Croacia y envíos aéreos hacia Ecuador. Parte del material pertenecía a arsenales del Ejército y fue acondicionado o gestionado mediante estructuras estatales, incluida Fabricaciones Militares. No se trataba de un simple negocio privado realizado a espaldas de las autoridades: las autorizaciones formales, los organismos y el manejo de las existencias de armamento eran piezas centrales de la maniobra investigada.
La operación salió a la luz antes de las explosiones. En 1995, la información periodística y las denuncias judiciales ya habían colocado el tráfico ilegal bajo investigación. Para entonces había una pregunta difícil de responder con los inventarios oficiales: ¿dónde estaban las armas que debían figurar en los registros argentinos y habían salido clandestinamente del país?
Por qué la Fábrica Militar de Río Tercero era una pieza clave
La fábrica cordobesa formaba parte del circuito de acondicionamiento, acopio y movimiento del material militar. Allí existían registros, proyectiles, depósitos y documentación que permitían reconstruir operaciones de armamento. Si se comparaban existencias físicas, movimientos y papeles administrativos, podían aparecer faltantes y contradicciones vinculadas con la exportación ilegal.
En el requerimiento para elevar la causa a juicio, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega sostuvieron que la voladura había sido organizada para encubrir faltantes de armas enviadas a Ecuador y Croacia. Los peritajes contables examinaron cifras incompatibles entre existencias y documentación. No era un detalle secundario: ese desajuste ayudaba a explicar el posible móvil de la destrucción de instalaciones y material.
El punto central de la investigación fue precisamente el vínculo entre dos hechos que en un principio podían parecer separados: el contrabando de armamento y la destrucción de pruebas dentro de una fábrica militar. La Justicia concluyó que las explosiones intencionales buscaban borrar rastros de aquella maniobra previa. Para ocultar un delito, se produjo otro de consecuencias devastadoras para la población civil.
«Fue un accidente»: la versión oficial que intentó cerrar la discusión
El mismo 3 de noviembre de 1995, Carlos Menem llegó a Río Tercero y sostuvo públicamente que lo ocurrido había sido un accidente. La explicación se instaló desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo cuando todavía había personas buscando a sus familiares y las causas de los estallidos no habían sido esclarecidas.
La muestra de memoria histórica organizada en la Universidad Nacional de Córdoba y documentada por el CONICET recuperó aquella intervención presidencial, incluida una exigencia a los periodistas: «Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra», en referencia a la tesis del accidente. La frase representa un momento decisivo: una hipótesis se proclamaba como certeza desde el poder antes de que la prueba técnica hubiera hablado.
La versión accidental no permaneció sin cuestionamientos. Familiares, víctimas, abogados, investigadores y periodistas insistieron en que debía examinarse la posibilidad de un hecho provocado. Sostener esa búsqueda significó enfrentar demoras, cambios en el rumbo de la causa y años de incertidumbre. En el centro estaba una distinción sencilla, pero trascendental: una falla industrial puede constituir una negligencia; provocar deliberadamente un estallido para borrar pruebas es un crimen.
Las pericias que desmontaron la explicación inicial
Los estudios técnicos fueron determinantes. En 2003, un informe de peritos oficiales concluyó que el inicio del fuego y la secuencia de detonaciones no respondían a una reacción fortuita: habían sido intencionales y organizados con conocimiento de explosivos y de sus efectos. La discusión judicial ya no podía limitarse al estado de mantenimiento de los depósitos o a un supuesto descuido.
Los investigadores reconstruyeron el inicio en un tambor de trotyl, la propagación del incendio y la sucesión de explosiones. La ubicación del material y la forma en que se desarrollaron las detonaciones resultaron incompatibles con la hipótesis de un simple accidente. En 2006, la Cámara de Casación avaló la validez de esa línea pericial frente a impugnaciones de las defensas.
Es importante distinguir dos planos. La Justicia estableció que la voladura fue intencional y condenó a responsables de la maniobra; no consiguió identificar judicialmente a todas las personas que habrían ejecutado materialmente el inicio del fuego. Reconocer ese límite no debilita la certeza sobre la intencionalidad: evita presentar como resuelto lo que la investigación no pudo reconstruir por completo.
La búsqueda de justicia: 19 años hasta las primeras condenas
Después de innumerables actuaciones, el juicio oral comenzó en agosto de 2014 ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba. Llegaron al debate cuatro acusados que habían ocupado cargos relevantes en la fábrica o en la estructura de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Durante el proceso se examinaron informes técnicos, movimientos de armamento y testimonios vinculados con el funcionamiento de la planta y los estallidos.
El 23 de diciembre de 2014, el tribunal condenó a Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Jorge Franke y Edberto González de la Vega a 13 años de prisión, y a Marcelo Diego Gatto a 10 años. El delito fue estrago doloso agravado por la muerte de personas. En términos comprensibles, los jueces los consideraron penalmente responsables de una devastación provocada de forma deliberada que terminó con vidas humanas.
Las condenas fueron revisadas por instancias superiores. En 2017, la Cámara Federal de Casación Penal las confirmó y el 6 de mayo de 2021 la Corte Suprema rechazó los recursos pendientes, con lo que quedaron firmes. Para entonces, uno de los condenados, González de la Vega, había fallecido. El paso por los tribunales consolidó una conclusión histórica: la ciudad no había sufrido únicamente un accidente industrial.
Pero esas condenas tampoco equivalían a una respuesta sobre cada posible responsabilidad en la cadena política y estatal. La investigación permitió demostrar un atentado y sancionar a cuatro responsables; no logró llevar a todas las personas investigadas hasta una sentencia penal definitiva.
Qué pasó con Carlos Menem y por qué nunca fue condenado por Río Tercero
La figura de Menem atraviesa toda esta historia porque el tráfico clandestino de armas se desarrolló durante su presidencia, porque firmó los decretos que habilitaron operaciones con destinos declarados falsos y porque defendió públicamente la explicación del accidente el día de las explosiones.
En la causa específica de Río Tercero, su situación judicial atravesó resoluciones contradictorias. Un juez lo procesó, una cámara revocó esa decisión y más tarde Casación anuló el sobreseimiento. Finalmente, en mayo de 2018, la Cámara Federal de Córdoba confirmó su procesamiento por estrago doloso agravado por la muerte de personas y le atribuyó, por mayoría, el grado de autor mediato. Un procesamiento, sin embargo, no es una condena.
Menem murió el 14 de febrero de 2021 sin que la causa de las explosiones hubiera llegado a un juicio oral con sentencia respecto de su responsabilidad personal. Por eso sería incorrecto escribir que fue condenado por ordenar el atentado. También sería incorrecto afirmar que la Justicia concluyó que las explosiones fueron accidentales: las condenas firmes de los otros responsables establecieron exactamente lo contrario.
La causa por contrabando de armas fue otro expediente, con sus propios juicios, fallos y revisiones. No hay que confundir una resolución sobre la venta ilegal de armamento con una sentencia acerca de quién dispuso la voladura de la fábrica. Separar ambos procesos permite entender mejor lo que se probó y lo que quedó sin definición penal.
Los Menem en el gobierno actual: parentesco no es responsabilidad penal
El apellido Menem también está presente en el gobierno nacional de 2026. Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, preside la Cámara de Diputados; Eduardo «Lule» Menem, otro integrante de la familia, ocupa un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Ese vínculo familiar y su participación en la política actual son hechos distintos de las responsabilidades investigadas por el atentado de 1995. No se les atribuye a Martín ni a Eduardo «Lule» Menem participación o responsabilidad penal en las explosiones de Río Tercero. Su parentesco con el expresidente no permite trasladarles las imputaciones que pesaron sobre él.
El 24 de noviembre hubo nuevas explosiones
La historia tampoco terminó el 3 de noviembre. Veintiún días después, el 24 de noviembre de 1995, Río Tercero volvió a experimentar detonaciones en el predio de la fábrica. Los antecedentes históricos señalan que había proyectiles acumulados en condiciones de seguridad deficientes tras la primera catástrofe. Los nuevos estallidos renovaron el miedo y las evacuaciones.
Ambas fechas, el 3 y el 24 de noviembre, quedaron expresamente incluidas en la legislación nacional destinada a indemnizar a los damnificados. Eso no significa que cada episodio tenga exactamente la misma reconstrucción penal. La conclusión judicial de una maniobra deliberada para destruir pruebas corresponde a la voladura principal del 3 de noviembre; las nuevas detonaciones evidencian, además, la prolongación del peligro sobre la población.
Las víctimas no fueron solamente las personas que murieron
Una parte del daño puede contabilizarse: siete muertos, más de 300 heridos, viviendas destruidas, escuelas y comercios afectados. Otra parte persiste en recuerdos, duelos, temor ante ruidos fuertes y decisiones familiares tomadas bajo el miedo. La magnitud social excede los balances materiales. Las investigaciones y proyectos de memoria impulsados desde Córdoba recogen testimonios de quienes eran niños en 1995 y todavía recuerdan dónde estaban cuando sintieron la primera explosión.
Las familias de las víctimas y vecinos de Río Tercero mantuvieron el reclamo durante años. Entre sus acciones estuvieron las manifestaciones, la participación en procesos judiciales y la recuperación de testimonios, fotografías y archivos que de otro modo habrían quedado dispersos. La memoria de Romina y de las otras seis personas fallecidas convive con las secuelas de sobrevivientes que debieron reconstruir viviendas, trabajos y rutinas.
Las indemnizaciones ilustran la duración de esa deuda. En 2015, el Congreso sancionó la Ley 27.179, que estableció un régimen de reparación para personas que ya reclamaban judicialmente por los daños de las explosiones. En septiembre de 2024, el Decreto 845 dispuso que esas compensaciones se cancelaran mediante Bonos de Consolidación. La existencia de la ley y de su reglamentación no significó que todos hubieran cobrado de inmediato.
De hecho, según informó el medio local Diario Río Tercero el 6 de agosto de 2026, cerca de 400 personas habían recibido pagos entre unas 10.000 adheridas al régimen, de acuerdo con las cifras difundidas por los representantes de los damnificados. Son números correspondientes a esa fecha, no un balance definitivo del 3 de noviembre. Su valor es mostrar que, tres décadas después de la voladura, la reparación económica seguía siendo un proceso inconcluso para miles de afectados.
Qué significa recordar Río Tercero en 2026
Este martes 3 de noviembre de 2026, la ciudad conmemora 31 años del atentado con homenajes a las víctimas y actividades de memoria. Entre ellas está previsto un reconocimiento al grupo Siete Estrellas, vinculado con el recuerdo de las siete personas fallecidas. La Universidad Nacional de Río Tercero también mantiene una cátedra libre dedicada al 3 de noviembre de 1995, con trabajos de archivo, producciones artísticas y testimonios. No se trata solamente de un aniversario: hay nuevas generaciones a las que todavía hace falta contarles lo ocurrido.
Una producción reciente, el documental Bombardeados por la corrupción: por qué pasó lo que pasó, realizado por Fernando Colautti, Guillermo Vigliecca y Francisco Carranza con apoyo de la universidad, recupera el contexto del atentado mediante entrevistas y material de archivo. Su aparición confirma que la reconstrucción histórica sigue abierta a nuevas formas de transmisión, incluso cuando el núcleo de los hechos ya cuenta con decisiones judiciales firmes.
Imágenes y videos para conocer lo que vivió Río Tercero
Para dimensionar el impacto del atentado más allá de los expedientes, recomendamos recorrer «¡Oh!, mi casa», el archivo fotográfico y audiovisual de Río Tercero. El proyecto, compilado por Jimena Salomone y Virginia Vera, reúne 111 fotografías tomadas por vecinos que vivieron las explosiones y ofrece una sección de videos cedidos por sus autores. Ingresá al archivo para ver las fotos y los videos originales y conocer cómo quedó la ciudad y qué vivieron sus habitantes.
La responsabilidad de no llamar accidente a lo que fue un atentado
Hay una forma cómoda de recordar Río Tercero: decir que fue una tragedia, mencionar siete muertos y pasar a la siguiente efeméride. Pero esa síntesis oculta lo más importante. No fueron explosiones inevitables ni una fatalidad industrial sin explicación. La Justicia estableció que existió una maniobra intencional para encubrir el tráfico ilegal de armamento, realizada con intervención de responsables de estructuras estatales, y que esa maniobra mató a personas que no tenían ninguna relación con esos negocios.
También hay una forma irresponsable de contar el caso: atribuir como hecho probado a cualquier dirigente la orden material del ataque sin una sentencia que lo establezca. La gravedad de lo que sí se demostró no necesita exageraciones. Las pruebas, las condenas y los límites de la investigación alcanzan para describir una de las páginas más oscuras de la Argentina democrática.
Para una generación que no vivió noviembre de 1995, conocer Río Tercero significa entender que la corrupción puede tener consecuencias mucho más graves que el dinero perdido: puede poner en riesgo vidas, destruir hogares y dejar a una comunidad reclamando respuestas durante décadas. Treinta y un años después, la verdad judicial ya impide hablar de accidente. Lo que sigue pendiente es que esa verdad ocupe el lugar que merece en la memoria colectiva.
