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En resumen, si andás corto de tiempo
IOMA, bajo la conducción política del gobernador Axel Kicillof, está atravesada por denuncias de sobreprecios, prestaciones inexistentes, deudas millonarias con hospitales y médicos, afiliados que mueren esperando una autorización y reintegros que demoran hasta un año o más. En el interior bonaerense —y en Tres Arroyos en particular— esto se traduce en menos médicos, más cobros “por fuera”, turnos imposibles y pacientes que terminan pagando dos veces por una cobertura que debería cuidarlos, no empujarlos al límite.
IOMA: una obra social estatal con conducción política
IOMA no es una prepaga privada ni un actor neutro del sistema de salud. Es la obra social provincial que cubre a más de dos millones de bonaerenses: docentes, empleados públicos, policías, jubilados, municipales adheridos.
Aunque formalmente es un ente autárquico, su conducción es claramente política:
el presidente de IOMA y su directorio son designados por el gobernador,
el organismo funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo bonaerense,
y su rumbo se define desde la gestión provincial.
En términos simples: lo que pasa hoy en IOMA no está desconectado de las decisiones del gobierno de Axel Kicillof. Los problemas estructurales, las demoras, las deudas y las denuncias recaen sobre una conducción política concreta.
Deudas millonarias, pagos atrasados y reintegros que tardan un año
Uno de los síntomas más visibles de la crisis son las deudas y demoras en los pagos:
IOMA acumuló deudas millonarias con hospitales clave, como el Garrahan, al punto de que desde la Nación y desde el propio hospital se advirtió públicamente sobre montos en miles de millones pendientes.
En distintas regiones de la Provincia, médicos y clínicas denunciaron meses de atraso en el cobro de prestaciones: tres, cuatro, seis meses sin ver un peso.
En paralelo, afiliados del interior —por ejemplo, en Olavarría— reportan que los reintegros por consultas o estudios pagados de su bolsillo demoran entre un año y un año y medio en hacerse efectivos.
Mientras el discurso oficial insiste en que “los pagos se actualizan y se transfieren sin retrasos”, la realidad de muchos consultorios y delegaciones es otra:
profesionales que advierten que están al límite y amenazan con cortar,
clínicas que no cierran sus números,
y afiliados escuchando cada vez más seguido: “con IOMA no estamos atendiendo”.
Cuando el sistema de pagos falla de manera crónica, la cadena se rompe siempre en el mismo lugar: en el paciente.
Muertes esperando una autorización: la cara más brutal de la burocracia
Las demoras administrativas no se miden solo en números, sino en vidas concretas.
En febrero de 2025 se hizo público el caso de un afiliado de Mar del Plata que murió después de esperar 23 días a que IOMA autorizara una internación de urgencia. La propia familia relató cómo la orden quedó trabada en la burocracia del Instituto y nunca llegó a tiempo. Legisladores opositores y organizaciones de afiliados tomaron ese caso como símbolo de algo que venían denunciando hacía tiempo: autorizaciones que no salen, expedientes que duermen y pacientes que no tienen margen para esperar.
No es un caso aislado. En distintas ciudades de la Provincia, grupos de afiliados autoconvocados hicieron vigilias y actos simbólicos con velas por personas que, según ellos, no recibieron la atención que necesitaban a tiempo. Cada una de esas historias pone en evidencia lo mismo: cuando el sistema no responde, la “burocracia” deja de ser un problema administrativo y se convierte en un riesgo directo para la salud.
Sobreprecios, prótesis y prestaciones fantasma: la denuncia del auditor interno
Más allá de las demoras, hay un capítulo todavía más grave: las denuncias por corrupción y vaciamiento.
El auditor de IOMA y dirigente gremial Idelmar Seillant impulsó en 2024 una mega causa penal con más de mil denunciantes por irregularidades en la obra social. Entre los casos que expuso hay uno que sintetiza el problema:
necesitó una prótesis cerebral,
pidió presupuestos y todos iban de 800 mil a 1,2 millones de pesos,
se destrabó su caso,
y luego se enteró de que IOMA pagó esa prótesis 21 millones de pesos, siete meses después.
No es un error aislado: Seillant relata que se detectaron:
prótesis compradas para tratamientos que no las necesitaban,
pacientes fallecidos que seguían figurando recibiendo servicios,
compras masivas absurdas, como decenas de miles de parches oculares,
y un universo de operaciones que, sumadas, representarían un desfalco multimillonario en un solo año.
A eso se suma una historia más larga: investigaciones periodísticas y judiciales vienen señalando desde hace años sobreprecios de hasta 500% o 700% en prótesis e insumos, convenios con empresas vinculadas a funcionarios y un esquema donde IOMA pagaba muy por encima del valor de mercado. Esa diferencia no mejoraba la atención del afiliado: se perdía en intermediarios, retornos y contratos opacos.
El patrón es claro: mientras miles de bonaerenses tienen que pelear por un turno o un medicamento, una parte de los recursos que deberían financiar esas prestaciones se fuga en sobreprecios, compras sospechosas y circuitos que la Justicia está empezando a revisar.
Prestaciones inexistentes y afiliados que descubren tratamientos “fantasma”
Entre las irregularidades denunciadas aparecen también las prestaciones inexistentes: tratamientos, internaciones o prótesis que figuran como otorgadas en el sistema, pero que el afiliado nunca recibió.
Un caso testigo: un paciente oncológico que, al revisar su historia dentro de IOMA, encontró registrada una prótesis colocada a su nombre… que jamás le habían colocado. Si el sistema marca que un afiliado ya recibió determinada prótesis o tratamiento que en realidad nunca tuvo, después va a ser más difícil —o imposible— que acceda a lo que realmente necesita.
Este tipo de maniobras no solo implican fraude económico: distorsionan la historia clínica, condicionan futuras autorizaciones y ponen en riesgo tratamientos complejos.
FEMEBA, convenios rotos y un interior cada vez más desprotegido
En 2024 la tensión entre IOMA y la Federación Médica de la Provincia (FEMEBA) llegó a un punto crítico. El Instituto denunció cobros indebidos y falta de controles en la intermediación económica, y terminó rompiendo convenios en numerosos distritos del interior.
Durante meses, médicos y afiliados quedaron en el medio de esa pelea:
profesionales que no sabían cuánto ni cuándo iban a cobrar,
afiliados sin claro dónde podían atenderse,
autoridades cruzando acusaciones públicas.
A fines de 2024 se firmó un nuevo convenio que, según IOMA, elimina la “intermediación económica” de FEMEBA y pasa a un sistema de pago por prestación con más control. La promesa oficial es que eso permitiría reducir cobros ilegales y mejorar la transparencia.
Sin embargo, en muchas localidades del interior —incluida la zona de Tres Arroyos— los afiliados siguen reportando el mismo combo:
pocos médicos que aceptan IOMA,
plus generalizados,
y turnos que se consiguen para muy adelante, cuando la salud no espera.
Reintegros eternos y la lógica de pagar dos veces
Cuando un afiliado no consigue turno, no encuentra prestador o directamente no tiene más margen de espera, suele recurrir al circuito privado: paga la consulta, el estudio o la medicación y luego presenta un reintegro ante IOMA.
En teoría, ese mecanismo es una red de contención. En la práctica, en muchas ciudades del interior se convirtió en un callejón sin salida:
pedidos de reintegro que tardan un año o hasta un año y medio,
trámites que exigen papelerío interminable,
y montos que, cuando finalmente se pagan, ya quedaron desactualizados frente a la inflación.
El resultado es que miles de afiliados terminan pagando dos veces por un derecho que ya financian todos los meses con sus aportes: primero del bolsillo, después con el descuento.
Tres Arroyos: la crisis provincial en la vida cotidiana
Todo esto, que puede sonar lejano cuando se habla desde La Plata, en Tres Arroyos se ve todos los días.
En la ciudad, una porción grande de la población —docentes, auxiliares, empleados públicos, judiciales, policías, jubilados— depende de IOMA. Para ellos, el estado actual de la obra social se traduce en situaciones concretas:
Médicos que cobran un plus por fuera del bono, aunque esté prohibido.
Especialidades que directamente no se consiguen con IOMA en la ciudad.
Turnos postergados semanas o meses.
Estudios que obligan a viajar a Bahía Blanca u otras localidades.
Reintegros que demoran tanto que dejan de ser una solución real.
Cuando la obra social del Estado falla, la carga se desplaza al hospital público, que tiene que absorber demanda de personas que ya están pagando una cobertura. Y se desplaza también al bolsillo del afiliado, que termina pagando lo que el sistema no resuelve.
Lo que viven los afiliados: un caso concreto en Tres Arroyos
En redes sociales, una vecina de Tres Arroyos resumió el drama de cientos de familias que dependen de IOMA:
“Cero cobertura en tratamientos de mi hijo con discapacidad, un año de atraso en reintegros porque los terminamos pagando particular. ¡No tenés cara de preguntar qué pasa con IOMA!”
Un testimonio que refleja la situación más cruel: cuando el sistema falla, la carga cae sobre quienes menos margen tienen para esperar.
Un problema técnico, económico y político
La situación de IOMA combina tres capas:
Técnica: demoras, procesos ineficientes, falta de digitalización real, autorizaciones lentas.
Económica: deudas con prestadores, honorarios que muchos médicos consideran insuficientes, reintegros atrasados y deudas con hospitales clave.
Política: conducción directa del Ejecutivo provincial, denuncias de sobreprecios y desvíos, falta de transparencia en el uso de los fondos.
No se trata solo de “un problema administrativo”: es un modelo de gestión que, durante años, no corrigió desvíos ni transparentó el manejo de una caja que mueve miles de millones y de la que depende la salud de millones de bonaerenses.
Conclusión: lo que está en juego
IOMA fue creada para garantizar que quienes trabajan o trabajaron para el Estado tengan una cobertura de salud sólida. Hoy, muchos de esos afiliados sienten exactamente lo contrario: que el sistema los deja solos.
Las historias de sobreprecios, prestaciones fantasmas, deudas, muertes esperando una autorización y reintegros eternos no son anécdotas aisladas: pintan un cuadro de deterioro profundo.
En el caso de Tres Arroyos, la pregunta ya no es si el problema existe. La pregunta es cuántas personas más van a seguir pagando, con plata y con salud, las consecuencias de una conducción que no logró ordenar ni limpiar la principal obra social de la Provincia.
