En resumen, si andás corto de tiempo:
La Cámara de Apelación de Mar del Plata confirmó el fallo que obliga a la Municipalidad de Tres Arroyos a entregar la información pública pedida sobre el área de Educación y el Fondo Educativo 2024. El Municipio perdió la apelación, deberá dar la documentación dentro de los 30 días hábiles desde que la sentencia quede firme y además cargar con las costas del juicio. Solo consiguió una reducción parcial de honorarios. En lo central, perdió.
Noticia completa:
Después de más de un año de evasivas, dilaciones y silencio administrativo, la Justicia volvió a ponerle un límite a la Municipalidad de Tres Arroyos.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia que había hecho lugar al amparo presentado para acceder a información pública vinculada al área municipal de Educación. En concreto, el Municipio deberá entregar, dentro de los 30 días hábiles desde que la sentencia quede firme, la documentación solicitada en el pedido del 29 de mayo de 2025 sobre el Fondo Educativo 2024, infraestructura escolar, obras, comedores y otros puntos vinculados a la gestión educativa.
La resolución también ratifica que las costas del proceso quedan a cargo de la Municipalidad. Es decir: además de perder el reclamo de fondo, el gobierno local deberá asumir el costo judicial de haber apelado sin éxito.
El conflicto no nació ahora. El 18 de febrero de 2025, desde El Tres Arroyense se presentaron seis pedidos formales de acceso a la información pública para conocer en detalle cómo se usan fondos públicos y cómo se gestionan áreas sensibles del Estado local, entre ellas Educación, agua, Cultura, Juventud, Género y Fiesta del Trigo. En el caso del Fondo Educativo, lo que se pidió fue documentación concreta: relevamientos realizados en 2024 sobre el estado de las escuelas, necesidades detectadas, obras ejecutadas, grado de avance, plazos, datos sobre comedores escolares y un enlace para ver la ejecución del fondo.
Las respuestas oficiales nunca despejaron esas dudas. Hubo remisiones generales a publicaciones oficiales, argumentos sobre la supuesta falta de “interés legítimo” y planteos según los cuales brindar esa información implicaba demasiado trabajo. Más tarde, con patrocinio legal, se hizo un nuevo reclamo. Tampoco hubo una respuesta satisfactoria. Ante ese escenario, el caso terminó en la Justicia.
Lo que ahora dijo la Cámara es importante por dos motivos. Primero, porque dejó en claro que publicar datos sueltos en una web o en un boletín no reemplaza la obligación de responder un pedido concreto de acceso a la información pública. Segundo, porque rechazó la idea de que el volumen del pedido justifique no contestar. La sentencia remarca que la información pública debe ser completa, adecuada, veraz y entregada en tiempo oportuno.
También cayó otro de los argumentos municipales: que este tipo de reclamo no debía tramitarse por amparo. La Cámara sostuvo lo contrario y ratificó que esa es justamente la vía prevista para cuando se niega, en todo o en parte, el acceso a documentación administrativa.
En otras palabras: la Justicia no dijo todavía en qué se gastó el Fondo Educativo. Lo que dijo es que la Municipalidad no puede seguir esquivando la obligación de mostrar los papeles.
El fallo de Cámara solo modificó un aspecto accesorio: redujo de 20 a 16 JUS los honorarios regulados a la abogada Verónica García Christensen y dejó sin efecto la regulación de honorarios del abogado municipal en primera instancia. Pero en el punto central, la sentencia fue contundente: el Municipio perdió.
La novedad política y periodística no es menor. Durante meses, el oficialismo sostuvo distintas excusas para no entregar información que debería estar disponible sin vueltas cuando se trata de fondos públicos, infraestructura escolar y derechos básicos. Ahora, con sentencia confirmada, ya no se trata de una discusión discursiva ni de una queja periodística: hay una obligación judicial concreta.
Lo que viene ahora es la etapa decisiva. Si el Municipio cumple, la comunidad podrá por fin ver con documentación qué se hizo, qué no se hizo y cómo se usaron los recursos del Fondo Educativo 2024. Si no cumple, el incumplimiento ya no será solo político: será judicial.
