El oficialismo nacional dio marcha atrás con la eliminación de la Ley de Tierras y acordó impulsar el restablecimiento de los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La propuesta recibió este miércoles 14 de octubre un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, pero todavía no fue aprobada como ley.
La Libertad Avanza incorporó el cambio al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con respaldo de sectores de la UCR y el PRO. Según informó oficialmente Diputados, el dictamen reunió 34 firmas entre los 66 legisladores presentes en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El nuevo artículo 38 propone dejar sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, con el que Javier Milei había derogado la Ley 26.737 en diciembre de 2023. El artículo 39 establece la restitución de la plena vigencia de esa norma, sancionada en 2011.
Qué límites establece la Ley de Tierras
La Ley 26.737 fija un máximo del 15% de tierras rurales bajo titularidad o posesión extranjera, tanto en el conjunto del país como en cada provincia y municipio. Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo permitido a extranjeros.
También establece un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola, o su equivalente según la ubicación, y restricciones sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de envergadura y terrenos en zonas de seguridad de frontera.
El dato de Tres Arroyos: 3,33% de tierras rurales extranjerizadas
El alcance de la regulación también comprende al partido de Tres Arroyos. Según el último relevamiento oficial disponible del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizado en agosto de 2025, el distrito registraba 18.842,17 hectáreas rurales bajo titularidad o posesión extranjera, sobre una superficie rural total de 565.431,72 hectáreas. Es el 3,33%, por debajo del límite general del 15% previsto por la ley.
Una medida judicial provisoria y dos debates en Diputados
El 9 de octubre, la Corte Suprema ya había suspendido de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, lo que permitió que los límites de la Ley de Tierras volvieran a aplicarse provisionalmente. Esa cautelar fue dictada en una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y se mantiene hasta que la Justicia federal de Bariloche resuelva los planteos pendientes. La Corte no decidió definitivamente sobre la constitucionalidad del decreto.
El acuerdo legislativo llegó en la víspera de una sesión especial solicitada por sectores de la oposición para tratar el rechazo del DNU 70/2023 completo. La convocatoria está prevista para este jueves 15 a las 14, aunque los bloques impulsores no tienen asegurados los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum. El oficialismo, por su parte, busca conservar el resto de las disposiciones del decreto.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene media sanción del Senado y está previsto que llegue al recinto de Diputados el 21 de octubre. Si la Cámara baja lo aprueba con los cambios incorporados, deberá volver al Senado. Hasta entonces, el acuerdo político y el dictamen no equivalen a una nueva ley sancionada.
